En los últimos días, cuando Rosario estuvo en todos los medios nacionales como la ciudad de los homicidios y el narcotráfico, la intendenta Mónica Fein fue la primera autoridad que salió a hablar de la «estigmatización» por razones políticas. Además, tomó la iniciativa política al convocar a un acuerdo ciudadano amplio para combatir la inseguridad. En esta entrevista, Fein consideró que «las cuestiones de seguridad no pasan por la militarización de la sociedad», al tiempo que pidió compromisos «concretos» de los diferentes sectores para combatir la exclusión social que deriva en violencia. «No hay chances si no nos comprometemos todos. Y eso quiere decir ir más allá de una declaración, un acto o la firma de un documento, eso quiere decir acciones visibles, aportes tangibles», dijo la jefa comunal, que cuestionó la decisión del gobierno nacional de colocar al narcotráfico como un problema local.

–En el primer mes de este año 2013 se registraron un 30 por ciento más de homicidios, llegando a 24 víctimas. ¿Tiene alguna explicación o análisis sobre estos sucesos?

–En los últimos años las cifras fueron creciendo. Estamos viviendo un aumento general de la violencia. En 2011 hubo más muertes que en 2012. Estamos preocupados por el incremento en la violencia y de las muertes porque esto está marcando una problemática social que hay que abarcar, ya que una de las características salientes de muchas de esas muertes es la previa relación interpersonal. Es decir que la víctima y el victimario se conocían con anterioridad. Esto obliga a un abordaje más complejo, primero estamos en una sociedad más violenta en la se «resuelven» los conflictos con muerte. Por lo tanto, hay que trabajar en las causas que generan esa violencia y a la vez el combate de las acciones delictivas que origina esa violencia. Eso es lo que firmamos en 2010 en el Acuerdo de Seguridad Democrática donde todos los partidos políticos y los actores de la sociedad civil planteamos tomar con responsabilidad el tema de la seguridad, porque en Latinoamérica, en nuestras ciudades, se dan estos fenómenos de fragmentación social, con profundas desigualdades y sectores de alto consumo, en la que ha aumentado la violencia y el crimen organizado. Rosario no escapa a esa marco general.

–Sin embargo, los números de Rosario son el doble de los de Córdoba, y además se ha propalado una imagen a partir de hechos reales, tangibles. La semana pasada Antonio Bonfatti y Hermes Binner denunciaron algo así como una campaña de estigmatización de Rosario por cuestiones políticas.

–Primero quiero marcar un par de cosas en relación a la comparación con Córdoba. Nuestra realidad es muy diferente, entre otras cosas porque aquí desde hace muchos años hay más de 200 mil personas que viven en asentamientos irregulares, que por supuesto han encontrado en la ciudad la garantía de muchos de sus derechos pero no todos los que una persona merece, como el trabajo o la vivienda. Hemos resuelto el tema de salud, de educación, de esparcimiento, en buena medida pero con las limitantes de la pobreza estructural.

–Puede ser, pero convengamos que si no hubieran existido los 24 crímenes en enero sería más difícil «montar» una operación política como la que están denunciando después de haber sido por años la ciudad un faro de atención cultural, artístico y ciudadano.

–Creo que es así y es una decisión política, porque cuando uno ve lo que pasa en otras ciudades más parecidas a Rosario, como Montevideo por ejemplo, en cuanto al aumento de la violencia, se advierte que en Uruguay se enfoca a partir de una política de estado que va desde las condiciones sociales hasta la lucha contra el delito en todos sus estamentos. Acá en cambio, en torno a una ciudad pujante como la nuestra, con alta actividad económica, en el medio de la Pampa húmeda, con crecimiento económico y junto a ello con personas que más allá de lo que haga el gobierno local no tienen resueltos su derechos, en lugar de tomar una acción conjunta partiendo de un plan nacional fuerte, se ha hecho una estigmatización de la ciudad, planteando como que Rosario fuera un ghetto. Rosario, y Santa Fe tienen problemas, y cuando hay problemas como una epidemia de dengue como la que castiga al Chaco, a mí no se me ocurriría decir que es un problema del Chaco. Yo me imagino ahí al Ministro de la Salud de la Nación, al de la provincia y lógicamente los municipios pero no diciendo que no cuidaron la frontera o no descacharraron como se debía. En Rosario ha aumentado la violencia. Lo que ha pasado es que se ha decidido que el narcotráfico es un problema local, y no es así.

–Frente a eso hay diferentes respuestas. En su caso se intenta recuperar la iniciativa política, con convocatoria a los partidos, los concejales, la Corte Suprema, el Consejo Económico Social, los empresarios, los representantes de las iglesias, y otra diferente es la respuesta del gobierno provincial, que tiene la responsabilidad funcional de la policía y que no ha modificado su andar. Incluso cuando los han acusado hasta de complicidad con el narcotráfico.

