Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe
«El debate por la democratización no es un debate en contra de nadie, es a favor de la construcción de instrumentos y mecanismos que permitan mejorar la legitimidad de origen y también de ejercicio de un poder que tiene por función nada menos que la protección de los derechos individuales y colectivos, especialmente de los más débiles, y la función de control y límite a los otros poderes del estado y a los poderes fácticos».
¿Se debe reconciliar el sistema judicial con los ciudadanos?
En verdad no sé muy bien si alguna vez hubo conciliación. Nosotros hemos heredado un modelo o sistema de poder judicial estructurado a través de una burocracia jerárquica. Nos quedamos con Felipe II. Y todavía persiste una matriz burocrática, si se quiere conservadora y relativamente cerrada. Este es un dato estructural que no va en desmedro del esfuerzo y la actitud de muchos jueces y funcionarios que hacen honor a su responsabilidad. Pero globalmente es necesario asumir la necesidad de superar la desconexión entre una organización y sus prácticas jurídicas y las reales demandas sociales. Es cierto que hay realidades diversas pero hay un núcleo de problemas comunes que atraviesan cualquier jurisdicción y que tiene que ver precisamente con esta matriz estructural que se proyecta en ciertas prácticas y comportamientos, en problemas de apertura, accesibilidad, independencia y transparencia de los actos de poder que el judicial produce. Porque vale una aclaración, los actos del poder judicial son actos políticos, no en el sentido de política partidaria pero si en cuanto actos de un poder que integra junto al ejecutivo y el legislativo el gobierno de la polis.
¿De qué manera se puede democratizar la justicia?
Democratizar la justicia es una expresión amplia y el poder judicial debe darle contenido. No tiene nada que ver con la elección popular de los jueces o funcionarios judiciales, lo cuál sería catastrófico porque daría lugar a demagogia y corrupción y además sería necesaria una reforma constitucional. Un poder judicial no es democrático sólo porque surja de elección popular sino porque es indispensable para que la democracia funcione. En oportunidad de jurar en la Corte, en noviembre de 2007 expresé que era necesario democratizar la justicia y señalé concretamente que ello significaba rediscutir el alcance de la garantía de independencia en el sentido más amplio; horizontalizar a los jueces porque ese es el modelo que impone la Constitución; favorecer el acceso amplio a la justicia, especialmente de los más vulnerables, porque para tener justicia primero hay que acceder a ella; garantizar el más alto grado de vigencia y respeto a los derechos humanos; asegurar el derecho de las víctimas y los justiciables, lo cual no es posible cuando la justicia nunca llega o llega demasiado tarde o cuando como ocurre en el proceso civil o administrativo la justicia comienza a identificarse con un «abuso cautelar» del proceso, postergando indefinidamente la solución de fondo; erradicar la selectividad estructural del sistema de justicia penal y evitar o reducir la impunidad; transparentar los compromisos y el funcionamiento del poder judicial (lo que entre cosas supone desterrar en todos los fueros y competencias la cultura del trámite y la escritura e implantar un sistema de audiencias públicas y orales) y pensar en mecanismos de control ciudadano porque no basta con garantizar mecanismos transparentes de ingreso, la actividad judicial debe también validarse en su ejercicio; un claro compromiso con la capacitación y entrenamiento continuo. Algunas de estas cuestiones deben articularse con los otros poderes del estado y otras no. En Santa Fe tenemos un sistema de ingreso por concurso en todos los niveles y un trabajo articulado entre el Centro de Capacitación judicial y las Universidades en materia de capacitación pero debemos profundizar y acelerar otros cambios. Es necesario cambiar un modelo de organización y de gestión en todos los fueros, desterrar la cultura del trámite, cambiar los modos de actuación. Pero cuidado porque las transformaciones estratégicas dependen siempre de un cambio de mentalidad y esto implica romper con culturas consolidadas a lo largo de muchos años que son la derivación de esa matriz burocrática y conservadora a la he referido. Debemos mirarnos críticamente hacia adentro para revisar esas prácticas y culturas, no perder jamás la sensibilidad frente a los conflictos y las violaciones de derechos, ni el contacto con la gente, debemos asumir con humildad y responsabilidad nuestra función y evitar perder el sentido común. Debemos desterrar una cultura que muchas veces supone aceptar como algo «natural» situaciones que cualquier persona con un mínimo de racionalidad juzgaría como inaceptables.
¿Qué aporta el sistema acusatorio?
