Al analizar los primeros cien días del nuevo sistema penal, el fiscal general de la provincia, Julio De Olazabal, dijo que el 50 por ciento de los legajos iniciados en la provincia por delitos penales cometidos y denunciados están radicados en Rosario. En los Tribunales locales se realizó el 49 por ciento de las audiencias orales ante jueces; mientras que el 31 por ciento se hizo en Santa Fe; el 9 por ciento, en Venado Tuerto, y el resto en Rafaela y Reconquista. De Olazabal aportó otro dato interesante: la cantidad de causas ingresadas creció un 53 por ciento en los primeros 50 días. «Estamos satisfechos en base a los recursos disponibles», aseguró. Sobre los homicidios, coincidió con los datos que se venían aportando, acerca de que más del 30 por ciento está relacionado con la narcocriminalidad. Se esperanzó con que se completen los cargos, porque los fiscales ya son «insuficientes»; que se constituya un Consejo de Asesores y la Policía Judicial.
De Olazabal presentó los logros y déficits de la reforma penal, en conferencia de prensa, junto al fiscal Regional, Jorge Baclini. «Aunque el plazo de cien días es exiguo para hacer una comparación sobre los resultados, debemos hacerlo, porque uno de los principios es actuar en forma transparente. Lo hacemos en Rosario por la enorme importancia que tiene esta regional para la Fiscalía General, ya que comprobamos que es donde se está produciendo aproximadamente el 50 por ciento del trabajo de toda la provincia», aseguró.
El funcionario habló de una «enorme satisfacción por el resultado alcanzado». «No implica que se están logrando todos los objetivos, sino que con los recursos disponibles, se están logrando resultados casi a nivel de excelencia», dijo. Además, destacó el «enorme esfuerzo de los fiscales». «La población se está dando cuenta de ello a través de las audiencias, porque ya están viendo qué es lo que ocurre. Se da esto de que `el pueblo quiere saber de qué se trata’, porque ése era un déficit que tenía la justicia, con un sistema adverso», enfatizó.
El fiscal general recordó que «se arrancó a trabajar con carga cero, y con la mitad de los recursos humanos; pero ya pasaron cien días, la carga no es cero, y los fiscales resultan insuficientes». Resta cubrir un 54 por ciento de los cargos previstos. «Es una buena noticia que los concursos se están realizando», aclaró pero pidió celeridad. Sobre los funcionarios para la Fiscalía, «la Corte tiene demorados unos 30 nombramientos», y resta cubrir un 70 por ciento de los 59 previstos. También falta un 80 por ciento de los empleados estimados (293). En este ítem, se intenta paliar la falencia con un 58 por ciento de pasantes. La mitad de los empleados están en la Regional Rosario.
De Olazabal destacó las metas para los próximos cien días. «Aunque no tenemos un sistema informático finalizado, podemos hablar de legajos cargados: hasta el 13 de mayo, se cargaron más de 26 mil causas en la provincia, de las cuales 10 mil corresponden a los primeros 50 días; y casi 16 mil a la segunda mitad de estos cien días. «Tenemos un crecimiento del 53 por ciento», señaló. Y destacó que una audiencia de prisión preventiva se realiza en un plazo de 48 horas. «Se hicieron 1600 en la provincia. Es un éxito de los fiscales que todas se hacen en término. Se puede comparar con el anterior sistema», donde los plazos eran más extensos.
Consideró que se logró «mayor transparencia por publicidad de las audiencias». «Nos interesa -dijo- que la sociedad nos controle, para romper la desconfianza que impera en Argentina sobre el accionar de la Justicia». Además, dijo que se llegó a «mayor agilidad en la resolución de la situación de los imputados». Y aclaró: «No es lo mismo un antecedente penal condenatorio que una causa que se haya formado por sospecha. Lo lamentable del viejo sistema es que personas que tienen muchas causas abiertas, no llegan a condena, y es una herencia maldita que recibimos con respecto a los antecedentes que no llegan a ser tales».
Destacó «la orientación y atención preferencial a las víctimas», recordó la «necesidad» de la ley de protección al testigo y la víctima. y reclamó por la constitución de los Consejos Asesores que «están faltando» y estarán conformados por representantes de la fiscalía, fuerzas políticas y asociaciones civiles.
Apuntó a la creación del Organismo de Investigación: «Es extremadamente importante. La necesidad de contar con un cuerpo de investigadores que dependa de la Fiscalía hace a la efectividad. Soy conciente de debate en la Legislatura, pero espero que en el plazo más rápido posible podamos contar con ese nuevo cuerpo».
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