Las denuncias que decidieron al Ministerio de Seguridad de la Nación a sacar de su cargo el viernes al jefe de Drogas Peligrosas de la Policía Federal en Rosario y a dos de sus subordinados son variadas: en tres meses de gestión hubo acusaciones formales por estafa con el dinero del combustible destinado a las patrullas, intento de cobros en boliches para rehuir el control de la presunta venta de drogas en esos locales y hasta un importante secuestro de cocaína en Empalme Graneros «armado» para la difusión pública. Pero uno de los hechos más detallados por las víctimas resultó la extorsión a una empresa de remises de Granadero Baigorria que, según la denuncia elevada a Buenos Aires, incluyó un allanamiento ilegal a la sede de la firma.
Este hecho fue denunciado al Ministerio de Seguridad nacional que conduce Nilda Garré y examinado la semana pasada por funcionarios de esa cartera. Lleva el número de expediente 7340/2012 y fue uno de los motivos por los cuales relevaron de Rosario y pasaron a disponibilidad a tres empleados federales: el jefe de la delegación local de Drogas Peligrosas, subcomisario Gustavo Alejandro Serna, el sargento Hernán Desimone y el cabo primero Juan Mendoza.
Amenaza. De acuerdo a lo denunciado, la extorsión ocurrió el domingo 24 de junio a las 23, un mes después de que Serna y sus subordinados llegaran a Rosario. Según el planteo, los suboficiales Desimone y Mendoza fueron hasta la remisería en un utilitario Renault Express blanco con chapa ART 316, un vehículo secuestrado y afectado a la fuerza pero no identificable como móvil policial. Ambos ingresaron al comercio y le exigieron al operador telefónico de turno que llamara a los dueños de la empresa. De acuerdo a lo referido, como el operador no pudo contactar al propietario procedieron a allanar el local sin orden judicial alguna y sin testigos. Entonces le ordenaron al trabajador, según el texto de la denuncia, que los dueños acudieran a la brevedad con 100 mil pesos, porque de otro modo plantarían droga en la remisería.
La temeridad y alevosía de este comportamiento presunto tenía un reaseguro. No es algo desconocido en chantajes de esta clase. Ocurre que el propietario del comercio es una persona que acredita antecedentes penales en materia de drogas y ya cumplió una condena por ese delito. En base a ese pasado problemático, en situaciones así los policías infieles creen disponer de una carta fuerte para desacreditar cualquier denuncia ulterior que reciban. No obstante, los choferes nocturnos de la remisería y algunos vecinos del local fueron testigos, al menos, de que algo en extremo anómalo ocurrió.
Antes de retirarse los suboficiales, según la denuncia que obra en el Ministerio de Seguridad nacional, le dieron un número de Nextel al telefonista y renovaron la advertencia de que el dueño volviera al lugar con dinero.
El contacto. Finalmente el operador de la remisería pudo comunicarse con los dueños de la empresa y entonces, la esposa del propietario llamó al Nextel en cuestión. Fue atendida por uno de los suboficiales (que en la denuncia se identifica con nombre) quien le volvió a exigir la entrega de 100 mil pesos. La amenaza fue que en caso de que no lo hiciera les plantarían droga en cualquiera de los remises de la empresa. La intimidación se reiteró con un llamado del policía al día siguiente.
La denuncia fue presentada al Ministerio de Seguridad y este diario corroboró uno a uno todos los datos. Sin embargo, no se suministra la identidad de los denunciantes ni el lugar preciso donde ocurrió el hecho denunciado por el temor extremo que éstos manifiestan a raíz de la extorsión. Este diario también tuvo acceso a los números de aparatos de comunicación Nextel que presuntamente utilizaron en ese momento los policías. Todo está en posesión de funcionarios de la cartera comandada por Nilda Garré que por este motivo, entre otros, removió a los tres efectivos de la delegación de Francia 1293 de Rosario, a la vez que les ordenó la entrega de las armas reglamentarias y las credenciales policiales.
