La Coordinadora de Trabajo Carcelario, junto a un importante número de organizaciones defensoras de derechos humanos, advirtió al vicegobernador Jorge Henn, así como a los legisladores de ambas cámaras, que es anticonstitucional la norma presentada por el senador radical Lisandro Enrico, que pretende ampliar el dictado de la prisión preventiva para las personas reincidentes en el delito. «Tiene que analizar la inconstitucionalidad de la norma y no aprobarla, para evitar el avasallamiento de los derechos de las personas», dijeron desde la ONG. «De ninguna manera puede avalarse que alguien sea detenido en forma preventiva por el hecho de ser acusado de nuevos delitos, ya que ello no lo hace culpable y no significa que la persona vaya a evadir el proceso judicial, EL único justificativo para limitar la libertad de quien no se encuentra condenado», reza el documento entregado a las autoridades. «El encarcelar a alguien por el solo hecho de tener muchas denuncias, sin condena no es una medida preventiva sino punitiva y que en definitiva significa el fracaso de la justicia», resumieron.
La misiva dirigida al presidente del Senado advierte que «al mes de marzo, más de la mitad de las personas privadas de la libertad en Santa Fe se encontraban sin condena, lo cual deja de manifiesto que existe un abuso de esta medida, que por su carácter cautelar debe ser de aplicación excepcional».
Por otra parte, remarcaron que «un 40 por ciento de las más 4.300 personas detenidas se encuentran en dependencias policiales, sin que se garanticen las condiciones mínimas de habitabilidad, de higiene y salud. Así como tampoco resultan garantizados derechos básicos como la vida o la salud en unidades penitenciarias».
Por eso, para la CTC «la aplicación de la reforma sugerida, sin lugar a dudas, va agravar las ya precarias e inconstitucionales condiciones de detención de quienes se encuentra privados de libertad, sea por condena o en cumplimiento de prisión preventiva».
La cuestión fundamental resulta que el proyecto propuesto implica un «avasallamiento a principios constitucionales de superior jerarquía», como el artículo 18 de la Constitución Nacional, «que establece que nadie puede ser sancionado sin un juicio previo, principio reafirmado por los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por nuestro país, que garantizan la libertad personal y las garantías judiciales, como la necesidad de procesos eficaces y en plazos razonables».
En esta línea de razonamiento, recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado la atención a los distintos países de la región, incluida a la Argentina, sobre el «abuso de la prisión preventiva».
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en distintas resoluciones, ha establecido límites a la aplicación de la prisión preventiva. Así en el informe 35/07, caso 12.553 Jorge, José y Dante Peirano Basso contra la República Oriental Del Uruguay, ha dicho que: «esta limitación al derecho a la libertad personal, como toda restricción, debe ser interpretada siempre en favor de la vigencia del derecho; en virtud del principio pro homine. Por ello, se deben desechar todos los demás esfuerzos por fundamentar la prisión durante el proceso basados, por ejemplo, en fines preventivos como la peligrosidad del imputado, la posibilidad de que cometa delitos en el futuro o la repercusión social del hecho, no sólo por el principio enunciado sino, también, porque se apoya en criterios de derecho penal material, no procesal, propios de la respuesta punitiva. Esos son criterios basados en la evaluación del hecho pasado, que no responden a la finalidad de toda medida cautelar».
«El principio –apuntan– siempre debe ser la defensa de la libertad y la ley debe limitar la discrecionalidad judicial para defender nuestros derechos del abuso de la autoridad». Para la CTC, «las medidas propuestas en el proyecto de ley, de ninguna manera resultan una herramienta para disminuir o erradicar la inseguridad, ya que en la actualidad el número de presos sin condenas es elevado y de hecho en los últimos años los índices de prisionización han aumentado, aun más que los delitos denunciados, lo que revela que se encierra más que antes».
La nota esta firmada por Lilian Echegoy y Carmen Maidagan y tiene la adhesión de la Asociación Civil La Cantora, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), el CEPOC (Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos), el Comité contra la tortura de la Comisión Provincial de la Memoria, la APDH LA PLATA y Mar del Plata, entre otras.
La carta culmina con una frase de Eugenio Zaffaroni: «La mayor violación masiva de derechos humanos en el sistema penal argentino está dada por la prisión preventiva. La peor inseguridad que podemos sufrir es la que sufrimos frente al Estado cuando se convierte en delincuente».
fuente http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-34886-2012-07-29.html
