La provincia fue condenada a indemnizar con más de tres millones de pesos a un ex convicto de la Unidad Penitenciaria Nº 3, que en 2007 fue apuñalado en el corazón, dentro del pabellón, y sobrevivió. El hombre de 36 años, que cumplía una condena por robo, tiene serias secuelas e incapacidad total por el ataque de otro interno del penal. La abultada suma tiene que ver con que el muchacho necesita atención y cuidados especiales de un profesional que requiere salario mínimo, vital y móvil, además de los aguinaldos, durante la vida del paciente, que se estima en más de cuarenta años. Para el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 6, al estado provincial «le incumbe velar por la integridad personal. Los medios que se dispusieron no fueron suficientes para evitar el daño ocurrido».

Media hora después de haber sido trasladado a un pabellón con 50 internos el 24 de mayo de 2007 –después de haber permanecido en la celda cristiana–, David G. fue atacado a puntazos por otro preso, mientras estaba sentado mirando la televisión. Las puñaladas atravesaron varios áreas de su cuerpo, pero las heridas más graves afectaron el corazón y el hígado de la víctima, que le provocaron un paro cardíaco.

El juez Horacio Allende Rubino señaló que aunque en el hospital lograron reanimar a la víctima, las graves secuelas tienen que ver con «la falta de oxígeno que tuvo mientras permaneció con el corazón detenido hasta que lo revivieron».

Si bien la rápida atención en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (HECA) le salvó al vida, el muchacho sufre una incapacidad prácticamente total que lo imposibilita «no solo para el trabajo, su potencialidad como ser humano, y afecciones de las dimensiones sociales y culturales, sino todo su proyecto de vida», expresa el fallo.

Hoy, el hombre que es cuidado por su madre, «no puede valerse por sí mismo y necesita de alguien que lo atienda» de por vida. Ante ello, los jueces Allende Rubino, Mónica Klebcar y Néstor García, la provincia es responsable por cuanto la víctima «permanecía bajo su custodia»; y en ese sentido cuestionaron que «otro interno tenía un cuchillo o chuza», situación que también debió ser controlada.

Además, «debe asumir la obligación de asegurar la integridad psicofísica de quien está privado de la libertad, y proteger su salud y su vida. Si no se puede garantizar la vida de los presos de nada sirven las políticas preventivas del delito, ni menos aún las que persiguen la reincersión social de los detenidos». La suma a pagar asciende a 3.125.280 pesos.

fuente http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-36546-2012-11-22.html