La media sanción del Senado que modifica el régimen de prisión preventiva -y limita las excarcelaciones de reincidentes terminará en el archivo de la Cámara de Diputados. «No hay consenso para sacar el despacho», dijo ayer el presidente de la comisión de Derechos y Garantías, Eduardo Toniolli, al confirmar que el proyecto de mano dura, conocido con el nombre de su autor ideológico, el senador del Frente Progresista, Lisandro Enrico, no llegará a ley. La decisión se tomó ante un pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que exhortó a los «legisladores a que preserven la legislación dentro de los parámetros que establece la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y no sancionen el proyecto» Enrico porque «vulnera principios y garantías del proceso penal». Es una «reforma regresiva» y «violatorias de las garantías constitucionales» que «refuerza el olfato judicial como método para definir la libertad durante el proceso, lo que redunda en la estigmatización de los sectores vulnerables», planteó el Cels.
El debate se mediatizó cuando el gobernador Antonio Bonfatti habilitó el tratamiento del proyecto en sesiones extraordinarias, pero en la última semana del período, a sabiendas de que difícilmente podría llegar al recinto. Y así ocurrió. Después, el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo, ratificó la escasa voluntad política de sacar una reforma que mano dura que «cosecha más rechazos que adhesiones», dijo. Sin embargo, el jefe de su propio bloque, Darío Mascioli (Frente para la Victoria), le respondió: «Yo creo que hay muchos diputados justicialistas, más de 16, que están de acuerdo con tratarlo». El jueves pasado, Mascioli propuso una preferencia de dos sesiones para habilitar el debate en el recinto, pero no sumó los votos necesarios. Sólo lo acompañaron seis diputados del arco peronista (Germán Khalow, Marcelo Aeberhard, Alejandra Obeid, Erika Gonnet, Roberto Mirabella y Pablo Di Bert); los demás, votaron en contra.
Ayer, Toniolli cerró el debate al ratificar que la comisión de Derechos y Garantías no despachará el proyecto. «No tiene consenso de la mayoría», dijo. Y confirmó que el Cels le mandó un dictamen que advierte sobre la «inconstitucionalidad» de la reforma Enrico y pide a los legisladores que no sancionen la ley. El Cels consideró la media sanción del Senado como una «reforma regresiva» y «violatoria de las garantías constitucionales», que «refuerza el olfato judicial como método para definir la libertad durante el proceso, lo que redunda en la estigmatización de los sectores vulnerables». «Además -agregó se encuentra plagada de conceptos inexactos y términos confusos que dificultan la comprensión del texto» y «derivarán en interpretaciones jurisprudenciales controversiales». Y les pidió a los legisladores que «evalúen minuciosamente las consecuencias legales y prácticas» de un proyecto que agravará «la situación» de las cárceles en la provincia y «en una aplicación» de la prisión preventiva que es «inconstitucional» y «viola los principios internacionales de derechos humanos».
La reforma «se entronca en el paradigma del endurecimiento de las leyes penales para dar respuesta a las demandas sociales de mayor seguridad», dice el Cels. «La norma propone reafirmar el uso abusivo de la prisión preventiva, una propuesta que ya mostró sus limitaciones y que solo tendrá como consecuencia agravar la situación penitenciaria, y promover la violación de derechos fundamentales. Este tipo de propuestas pretenden funcionar como atajos mágicos para resolver graves problemas sociales, en lugar de atacar las deficiencias institucionales de las políticas de prevención y de combatir las deficiencias de las estructuras de investigación criminal. Así, en lugar de colocar al Poder Judicial como un espacio de protección y distribución de derechos, se profundiza y generaliza una mirada de lo judicial que refuerza la reproducción de lógicas represivas».
«Es ilegítimo que se proponga el encierro preventivo como la estrategia principal de disuasión delictiva, dirigida a los sectores vulnerables de la población. Además se ha comprobado que resulta una política ineficaz para enfrentar los problemas de seguridad y morosidad judicial que se alegan en los fundamentos del proyecto», dijo. «La respuesta a las demandas sociales en materia de seguridad debe darse en forma responsable». El Cels concluyó el dictamen con un pedido a los «legisladores a que preserven la legislación dentro de los parámetros que establece la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y no sancionen el proyecto» Enrico.
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