El Colegio de Magistrados de Rosario expresó su preocupación frente a las manifestaciones del ministro de Gobierno de la provincia, Rubén Galassi, quien emitió duros términos que la entidad considera descalificadores hacia el fiscal de Venado Tuerto, Eduardo Lago. El funcionario había denunciado amenazas telefónicas, las que motivaron el apartamiento preventivo de la dotación de la Brigada Operativa de Drogas de Venado Tuerto, a la vez que realizado denuncias críticas sobre conexiones supuestas entre policías y traficantes.
Galassi dijo que “habría que ver los antecedentes de Lago” para atribuir una supuesta intencionalidad política a sus denuncias. Recordó que el fiscal Lago había sido funcionario durante el segundo mandato de Carlos Reutemann, en el momento en que se produjeron las siete muertes en la represión de diciembre de 2001. Dijo estimar además que el fiscal venadense “por ser hombre de la Justicia tendrá los elementos que ayuden a probar las imputaciones que está haciendo”.
El gremio de los funcionarios judiciales consideró que los dichos de Galassi implican “un avance sobre la autonomía funcional de los titulares de las fiscalías en momentos en que el funcionario aludido se encuentra padeciendo amenazas hacia su persona y su círuclo familiar, que fueran repudiadas también por esta institución”.
La entidad señaló que “deben extremarse los cuidados para que las declaraciones de las máximas autoridades ministeriales sobre la investigacio´n de posibles situaciones delictivas no aparezcan como un amedrentamiento a los fiscales, responsables de llevar adelante las investigaciones, justamente cuando los hechos ilícitos denunciados conciernen a órbitas de responsabilidad del Poder Ejecutivo”.
Lago denunció que había recibido amenazas telefónicas contra su vida, las que relacionó con investigaciones en las que participó y apuntó a franjas de la policía a las que atribuye estar implicadas en el narcotráfico.
Galassi también había dicho que la designación de Lago se dio por una acordada de la Corte Suprema en el 2006 cuando se realizaban los nombramientos a partir de las vinculaciones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo.