–Yo no creo que el gobierno provincial se haya mostrado indiferente, ha planteado la emergencia de seguridad, reformas policiales, la reforma penal que es algo fundamental, lo mismo que fue el gobierno de Binner el que elevó a Ministerio el área de Seguridad. Lo mismo que la creación del área de investigación de delitos complejos. Pero lo que yo me pregunto, mas allá de los lógicos cuestionamientos a la gestión es: ¿Acá vale todo? ¿En política vale todo? ¿Tratar a un gobierno de narcosocialismo o a una ciudad de narcópolis es válido? Yo estoy convencida de que no, es más, el que pasa ese límite termina siendo cómplice de aquellos que quieren instalar el narcotráfico. Se puede decir que lo que se hace está mal, o que es insuficiente, que somos incapaces, que está mal hecho, pero no degradar la discusión. Digo más, nosotros queremos la policía municipal, y quiero decirle que no hay ninguna provincia en el país, gobernada por ningún partido que haya hecho esa experiencia. No la hay, estaba la policía federal histórica, pero no lo que nosotros queremos hacer. Lo firmamos todos, varios gobernadores, dirigentes nacionales, presidentes de bloque, y nadie lo ha llevado adelante y nosotros queremos hacerlo, y lo vamos a hacer con la decisión del gobierno provincial, pero ojo con el discurso fácil que le quiere hacer creer a la gente que hay soluciones mágicas y rápidas. Esto requiere de una construcción colectiva.

–Usted recorre los barrios desde que era militante juvenil. Incluso, conoce la ciudad por su paso por la Secretaría de Salud Pública. En el barrio los vecinos dicen que saben quién vende la droga, donde esta el búnker y demás. Y la lógica indica que si lo sabe un vecino lo sabe también la policía. Con una policía municipal, ¿esto cambiaría? Digo, la Jefa de la Policía sería usted y tendría el contacto directo con los jefes en los barrios.

–Yo tendría una activa participación desde ya. Eso dependerá de la reforma, pero tendríamos un rol decisivo en la designación del jefe de las comisarías. Eso sería muy importante. Yo creo en la policía comunitaria preventiva y que combata el delito común, pero no simplifiquemos. Aquí hace falta una estructura mayor que abarque por ejemplo la ruta del dinero. ¿Quién la investiga? ¿Qué hacen los organismos nacionales? El Acuerdo de Seguridad Democrática -–del que ya hablamos y parece que nadie recuerda-— dice que el Ministerio Público junto al gobierno es el responsable de crear y desarrollar los mecanismos para el combate del delito. El delito complejo exige saber de donde viene el dinero para determinados emprendimientos, quiénes financian el eventual lavado y nosotros nos inscribimos para poder denunciar. Sin embargo, en Rosario no hay ningún organismo funcionando. No está, por ejemplo, la Unidad de Información Financiera (UIF). Nosotros podemos demoler bunker de venta de drogas en terrenos fiscales, públicos, pero no podemos avanzar sobre la propiedad privada. Y entonces qué hacemos, lo denunciamos a la justicia y la justicia investiga, tiene sus tiempos y se termina perdiendo el hilo del proceso. Y ahí es donde no podemos seguir el proceso, porque nos quedamos en el vendedor y no avanzamos nunca en el delito complejo. El vendedor sale o aparece otro vendedor. Por eso creo que importante lo que concertamos con los presidentes del bloque, que es la construcción de un espacio en el que la justicia federal, la provincial y los distintos niveles de gobierno sellemos una alianza estratégica para sortear estas dificultades.

–A ustedes les ha costado una enormidad llegar al gobierno nacional para que se hagan cloacas, algo que no tiene discusión. Me imagino lo que puede llegar a pasar con una idea como esa.

–En el tema de cloacas tenemos hasta julio, pero el gobierno todavía no firmó. Tenemos ese problema y muchos otros, y eso que la deuda la asumiríamos nosotros.

–¿Qué puede pasar, entonces, si quieren formar una policía municipal o lanzar un plan de seguridad diferente? Digo porque el gobierno de Binner no se caracterizó por tener un control adecuado de la policía, más allá de que los anteriores gobiernos haya tenido agentes de la Side de la dictadura o militares retirados al frente del área de Seguridad.