Si hay un modo de aportar a la democratización en el sistema penal es precisamente a través de un sistema acusatorio con separación clara de las funciones de acusar y juzgar y que se realice mediante un sistema de audiencias públicas y orales. Porque de dar misa en latín y de espaldas a la gente debemos pasar a una liturgia en castellano y de cara a la sociedad, donde todos van a poder ver cómo trabajan los jueces, fiscales y defensores. Porque los jueces perderán el dominio que hoy tienen sobre el espacio físico de los tribunales, sobre su propia cohorte («mis empleados») y pasarán a estar organizados horizontalmente en un colegio de jueces. Habrá una oficina de gestión judicial, donde habrá empleados y allí se armará la agenda de audiencias en base a un nuevo modelo de organización y gestión que nada tiene que ver con los actualmente vigentes. Esto supone una nueva metodología de la oralidad que nada tiene que ver con lo que conocemos hasta ahora en algunos juzgados civiles. Llamarán al juez y le dirán tiene una audiencia tal día a tal y el juez no estará contaminado con ningún elemento de la causa porque sólo resolverá en base a los argumentos y pruebas que le lleven las partes en ese momento. Obviamente no habrá espacio alguno para la delegación de funciones. Es tan significativa esta reforma que entre otras cosas permitirá desterrar uno de los peores vicios del sistema: la delegación de funciones y con ello se estará reforzando la independencia judicial que no sólo debe asegurarse externamente frente a los otros poderes del estado, los poderes fácticos, los medios de comunicación y los lobbys y presiones de algunos estudios jurídicos sino también internamente hacia adentro de la propia estructura burocrática del poder judicial y a través de la delegación de funciones y las prácticas rutinarias. Pero este modelo hay que extenderlo a todos los fueros, al civil, laboral y administrativo porque es necesario poner a la vista la actividad de todos los jueces y funcionarios. Del mismo modo, con el sistema acusatorio en materia penal, la posibilidad de asumir la investigación frente al delito con más fiscales y con otro modo de actuación permitirá también ganar en independencia porque el actual sistema es estructuralmente nefasto en tanto mayoritariamente fiscales y jueces trabajan con los datos que le procesa la policía y obviamente son «dependientes» de esa actividad.
Juan Lewis, ministro de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe
«Es necesario un cambio en el funcionamiento de la administración de la Justicia. Entiendo que los argentinos nos debíamos este debate. El Judicial es el poder que menos revisiones tuvo desde la salida de la dictadura. Discrepo con una cuestión de oportunidad, porque no puede ser que nos pongamos a debatir estas cosas porque uno o dos fallos no nos gustan. No obstante eso, el debate es importante. Pero creo que si queremos que sea transformador, no puede quedar circunscripto a los funcionarios judiciales, sino que intervenga todo el pueblo opinando qué tipo de justicia quieren».
¿Cuál es el paso fundamental que debe darse?
Son varios pasos, porque estamos muy atrasados. En Santa Fe ya dimos varios pasos en ese sentido, que van en la línea de la desburocratización del servicio de administración de justicia y una mayor participación popular o al menos de recortar ciertas cuotas de poder muy focalizadas, propias de un mecanismo verticalista. Como ejemplos puedo nombrar la Mediación Prejudicial Obligatoria que impulsamos como un mecanismo novedoso desde el Ejecutivo. Se demostró en apenas un año que es exitoso como mecanismo y lo queremos extender territorialmente. La reforma procesal penal en la que el Ejecutivo demostró ser uno de los actores más entusiastas. Una reforma en la manera en la que se administra justicia es una forma de repartir poder. Hay mecanismos interesantes en este sentido, la reforma es ambiciosa, no pasa solo por el cambio del código. Implicó ingresar más gente a la Justicia para dar mejor acceso; la creación de dos nuevas instituciones como el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa; transformaciones sobre cómo se organizan los jueces, como la creación de colegios de jueces, donde eligen sus autoridades rompiendo con la lógica verticalista de tanto tiempo; la junta de fiscales como órgano que es un contrapeso importante. No así en el caso de la Defensa. Además, Santa Fe es una de las provincias que tiene conformación de tribunales externos para la designación de funcionarios judiciales. También el juicio oral y público es una forma de transparentar el proceso de la justicia. Hay muchos temas pendientes, como revisar la forma en que se remueven los funcionarios es una de las cosas que hay que empezar a debatir.
En el Poder Judicial, no sé cuántos funcionarios están embarcados en esta cuestión; porque mientras en otros lugares se debate si se paga o no impuesto a las ganancias, el Colegio de Magistrados de Santa Fe, le mandó hace diez días una nota al Gobernador (Antonio Bonfatti) pidiéndole que no se atrase una semana en pagar sus sueldos, sueldos que en un juez de primera instancia exceden en mucho al propio sueldo del gobernador. Vemos preocupaciones mezquinas de cara a la realidad social, histórica y política que vive nuestra provincia.
