Desde Santa Fe
La Legislatura declaró a Santa Fe en emergencia en seguridad por un período de 18 meses, en la primera respuesta institucional ante el crisis que detonó el ex jefe de Policía de la provincia, Hugo Tognoli, preso en una causa que investiga las redes del narcotráfico. La ley ya tenía media sanción del Senado, así que ayer la Cámara de Diputados completó el trámite: aprobó la norma por 30 a 12. Y dejó al gobernador Antonio Bonfatti en la disyuntiva de apelar al veto, como dejaron trascender anoche mismo sus operadores políticos. Una de las cláusulas obliga a Bonfatti a depurar a la Policía de los jefes y oficiales investigados o bajo sumario, con lo cual debería desplazar a los sucesores de Tognoli, entre ellos el actual jefe de Policía de la provincia, Cristian Sola y el subjefe, José Luis Romitti, a quienes la Dirección de Asuntos Internos les abrió un expediente para investigar su patrimonio. La Cámara aprobó también una preferencia de una semana para votar el jueves que viene la interpelación del ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, que ya no será a puertas cerradas sino en el recinto. Pero fracasó en el intento de sacar sobre tablas -como era la intención del PJ un declaración de apoyo al juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros y a la fiscal Liliana Bettioli, que investigan a Tognoli, porque el bloque justicialista quedó raleado y sus colegas del Frente Progresista se negaron acompañar el proyecto.
La decisión del PJ de impulsar las tres iniciativas la emergencia en seguridad, la interpelación a Lamberto y el apoyo a la pesquisa judicial que compromete a Tognoli maduró en un acuerdo entre los dos sectores de la mayoría: el Frente para la Victoria que responde al presidente de la Cámara, Luis Rubeo y el interbloque que lidera la diputada María Eugenia Bielsa. La ley de emergencia salió. El proyecto para interpelar a Lamberto se tratará el jueves venidero y seguramente lo mismo ocurrirá con el apoyo al juez y a la fiscal que investigan al ex jefe de Policía de Santa Fe.
La reacción política del PJ se aceleró ante la negativa del ex viceministro de Seguridad, Marcos Escajadillo, de comparecer en la Legislatura -al sumar dos faltazos en una semana y el planteo de Lamberto sobre la «necesidad de recuperar el control» de la Policía, lo que se interpretó como una prueba del «autogobierno» de la fuerza.
La diputada Silvia De Césaris fundamentó la emergencia en seguridad, como un conjunto de normas («un plan de seguridad a mediano y largo plazo», lo definió) para «atravesar la delicada y grave situación que vive la provincia, donde hay un ex jefe de Policía preso, otros jefes investigados por enriquecimiento ilícito, se habla de cajas negras y hasta el propio ministro Lamberto admite el desgobierno de la fuerza policial». «Pretendemos sumar esfuerzos para que el ciudadano común deje de vivir tras las rejas», agregó la legisladora y presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales.
Su colega del PJ, Mario Lacava, dijo no tener ninguna duda sobre «la emergencia» que vive Santa Fe. «Aumentó el delito, el robo, el tráfico de drogas. En Rosario, hay bandas de narcos que se matan a la luz del día por el control del territorio para vender drogas ilegales. Entonces, lo primero que el gobierno tiene que reconocer es que estamos en emergencia, que las cosas no están bien. La respuesta está en la calle». Lacava recordó algunas declaraciones de funcionarios de Bonfatti que reconocieron la existencia de «sectores policiales ligados al narcotráfico», que había «policías investigados por su conexión con narcos» y el aumento de los «kioscos de drogas» en Rosario.
«El ministro de Gobierno, Rubén Galassi, llegó a decir que la lucha contra el narcotráfico era prioridad uno de la provincia. Y lo dijo al lado de Tognoli, que antes había sido el jefe de Drogas Peligrosas. Y como si todo fuera poco, la semana pasada, el propio ministro de Seguridad admitió que el gobierno perdió el control de la Policía», tiró Lacava. «Sobran razones para declarar la emergencia. El gobierno se equivoca si piensan que desde el PJ estamos en una escalada. Por el contrario, le estamos dando recursos legales y financieros para afrontar la crisis y la lucha contra la delincuencia», agregó.
El socialista Joaquín Blanco interpretó la ley de emergencia como un ataque al gobierno de Bonfatti y «al socialismo que ha sido injustamente atacado y difamado desde el gobierno nacional. Falsas, maliciosas y malintencionadas aseveraciones de presuntos vínculos y complicidad con el narcotráfico. De eso se acusa al Partido Socialista. Por eso, creemos que se está avanzando contra el gobierno provincial y el proyecto político nacional que lidera Hermes Binner», afirmó.
En la misma línea, la diputada Alicia Gutiérrez arrojó responsabilidades hacia la Casa Rosada y al pasado. «La policía estuvo 24 años bajo el signo del PJ. Y un jefe policial no se forma en cinco años, requiere mucho más tiempo», dijo, en obvia referencia a que Tognoli tenía 25 años de carrera policial antes de que Binner lo ascendiera a jefe de Drogas Peligrosas, en 2007, y Bonfatti lo nombrara jefe de Policía de la provincia, en diciembre de 2011.
«El gobierno tiene que reconocer que la Policía se le fue de las manos. Ese es el primer acto de humildad republicana para encausar un problema que no está en cauce. El problema es grave», le retrucó el jefe del bloque kirchnerista, Darío Mascioli. Otro justicialista, Jorge Abello, apuntó: «El diputado Blanco dice que está dolido por las injurias y los agravios al socialismo. ¿Y la sociedad de Santa Fe no está dolida por el desgobierno de la Policía?», se preguntó. Blanco ya se había levantado de su banca.
fuente http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-36265-2012-11-02.html
