El gobierno provincial tuvo severas alertas de lo que estaba ocurriendo en la ex-Drogas Peligrosas, el área de la policía a cargo de Hugo Tognoli entre 2007 y 2011. A lo largo de varias causas, denuncias y juicios orales quedaron expuestos los manejos espurios de los efectivos dedicados a la luchar contra el narcotráfico y que terminaban siendo parte del mismo negocio. Hay al menos seis causas judiciales en la justicia federal en las que quedó expresado el nivel de corrupción de esta fuerza, y que poco parece haber pesado al momento de ordenar sus ascensos. Una perlita: los dichos de la camarista federal Laura Cosidoy, presentada como «la jueza antidrogas» liberando de culpa a un jefe de Drogas que terminó detenido por el faltante de una ametralladora en su propia brigada.
* En el año 2009 se secuestró un cuaderno en poder de una dealer en la que se dejaban constancia del pago a Drogas Peligrosas, Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, sin que se profundice esta investigación.
* Otro de los casos es digno de incluirse en la secuela de la película «Sentencia previa» en la que se adelantaba la concreción de delitos, con significativa certeza, un oficial de Drogas de Rosario habló con un joven que iba a transportar drogas hacia Rosario durante las 24 horas previas al ilícito. Cuando se le preguntó el motivo en el juicio, el sargento dijo que podría haber sido su hijo jugando con el celular.
* En el 2007 hubo otro caso de olfato policial: un hombre detenido en una terminal de colectivos porque tenía una mochila y caminaba rápido, por el elenco estable de Drogas, que fue ascendiendo sin freno en la cadena de mandos.
* Un detenido con drogas se quiebra en Jujuy ante un juez y delata a un narco rosarino que trabajaba con complicidad con la policía local. Las direcciones y puntos de venta nunca fueron investigados, aunque el narco denunciado terminó preso por asesinato. El testigo que lo puso entre los sospechosos, terminó muerto.
* El caso de Jorge Halford, un traficante que confesó ante la justicia federal que armó un transporte de marihuana desde Corrientes junto a un jefe antinarcóticos rosarino. Y aunque el denunciante terminó condenado, sus dichos nunca se profundizaron seriamente.
* El caso «ARENA, Ma. Graciela y otro s/ ley 23.737» expediente Nº 100/2008.
La mujer fue detenida -supuestamente- durante un control vehicular a cargo de la Policía Federal dirigido por el inspector Jorge Roberto Vellejos. En el mismo se secuestra cocaína de una cartera, por lo cual se producen otros dos allanamientos, uno de los cuales se concretó en la calle Cerrito 5500 y estuvo a cargo del inspector Walter Javier Jiménez, subinspector de la Federal. Este funcionario secuestró en ese operativo un cuaderno que tenía en su primer hoja anotaciones sobre supuestas ventas, gramos, pagos totales o parciales y en su última hoja anotaciones tales como «Dorrego 4/6 ( domicilio de la Brigada de Drogas Peligrosas) $ 10.000 , La Paz 4/6 ( domicilio de la Dirección de Inteligencia de Drogas santafesina) Policía Federal… Prefectura (Gringuito) Gastos Arreglos».
Cuando la fiscal federal Mabel Colalongo le preguntó sobre el tema al subinspector Jiménez, y este aseguró no haber mirado esa hoja. Curiosamente uno de los testigos en el juicio señaló a este federal por «haber sacado billetes de una lata y algunas joyas y relojes», que no hizo constar en el acta de allanamiento. Al momento de su indagatoria la imputada había señalado el robo de estos elementos de valor.
El caso se investiga en el juzgado federal Nº 4 y la fiscalía federal Nº 1.
* «CASTELAU, Pablo Andrés s/ ley 23.737», expediente 27/2008.
En este causa el «olfato policial» funcionó a la perfección: en mayo de 2008 un joven adicto con una deuda por su consumo, fue obligado a cancelarla realizando un transporte de drogas varias desde territorio bonaerense hacia Rosario. El joven fue detenido cuando bajaba del remise que lo había transportado en frente mismo a la vivienda de Mitre 4500 donde se dirigía.
En mayo del 2011 la Cámara de Casación Penal de la Nación anuló el operativo que sirvió para condenar a cinco años de prisión. La acción fue concretada por Alejandro Druetta y el sargento primero Angel Delmastro. El tribunal oral federal conformado entre otros por Laura Cosidoy, condenó al detenido a cinco años de cárcel. Pero al revisar el caso en Casación se terminó ordenando la libertad del detenido después de casi tres años preso. El juez de Casación Mariano González Palazzo adujo que la detención fue ilegítima porque los policías no explicaron las circunstancias previas que motivaron su detención. Se absolvió al joven y se expidió sobre el «olfato policial» reafirmando la necesidad de investigar a Delmastro y a Druetta (hombres de Drogas Peligrosas de Rosario). Druetta es el actual jefe de Drogas de Venado Tuerto y quien detuvo al narco Carlos Ascaini, quien habría arreglado con el ex jefe policial Tognoli, por 30 mil pesos por mes, según consta en esa causa.