Hace un año, entendimos que había cosas que los funcionarios judiciales podían hacer sin esperar una reforma, pero no tuvimos eco. Ahora, con el procurador Jorge Barraguirre, que tiene una postura más proactiva en relación a las investigaciones y la atención a las víctimas, entendemos que la cosa está cambiando progresivamente, y se pone a los fiscales en los patrulleros para actuar desde el primer momento en casos puntuales. Esto es más transparente y es lo que se necesita en este momento.
Impuesto a las Ganancias. Me parece que el no pago del impuesto es un privilegio que no puede existir.
Jorge Barraguirre, procurador General de la Corte Suprema de Justicia
¿Debe reconciliarse el sistema judicial con la ciudadanía?
Entiendo que debe resignificarse el vínculo socio-político entre el soberano y la magistratura. Las prerrogativas funcionales de la magistratura (inamovilidad, independencia e intangibilidad) deben servir para amparar a la magistratura de presiones políticas y fácticas y no para instalar un sector de privilegios. Las prerrogativas deben servir para avanzar en la construcción de un espacio práctico y simbólico de respeto, autoridad y justicia. De otro modo, los ideales y promesas emancipatorias del derecho morirían en manos de castas de indiferentes.
A más largo plazo, debemos modificar el modo de enseñanza en las facultades de Derecho. Es el problema de fondo y la última garantía de contar con un pluralismo de valores a favor de los oprimidos y excluidos del sistema para consolidar los avances de la Corte actual en búsqueda de nuevos paradigmas protectorios (el de los derechos humanos, el medioambiental, el de género y el de las comunidades originarias).
¿De qué manera es posible la democratización de la justicia? ¿Por dónde se podría empezar?
Hablar de democratización genere tal vez equívocos, atento ciertas características centrales de las democracias constitucionales. Pero sí hay que ensayar modificaciones profundas que hacen a la participación popular y a la transparencia del sistema, por ejemplo, la oralización de todos los procedimientos (en la línea de la modificación que propuse para el Decreto Acuerdo 10.204/58). Como también lo había anticipado, creo que debe iniciarse un debate sobre el alcance de la garantía del juicio por jurados en conjunto con la instalación de tribunales escabinos comenzando, por ejemplo, por los tribunales arbitrales de consumo (que la Provincia no tiene.) Creo que en la Corte debería explorarse el sistema de audiencia pública adoptado por la nacional. Aún cuando estos cambios no sean inicialmente globales, sirven para disparar nuevos desarrollos (como creo que lo logró el Decreto 222/03 del Poder Ejecutivo Nacional). Una reforma procesal civil posible e inmediata es consagrar la acción por clase de personas. La nueva justicia comunitaria debería ser un campo de experimentalismo democrático y su acceso debería ser informal. También deberíamos mejorar la organización de los tribunales y los dispositivos institucionales para el control de la mora.
¿Qué beneficios tendrá en Santa Fe el sistema acusatorio?
Los sistemas de enjuiciamiento penal no están vinculados a las aspiraciones de una vida social en paz. Sí están vinculados a (o favorecen) la impunidad de los poderes (políticos, corporativos y económicos.) Hasta ahora los sistemas judiciales (y penales en especial) no han sido capaces de lidiar con problemas de corrupción y desidia estatal. El cambio hacia un sistema acustorio, público, con participación plena de las víctimas, dotando de autonomía funcional a la Fiscalía y a la Defensa, es fundamental para quebrar la impunidad y dotar a todo el sistema socio-político de mayor legitimidad.
Gonzalo Stara, fiscal Federal de Rosario
El poder judicial es por definición el menos democrático de los poderes. Junto con el golpe de estado de Uriburu se inaugura una larga tradición de respaldo desde el poder judicial a las interrupciones del orden constitucional que caracterizaron gran parte del siglo XX. El poder judicial acompañó con indiferencia en algunos casos y con complicidad en muchos otros gravísimas las violaciones a los derechos humanos. Luego de perpetradas las mismas se convirtió en el último bastión de la impunidad de aquellas.Finalmente, en el año 2003, en los albores del nuevo siglo, la historia encuentra una bisagra en materia de políticas estatales en materia de DDHH y el camino de la impunidad empieza a desandarse.
El poder judicial cuenta ahora con nuevas y honrosas incorporaciones. Se ve jerarquizado notablemente el servicio de justicia. Pero no es suficiente. Es solo un comienzo, uno muy bueno, porque permitió que se instale masivamente un debate sobre el Poder Judicial. Este que podría en algún sentido compararse con la universidad antes de 1918. Hay un gran ausente y es precisamente el justiciable más vulnerable. Aquel que debiera ser el objeto mismo del servicio de justicia. Incluirlo como prioridad es legitimar al poder judicial, solo así se podría hablar de una justicia acorde el paradigma democrático.
