El Defensor General de la provincia, Gabriel Ganón, presentó un hábeas corpus en favor de los más de cuarenta jóvenes alojados «en deplorables condiciones» dentro del Instituto de Rehabilitación del Adolescente (IRAR). Como respuesta, la jueza de Instrucción Mónica Lamperti realizó una inspección con técnicos de arquitectura, quienes emitirán un informe en los próximos días, que será clave para su resolución. Según trascendió, se constataron complicaciones con el mantenimiento edilicio del lugar que el gobierno de Hermes Binner prometió cerrar, cuando asumió en 2007. Una presentación similar ingresó al juzgado de Menores Nº 1, presentado por los familiares de los adolescentes alojados. «Detectamos vulneraciones en el efectivo acceso a una defensa técnica y la garantía del debido proceso judicial», puntualizó el defensor, que agregó detalles de las condiciones edilicias para exigir modificaciones. «La falta de agua en el edificio genera violencia constante», dijo.

De igual modo, Ganón presentó en el juzgado de instrucción nº 11 un recurso de hábeas corpus correctivo a favor de los internos de los Pabellones 8 y 13 de la Unidad Penitenciaria 11º de Piñero. La medida pretende terminar con el agravamiento en las condiciones de detención «disponiendo que se realicen las obras de refacción y mantenimiento que sean necesarias en un plazo de 45 días. También ordena la comunicación al poder Ejecutivo Provincial y a la Secretaría de Asuntos Penitenciarios a través del Director del Complejo Penitenciario de Piñero Alcalde Mayor Roberto Carlos Marchesín, encomendándole al mismo las obras».

Sin embargo el juez rechazó los «puntos identificados como higiene, alimentación, sanidad y asistencia médica de los internos».

Con respecto al Irar, personal de la Defensoría Provincial y de la Defensoría Regional de la 2º Circunscripción llegó el mes pasado al espacio donde se alojan jóvenes punibles en conflicto con la ley penal, ubicado en Provincias Unidas y Cullen, para realizar una «constatación de la situación en el marco de la elaboración del Plan de Trabajo del Servicio Público de Defensa Penal», que consiste en recorridas en diferentes unidades de detención santafesinas para presentar un informe a fin de año.

Para Ganón, en el instituto subyace la «ilegalidad de la detención y afectaciones en el debido proceso y defensa» de los niños y adolescentes allí alojados. «Los principales problemas se vinculan a la

infraestructura y a la violencia que se genera entre quienes habitan allí, y con los agentes del Servicio Penitenciario», planteó. También pidió que los funcionarios responsables sean citados a audiencia pública, «como establece la ley nacional de Hábeas Corpus; porque acá nadie le quiere poner el cascabel al gato», dijo; y criticó el proyecto del Centro de Justicia Penal que se levanta en predio del ex Heca. «Había otras urgencias», dijo.

fuente http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-35034-2012-08-09.html