Pero hay más: analizando la lista de llamadas entrantes y salientes del imputado, la fiscal federal Mabel Colalongo descubrió que con anterioridad a realizarse el procedimiento y mucho antes que saliera con la droga desde Buenos Aires, ingresaron al teléfono celular del detenido varias llamadas originadas por el teléfono del sargento Delmastro que fue quien «llamativamente» haciendo tareas preventivas, detuvo a Castelau en la puerta de la vivienda en el joven debía dejar la droga.
El caso contra Delmastro se investiga en el juzgado federal Nº 4 y se trata de la Causa 275/09 por incumplimiento de los deberes de funcionario público y de la Causa 276/09 por falso testimonio.
Sin embargo poco se hizo para investigar la pata local de la organización: Castelau brindó el domicilio exacto donde iba a llevar los estupefacientes desde Villa Martelli. La justicia de instrucción federal se limitó a pedir un informe ambiental de la familia en cuestión, que tiene una empresa de transporte de cargas. «Son buena gente, de buen vivir», arrojó el informe realizado por el oficial de Drogas Peligrosas Oscar Romero. Luego de cuatro años de aquel episodio y varios ascensos firmados porque quienes ahora se sorprenden por lo ocurrido en Drogas, este oficial terminó preso tras el faltante de una ametralladora de la Brigada local antinarcóticos.
* » QUINTANA, Elba Haydee s/ ley 23.737″ expediente Nº 115/09
La mujer fue detenida por vender drogas a adolescentes en un barrio Fonavi de Rosario. Al juicio llegaron en calidad de testigos, tres madres cuyos hijos consumía, y que denunciaron que los efectivos de la Comisaría 30 apañaban la venta de sustancias prohibidas, ya que nunca les recibieron sus denuncias contra la dealer. La fiscal Colalongo denunció el hecho de connivencia, que se encuentra en etapa de instrucción.
* «OCHOA, Ariel Gastón y otros s/ ley 23.737» expediente Nº 80/2008
Esta causa tramitó ante el Tribunal Oral Federal Nº 2
Este es otro típico caso de olfato policial: Ochoa fue detenido a las cinco de la mañana en la Terminal de ómnibus de Rosario por el ex jefe de Drogas de Rosario Gustavo Spoletti (hoy trasladado a la Unidad Regional de San Lorenzo) y Fernando Romitti. «Llevaba una mochila y caminaba rápido» argumentaron. Para sostener la acusación sumaron a la causa un informe ambiental supuestamente confeccionado con consultas a los vecinos y la mujer que vivía con Ochoa en Florencio Varela, quienes negaron su participación en el documento.
En mayo de 2010 la justicia federal notificó al gobierno provincial por las serias deficiencias de este operativo. En las audiencias se planteó que la policía no buscó testigos ni reaseguros que garantizaran transparencia sobre lo incautado. A tal punto que la fiscal Colalongo se quejó de que ante tales groserías le resultaba difícil acusar a los imputados. El 20 de mayo de 2010 el Tribunal Federal Oral Nº2, integrado por Omar Digerónimo, Santiago Harte y Marcelo Bailaque, condenó a Ariel Ochoa, de 31 años a cuatro años y tres meses de prisión por tráfico de estupefacientes. Habia sido apresado en un operativo en 2007 acusado de transportar 12 ladrillos con cocaína compactada. La fiscal Mabel Colalongo calificó el procedimiento de poco prolijo. Apuntó a que no se cumplió con el debido resguardo de la prueba: y apuntó que la droga tras las pericias dio una pureza del 14 por ciento. Es decir, la droga no era pura y ya había sido estirada para el consumo. No eran por lo tanto seis kilos.
En este operativo participaron además el comisario Néstor Fernández y Oscar Romero, entre otros. Las actuaciones por falsedad ideológica en el informe ambiental fueron remitidas ala fiscalía federal Nº 2 en fecha 06.08.2010.