–La construcción de una sociedad no es de un día para otro. Tampoco se pueden borrar los 90 y acá en Rosario tuvimos que hacer esfuerzos extraordinarios para sostener un plan de salud y de contención social que no era precisamente lo que imperaba en esos años, y con la policía sucede lo mismo. Los policías con mando tienen más de 20 años en la fuerza, no aparecieron en el gobierno de Binner, son cuestiones estructurales, por eso digo que no hay soluciones mágicas, más contra la multinacional de la droga, como la llama Pepe Mujica. Y es indispensable que participe el gobierno nacional, y a nosotros se nos esta haciendo difícil llegar hasta ellos, pero vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos. Aun cuando no coincidimos con que los recursos vayan directamente de la Nación a los municipios salteando los gobiernos provinciales, vamos a ir a pedir para Rosario 200 millones de pesos para cuestiones indispensables. Nos gustaría mayor transparencia y equidad, pero si esas son las reglas de juego, vamos a jugar y vamos a ir diez veces si nos hacen ir diez veces. Estos días además de las reuniones con los principales actores de la sociedad, fui a mateadas en diferentes barrios, y allí no existe eso del gobierno nacional por un lado y el provincial por otro. Allí necesitan cosas y no importa si es este o aquel, ese es un problema de los dirigentes. Los vecinos demandan compromiso, quieren saber qué ciudad queremos construir, y no solo nosotros, también los comunicadores sociales, los empresarios, todos. Cuando una mujer está pariendo un chico en la Maternidad Martin está pensando en qué ciudad nace y cuando piensa que puede ser una ciudad con futuro, esa mamá puede transmitir cosas diferentes a que si piensa que es una ciudad sin destino. Y eso es una responsabilidad colectiva, donde yo asumo la responsabilidad que me toca, que puede ser la mayor, por eso vamos a trabajar cada más donde más falta hace, en las zonas más conflictivas. Y si antes convocaba, ahora voy a convocar más, voy a sentirme la madre de cada uno de esos chicos, pero por supuesto necesitamos en la misma mesa a todos los niveles del estado, y todos los niveles de la justicia

–Cuando alguien pensaba en ser intendente, este tipo de problemas que ha consumido casi todo el reportaje no estaba presente hasta no hace mucho tiempo. Siendo secretaria de Salud, en las reuniones de gabinete de esto se hablaba poco y nada. Y estamos yendo para atrás apenas 7 u 8 años.

–Es como las enfermedades, en un determinado momento hacen una manifestación clínica, pero hay antes síntomas que se ven. Es el gobierno socialista el que crea la Guardia Urbana, con el objetivo de prevenir delitos. Desde salud, la incorporación de guardias de salud mental las 24 horas en todos los centros, el tema de adicciones que hace más de 10 años que tenemos trabajadores sociales. La problemática de la violencia la venimos viendo y tratando de contenerla.

–En ese lapso se multiplicó un fenómeno que atravesó toda la sociedad y que antes era relativizado, la droga.

–Absolutamente. En lo personal, mi referencia política siempre fue Guillermo Estévez Boero y recuerdo que hace 30 años él planteaba que si en Latinoamérica no se generaban políticas de inclusión social, el escenario que se venía era el de Colombia, a nosotros nos parecía muy lejano. Otros, que no veían lo que Estévez Boero, decían que eran «moralinas» y la verdad que la droga es un problema en gran escala y hace mejor pie en los países donde hay mayor desigualdad y adquiere las formas más violentas, se aprovecha de los más pobres a los que toma de rehenes para la venta minorista y se inserta con recursos fenomenales en sectores de la economía formal. Esta realidad tan compleja no se puede abordar tirando abajo un kiosco de drogas únicamente y requiere un compromiso mayor a toda escala. Nosotros debemos marchar hacia la sociedad inclusiva, comprometida y solidaria. Eso no quiere decir que no haya que combatir el delito con más y sobre todo mejor policía. Es importante la presencia de fuerzas nacionales, las rutas, los puertos, el espacio aéreo, no es un problema local, o no únicamente. Pero yo estoy convencida de que las cuestiones de seguridad no pasan por la militarización de la sociedad, más bien por el compromiso de todos los sectores. No hay chances si no nos comprometemos todos. Y eso quiere decir ir más allá de una declaración, un acto o la firma de un documento, eso quiere decir acciones visibles, aportes tangibles. Creo que eso es lo que se viene, los gobiernos tenemos que hacer más que nadie. Pero los empresarios, los medios, las vecinales, los clubes, deben hacer lo suyo, por eso vamos a avanzar en algo que surgió desde el Consejo Económico y Social a instancias de la Federación Gremial de su mesa joven, un acuerdo de convivencia ciudadana que no sea una mera declaración, que supongan acciones sostenidas en el tiempo y que permitan pasar del dicho al hecho.

fuente http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-37524-2013-02-03.html