Norma Acosta, la viuda de un detenido que murió en el incendio provocado en Alcaidía de la Unidad Regional II el mes pasado, ratificó ayer ante el fiscal federal Marcelo Di Giovanni su versión acerca de la trama que precedió el final de su marido, Miguel Angel Saboldi. Una historia escabrosa en la que involucra al intendente de Villa Gobernador Gálvez, Pedro González, y a policías en un posible crimen por encargo con el tráfico de drogas como telón de fondo y fuente de financiamiento de la política. Por revelar lo que sabe, Acosta asegura que hay un plan en marcha para asesinarla igual que -sostiene- hicieron con su pareja. El fiscal tomó el testimonio de la mujer para argumentar su intención de que sea la Justicia Federal la que investigue de manera articulada la detención de Saboldi en un allanamiento a una chacra de Alvear donde se hallaron drogas, armas y dinero junto con el incendio del penal policial en el que perecieron tres detenidos y que hasta ahora está en manos de un juzgado provincial.

Desde que Saboldi murió el 12 de abril en aquel incendio en el pabellón 3 de Alcaidía, Acosta ha venido acopiando datos a los que ya sabía de antemano. Ese relato lo volcó en una entrevista concedida al portal periodicotodos.com y lo reiteró ayer a Rosario/12. Como ya se lo anticipara a este diario el día de la tragedia, ella reiteró que a Saboldi lo mandó a matar Luis Bassi, dueño de una bailanta y de una remisería en Villa Gobernador Gálvez, y que González conocía la situación. «Un mes antes de lo de la chacra, venía la campaña y González tenía que facturar. Querían agarrar la droga desde Tablada hasta Arroyo Seco. Hubo una reunión entre mi marido, González y Fabio López, y Bassi estaba al tanto. Le propusieron al Japo (Saboldi) que fuera el encargado de todos los bunkers. Tendría que ir a buscar la droga a la isla, donde la bajan, al depósito que tiene González, tendría que encargarse de que no roben los bunkers, que no entrara ningún narco de Rosario. Que fuera un pata de plomo, y repartir la ganancia con Pollo Bassi», contó.

«Japo no iba a agarrar ese tema, sí estaba pensando trabajar en política, pero yo le dije que no, que yo era anti González, que no se metiera porque me arruinaba la imagen política a mí», agregó Acosta, quien militó en el kirchnerismo.

Según la mujer, Bassi «sintió que mi marido le quería sacar el lugar» y por eso tramó venganza. Así relaciona el asesinato de su amigo Fabio López, ejecutado el 9 de abril con cinco balazos mientras dormía con su familia, y la detención de Saboldi unos días antes.

El 4 de abril, la policía allanó una granja en las afueras de Alvear con la versión de que allí podría estar el botín sustraído esa misma madrugada a la sucursal de electrodomésticos Calatayud de San Martín al 2300. Acosta afirmó que eso fue un pretexto y que oficiales de la UR II prepararon la escena para allanar y encontrar lo que finalmente se reportó: ocho kilos de cocaína, 14 panes de marihuana, armas y 150 mil pesos en billetes chicos. Con ello cayeron seis personas detenidas, Saboldi entre ellas.

Acosta acusó al jefe de Orden Público, Hugo Cabral, y al inspector de zona Claudio Peralta de armar ese procedimiento, y a Bassi de realizar inteligencia previa para colaborar en ese supuesto objetivo. En su parecer, la droga secuestrada había sido plantada antes, cuando en la finca no había nadie.

En su declaración, la viuda de Saboldi narró que una autoridad de la Alcaidía pidió 2.000, y luego 15.000 pesos para garantizar la vida del detenido en el penal. Reparó en que el resto de los implicados fueron alojados en el pabellón de Los Hermanitos, como llaman a los presos de fe evangélica, pero a Saboldi «lo dejaron solo», servido para sus matadores, según la interpretación de la mujer.

Acosta añadió que en esos días fue intimidada por gente de Bassi. «Me estaban esperando para matarme, como ahora me mandan a dos mellizas que me fueron a buscar al cementerio para lo mismo», aseguró.

En la isla. El vehemente relato que Acosta desovilló durante tres horas en la fiscalía menciona entregas de marihuana y cocaína que llegan por agua hasta la isla, y que «la Hilux de Bassi suele estar en una de las bajadas del puente a Victoria cuando va a buscarla, y nadie molesta». La imputación que lanzó describe una organización que ubica al intendente villagalvense en un rol preponderante, en complicidad con los Bassi.

Acosta también sostiene que en el incendio de la Alcaidía hubo dos muertos más, aparte de los tres presos reconocidos, Saboldi, Guillermo Benavente y Darío Escobar. «Eran los sicarios que Bassi metió a la mañana para asesinar a mi marido y que después los mismos presos los terminaron matando. Bassi pagó a las familias para que no los reclame. La prueba es la mortera del Sies entrando al Alcaidía cuando supuestamente no había muertos ahí», aseveró. Hasta ahora, la autopsia practicada al cuerpo de Saboldi indicó que la muerte sobrevino por inhalación del humo generado por el incendio de los colchones, y no se reportaron golpes o heridas punzantes o de bala.

El fiscal Di Giovanni sumó el testimonio de Acosta con la expectativa de reforzar el fundamento que lo llevó a pedir al juez federal Marcelo Bailaque (a cargo de investigar el secuestro de droga en la chacra) que le pida a su colega provincial, Juan Carlos Vienna, que se inhiba de investigar el incendio de la Alcaidía y le derive esa causa. Bailaque se opuso a esa pretensión de investigar todo en conjunto y Di Giovanni apeló ante la Cámara Federal, seguro de que ambos hechos y el cruento final de Saboldi son capítulos de una misma saga de narcoviolencia.

 

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