El solo hecho del debate es tan novedoso como auspicioso.
El Poder Judicial no se democratizó, no hubo siquiera un recambio institucional desde la última dictadura militar, solo el propio del paso del tiempo con las viejas reglas. Es hora de construir nuevas. Pensar en reformular el sistema de ingreso a la justicia, planificar un viraje desde el nepotismo actual a un sistema transparente de concursos, con estricta capacitación mediante. Los mejores deben brindar el servicio democrático de justicia.
Es el momento, se perfilan las condiciones necesarias para saldar una gran deuda de nuestra democracia.
Guillermo Camporini, fiscal de Cámara Penal de Rosario
«La democratización de la justicia implica que el pueblo tenga participación en la designación y conformación del Poder Judicial. Es un tema que se puso en el tapete a partir de cuestiones puntuales en el orden nacional. La conformación de los Consejos de la Magistratura y ese tipo de órganos, tienen la amplitud como para garantizar que el acceso a los cargos sea por parte de personas que demuestran idoneidad académica y de antecedentes personales suficientes. Indudablemente, el conocimiento teórico y la honorabilidad de la persona no me garantizan a un excelente magistrado; porque éste debe tener también algo que se llama sentido común, lógica y experiencia en la aplicación del derecho».
Durabilidad en el cargo de los magistrados. «La inamovilidad hasta la edad de jubilarse, por lo menos en los cargos de juez o de otros cargos que requieren acuerdos legislativos para la designación, tiene que estar garantizada mientras dure el buen desempeño del cargo y la aptitud psicofísica para el mismo. Sin perjuicio de que tal vez en un órgano Supremo como puede ser la Corte, por la experiencia y conocimiento que pueden aportar aparte son tribunales con contenido político puedan tener una mayor durabilidad en el cargo. Digo esto porque creo que la injerencia política guste o no, siempre estará en alguna medida, ya que cualquier órgano que para su conformación tenga participación de legisladores o tengan participación otros sectores de la sociedad, va a tener contenido político. Pero esa injerencia política la cual no es criticable en sí misma, si yo tengo inamovilidad es una sola vez. Sino, cada vez que viene la renovación de un mandato se estaría sujeto a ese tipo de presión.
Asociaciones. «La estructura del Poder Judicial no es igual en el Ministerio Público que en la magistratura. La autonomía que tiene un juez no la tiene un miembro del Ministerio Público, porque éste es vertical y responde a los lineamientos que fija el Procurador en cambio, el juez tiene autonomía funcional, mayor independencia. Nadie se tiene que ofender si hay asociaciones de fiscales, de defensores, u otros; tiene que haber participación y apertura. El único requisito tiene que ser que los postulados sean conforme la ley».
¿Coincide en que el sistema judicial se tiene que reconciliar con la ciudadanía?
Sí, por eso cada vez más, la gente tiene que tener acceso a la Justicia, de distintas maneras. Antes litigar era reservado para quien tenía poder adquisitivo; hoy con los diferentes sistemas es distinto. De todos modos, creo que hay desconocimiento de la gente de los derechos, a lo mejor no se hace una campaña adecuada, pero en temas candentes como la discriminación, la violencia de género, cada provincia, se va a ampliando. Otras cosas que se critican más que nada en la Justicia Federal es el sistema de ingresos.
¿Qué lectura hace de esa cuestión?
El ingreso como empleado no tiene un concurso estricto y, eso abre posibilidad de designaciones que son motivo de crítica, aunque de a poco se ponen límites. En cambio, el acceso al cargo de empleado en la Justicia Provincial de Santa Fe es amplísimo porque afortunadamente, hay una transparencia absoluta tanto en el examen de computación como en el de aptitud de conocimiento. Por eso creo que este problema está más que nada en la Justicia Federal.
¿Coincide en que la Justicia es burocrática?
Es cierto, pero la Justicia se está tratando de agilizar evitando el litigio y buscando mediaciones y otros métodos de solución previa. Son métodos que buscan dar respuestas lo más rápido posible y que a su vez dé soluciones definitivas al conflicto y se priorice lo que es un problema a nivel social.
Impuesto a las ganancias. Estoy de acuerdo en que paguemos, no tenemos que ocultar nada, lo único que no puede dejar de tenerse en cuenta es que, la remuneración de los Magistrados es intangible con lo cual, deberá tomarse los recaudos pertinentes para mantenerse ello que emana de la Constitución Nacional.
fuente http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-37885-2013-03-03.html