* «SECO, Amalia Pilar y otros s/ ley 23.737», expediente Nº 104/11
El caso comienza cuando detienen en Jujuy a una persona con un cargamento importante de cocaína que supuestamente había transportado desde Bolivia. En el momento que lo están indagando el detenido decide reconocer el hecho y pide declarar con reserva de identidad. Explica que trabaja «para uno de los narcos más importantes de Rosario, que cuenta con el amparo de la Policía de Drogas Peligrosas de Rosario» (Zona Sur), y procede a dar nombres, apellidos, direcciones de Rosario. El juez federal de Jujuy envía entonces la declaración al juez federal en turno de Rosario. Sin embargo, un juzgado de instrucción penal rosarino
ya estaba investigando el asesinato de un hombre que tenía antecedentes de estar en el tráfico de estupefacientes. Así declaró en el Juzgado provincial un amigo del asesinado y dijo que «mi amigo trabajaba para el mismo narco señalado por el detenido en Jujuy, aclarando que antes lo hacía ante para otro narco importante al que le ‘pirateó (robó) dos kilos de merca’. Y concluyó que ‘los responsables de su muerte pueden ser cualquiera de ellos dos’. Este testigo señaló varios lugares y puestos de venta del narco rosarino, en los cuales había acompañado a su amigo a llevar droga». Sin embargo la brigada local antinarcóticos investigó uno sólo de estos lugares, nunca investigó al narco denunciado en la causa de droga, así como tampoco el vínculo con la policía rosarina.
El narco denunciado, de apellido Altamirano, terminó condenado en la justicia provincial por el homicidio. Pero el testigo que lo apuntó, terminó muerto en circunstancias nunca investigadas.
La fiscal Colalongo denunció el 13 de agosto de 2012 el caso ante la fiscalía federal de instrucción Nº 1 de Rosario, después que el Tribunal no admitiera remitir los antecedentes a la Fiscalía en turno.
* Causa Jorge Halford.
Es el caso más escandaloso de todos, habida cuenta que el detenido asumió cumplir el rol que se le imputaba, pero denunció a casi toda la brigada local antinarcóticos. En este procedimiento uno de los responsables del operativo antinarcóticos, Oscar Romero fue denunciado por Halford por robarle $ 70.000 de la camioneta donde se trasladaba antes de que llegaran los testigos. La suma apareció cuando el detenido empezó a gritar ante los testigos que lo estaban robando. Esto se confirmó cuando se hizo un careo entre el oficial Romero y el testigo, que se mantuvo firme y ratificó que el dinero apareció cuando Halford lo acusó.
Otra grave irregularidad: en las filmaciones de seguimiento apareció una camioneta Partner color azul, que es la única que ingresa al domicilio de Halford en Roldán, donde se encontraron 150 kilos de marihuana que había sido trasladada desde la provincia de Corrientes. Según Halford confesó que el traslado se hizo con el apoyo de la policía de Drogas Peligrosas. Y dijo que «me trasladaba en una Hilux y ellos en una Partner donde cargamos la droga».
Llamativamente quien filmó, no tomó la patente de la Partner. Cuando la fiscal Colalongo preguntó en la audiencia al oficial Principal Kysko porqué lo había hecho respondió que «no quería quedarme sin rollo».
Las irregularidades fueron denunciadas por la fiscal Colalongo: pidió se investigue a Oscar Romero (separado hoy como jefe antinarcóticos local) a Ernesto Gaudenzio y Hernán Gil, todos de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia.
El tribunal que juzgó a Halford estaba integrado por Laura Inés Cosidoy, quien se opuso en su voto a la remisión de estos antecedentes para profundizar investigaciones. Dijo: «no hacer lugar a la solicitud de la fiscal a fin de que se investiguen las posibles conductas delictivas mencionadas en su alegato».
Al día siguiente Cosidoy declaró en la causa por terrorismo de estado «Díaz Bessone» y llevó como público a los policías antidrogas denunciados por Colalongo el día anterior. El otro camarista fue Ricardo Moisés Vásquez e hizo lugar a una sola denuncia de Colalongo, y rechazó el pedido de remitir los antecedentes al jefe de la policía de la provincia de Santa Fe y al gobernador.
El tercer camarista era Santiago Harte (juez subrogante jubilado) quien fuera secuestrado el 24 de marzo de 1976 cuando era secretario de un juzgado). Harte hizo lugar a todo lo solicitado por fiscalía y remarcó la necesidad de que se investigara al oficial principal Kizko por el posible delito de incumplimiento de deberes de funcionario por «su actitud omisiva»
Entre los dichos de Halford más contundentes: «Reconozco que fui a Corrientes, la operación la armamos con un policía de Drogas, el Chino» Resulta que el jefe del procedimiento fue un policía que se lo conoce como el «Chino» Paz.
Ese mismo día Cosidoy dijo en todos los medios de prensa que:»(Oscar) Romero tuvo una buena actitud, actuó de buena fe». Romero, como se sabe, debió dejar su cargo en estos días.
