Esta semana la Legislatura provincial produjo tanto material para la polémica como hacía tiempo no sucedía. Los senadores lograron imponer la Emergencia en Seguridad, una calificación que poco cambia pero que políticamente pretende imponerle al gobierno de Antonio Bonfatti el mote de ineficiente en la materia. Disfrazado de «herramienta» para que el Estado pueda contar con decisiones y financiamiento especial para un tema tan sensible en la sociedad; el mecanismo en rigor no busca más que solapar una crítica al Ejecutivo socialista y hacer ver que desde las bancas del Senado también se puede «trabajar» para mejorar en una problemática que es profundamente estructural y sobre la que las recetas mágicas fracasan a poco de andar.
Por si fuera poco, se le sumó la idea de que los jueces provinciales tengan una mayor ingerencia en el combate contra el narcotráfico, hoy exclusiva competencia del fuero federal. La pregunta inmediata que surge es con qué policía -con qué parte concretamente- contarían los magistrados para poder trabajar en la persecusión y encarcelamiento de los narcotraficantes. ¿Con la misma policía que denunció un fiscal de Venado Tuerto?, ¿con los agentes denunciados por procedimientos viciados que truncan cualquier proceso probatorio?. Es claro que no toda la fuerza está sospechada, pero es seguro que no sobra personal para poder instruir causas tan delicadas.
También hay otro proyecto, el de la diputada oficialista Verónica Benas, para crear una línea telefónica gratuita mediante un 0-800 que permita a los vecinos denunciar la existencia de bunkers donde se vendan drogas. La idea es proceder de la manera que ya se hizo en Rosario, demoliendo estas construcciones una vez decomisada la carga de estupefacientes. Lo cual no está mal, siempre y cuando se tenga en claro que el golpe de efecto poderoso que tiene la imagen de una demolición, no constituye en sí misma un verdadera política pública en el marco de la lucha contra el narcotráfico.
Pero en rigor ese es el problema. Las autoridades, sean ejecutivas o legislativas muchas veces se ven obligadas a mostrar «algo» en materia de seguridad o de combate contra la droga. Entonces aparecen los buzones de la vida para hacer denuncias anónimas, las demoliciones de quioscos donde se vendía droga, la idea de declarar la emergencia en seguridad; todas medidas que seguramente no hacen ningún daño pero tampoco aportan grandes soluciones a un tema complejo. Y ahí radicaría el principal punto de sinceridad y razonabilidad de parte de la clase política frente al flagelo: Concientizar sobre la envergadura, la dimensión, la complejidad de esta situación estructural para la provincia y el país. Pero muchas veces resulta tentador exhibir ideas como grandes propuestas y otras tantas la oposición se ve también tentada de infligirle algún daño al oficialismo.
A nivel local ya el concejal Diego Giuliano había intentado declarar a Rosario en Emergencia en Seguridad. Casi con calcados argumentos de lo que votó el Senado esta semana. No le dieron los votos y la acusación fue que el Ejecutivo «negaba» la realidad. Por estas horas se reanudó la polémica también en Rosario cuando la intendenta Mónica Fein reflotó el tema de la policía local. Dijo que era necesario que la Legislatura tratara la autonomía a los municipios para avanzar en temas como la creación de una policía metropolitana. Rápido de reflejos, el concejal justicialista Roberto Sukerman la cruzó diciendo que no hacía falta tal cosa si realmemte se quería avanzar en una fuerza local y que el municipio debía «dejar de poner excusas» y «tomar el control de la seguridad».
El reclamo de la sociedad es creciente y constante -además de legítimo-, pero lo más sano para todos sería comprender que la dificultad de la problemática amerita soluciones complejas. No como excusa para paralizar la acción sino como marco para generar un consenso político amplio en torno de las decisiones en la materia, alejando lo más posible las reyertas políticas que deberían estar fuera de toda agenda pública, pero principalmente de ésta.
La sábana corta.
Con las habilitaciones que dieron el ex gobernador Hermes Binner y el senador provincial Miguel Lifschitz, más la ambigüedad que mostró en el tema el gobernador Antonio Bonfatti; está claro que el proyecto impulsado por el diputado radical Santiago Mascheroni para modificar el sistema electoral en Santa Fe; se abrirá paso en el debate público. Lo que apareció la semana pasada como poco menos que una aberración política, ha comenzado -como era de esperar- a crecer en argumentación y respaldo. Ahora resulta para Lifschitz que achicar de cinco a tres cuerpos la Boleta Unica «no atenta contra el espíritu del sistema» y sigue otorgándole poder al votante. Por más que se quiera ocultar el recorte está al pegar los cargos legislativos a los ejecutivos tanto a nivel provincial como local, limitando de esta forma el voto cruzado.
Lo que hasta ahora era destacado como «un formidable avance» de la democracia en Santa Fe, poniendo a esta provincia como ejemplo y pionera a nivel nacional; duró muy poco. Ahora quiere ser cambiado porque eso que fue «maravilloso» puede ser perfectible y -como dijo Binner- «ninguna ley es eterna». Se ve que como en el amor, la pasión no dura eternamente.
En el tema el peronismo analiza si puede consensuar un documento partidario que lo ponga en las antípodas del gobierno, dejando políticamente aislado al Frente Progresista Cívico y Social, que pasaría a pagar todas las facturas por el tema. Si es que habrá facturas que pagar y en todo caso, habría que averiguar de qué monto. Los reformistas cuentan con que la opinión pública está concentrada en otros temas y que nadie está dispuesto ahora a discutir sobre ingeniería electoral. Eso si, cuando llegue el momento de ir a las urnas se darán cuenta de que la cuestión ya está cocinada y envasada. Será muy tarde para lágrimas.
Sobre el punto, el presidente de la Cámara de Diputados Luis Daniel Rubeo puso el eje del debate donde debería estar: «Si tanto les preocupa que el gobernador ganador no se lleve la mayoría de los legisladores por el sistema electoral, modifiquen la Constitución de Santa Fe», a la que de paso habría muchos otros retoques para hacerle. Rubeo fue sincero al recordar -como se hizo la semana pasada en esta misma columna- que el peronismo cuestionó incluso en la justicia la puesta en marcha de la Boleta Unica; pero al ver cómo funcionó en la práctica ahora no estarían dispuestos a una nueva modificación cuando la ley tiene apenas dos años. Suena por lo menos lógico.
fuente http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/22-35392-2012-09-03.html
