«La tortura nunca es el camino». La frase pronunciada por el titular de la Procuración contra la Violencia Institucional Abel Córdoba, denota que en Santa Fe hay quienes pretenden retrotraer el debate a la Asamblea de 1813. El Procurador se refiere a las brutales torturas sufridas por los detenidos Angel Ramírez (foto inferior) y Gustavo Cernadas en el marco de una causa por drogas, que terminaron internados con huesos rotos y secuelas de la tortura, lo que derivó en la detención de cuatro policías, (la cupula antinarcóticos) y varias protestas frente a la fiscalía federal de Roberto Salum. «Nuestra intervención tiene el objetivo de desestructurar una relación entre el poder judicial y la policía. Por eso nos parece muy positiva la actitud y la decisión del fiscal Salum y del juez Alurralde», remarcó Córdoba, para quien la disputa es clara: «lo que se discute es si la justicia avala o no las torturas».

Córdoba es un abogado de 34 años que en 2009 reemplazó a Hugo Cañón al frente de las causas de lesa humanidad en Bahía Blanca, donde obtuvo una condena ejemplar a 17 represores.Ni bien asumió hablo sobre «la indiferencia del Poder Judicial frente a las personas encarceladas, la relación de la violencia intramuros con la inseguridad y la necesidad de discutir el concepto de tortura, de valorar la palabra de las víctimas y de reorientar la política criminal». Este es el primer caso en que interviene la flamante Produraduría en Santa Fe. Asi explica que «hemos asistido al fiscal Salum en una causa que compromete a varios policías provinciales y a un médico, por torturas.

-La detención de cuatro policías acusados de torturas provocó la protesta de familiares y del gremio policial que se manifestó frente a la fiscalía de Salum- le preguntó Rosario/12 a Córdoba.

-La causa avanzó en la medida y de acuerdo a las pruebas que existen, por lo cual fue el juez Aldo Alurralde el que decidió detener a cuatro policías santafesinos y de allí hemos dado el apoyo absoluto al fiscal, y hemos firmado resoluciones conjuntas, solicitando el impulso de la causa. De igual modo pusimos esto en conocimiento de las autoridades políticas porque existe también una faz administrativa para que tomen las resoluciones del caso.

-¿Por qué intervino la Procuraduría a su cargo?

-Este caso se nos presento particularmente grave porque implicaba la vulneración de derechos elementales y la conformación de prácticas inaceptables en los términos legales, porque con motivo de llevar adelante una política de narcocriminalidad se vulneran derechos humanos y se procede a torturar a personas y detenerlos de manera ilegal, y lesionarles sus derechos. A partir de esto decidimos intervenir porque es un hecho de una gravedad inusitada: policías que alegando combatir el narcotráfico cometen estos hechos que afectaron la integridad física de las personas. Remarco que estos detenidos fueron torturados por policías sobre los que reclamamos que debían dejar de estar en funciones, por lo cual no debería llamar a la atención que se vaya contra ellos, porque aclaro que sus conductas son claramente ilícitas y conforman uno de los delitos más graves que se pueden cometer.

-La queja policial es que de este modo se ata las manos a los policías que luchan contra el narcotráfico…

-Esa es una postura que pone en contraposición la vigencia de los derechos con la seguridad ciudadana. Nosotros estamos convencidos que no hay tal contradicción y que la investigación y el juzgamiento de quienes están implicados en delitos relacionados con drogas, puedan ser investigados y juzgados sin que se les violen los derechos. La tortura no es el método que puede usar ningún tipo de policía ni ninguna fuerza de seguridad para alegar que está combatiendo la criminalidad relacionada con el narcotráfico. Esa es una actuación ilegal y delictiva, porque no se pueden cometer ningún tipo de delitos por medio de la fuerza pública con el pretexto de estar llevando adelante una política de control de adicciones. No hay contraposición entre la integridad de las personas y el avance de las investigaciones por narcotráfico. Nada justifica haberle quebrado a golpes la mandíbula a un detenido. La tortura no es camino no solo para luchar contra el delito de narcotráfico, sino contra ningún otro delito.

-¿Tiene una valoración sobre el funcionamiento de la policía santafesina?

-Mire, en este caso puntual, yo mismo he entrevistado a las víctimas en el penal de Resistencia, Chaco, por la jurisdicción federal y el simple contacto visual con ellas denota la barbarie con la que actuó la policía de Santa Fe y habla de un accionar absolutamente ilegal que debe ser investigado y juzgado. Ahora bien, somos concientes que nuestro planteo, viene a desestructurar una relación del sistema judicial con las fuerzas de seguridad, porque cada vez que se pide auxilio a una fuerza de seguridad esto no puede ser de ningún modo habilitante para que se violen los derechos humanos.

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