«La agente Yamila Villalba, conocida como la Rosarina hacía desnudar completamente a las mujeres, inclinar hacia delante y toser para examinar el contenido de ano y vagina. Algo similar realizaba sistemáticamente incluso con las visitas de señoras mayores, menores de edad y hasta nenas de 2 años y hasta de 1 año y cuatro meses, a quienes se desnudaba y hacía separar las piernitas, práctica a la que, lógicamente, las pequeñas se negaban con gran aflicción». El texto corresponde al habeas corpus correctivo presentado por el Defensor Regional del Nodo 3 Mariano Mascioli sobre lo ocurrido en la comisaría 3º de Rufino.

El trato vejatorio y humillante propinado a familiares, allegados y niños durante las requisas previas a las visitas en ese establecimiento, generó al presentación del 12 de abril incoada por Silvia Gamba, Jefa General de la Región 3 del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. La abogada defensora aseguró: «Tomé conocimiento de la preocupación y angustia de los internos acerca de que sus familiares y allegados ‘no vinieran más a visitarlos’ por las humillantes requisas a que eran sometidos antes de ingresar, particularmente en manos de una agente policial».

De los testimonios aportados en audio por algunas de las víctimas a Gamba, se supo que «las mujeres sometidas a estas prácticas debían separarse las nalgas con las manos y toser frente a la agente policial mencionada, y que incluso en un caso con problemas de secuelas de enfermedad se ‘desconfió’ del flujo emanado y la mujer se vio obligada a ser interrogada y reexaminada por ello».

De igual modo, en la presentación se destaca que «en ninguna requisa realizada de ese modo –ni en otras anteriores– se encontró en el cuerpo o la indumentaria de las visitas objeto ni sustancia prohibida alguna, ni existía investigación u orden en curso que ameritara semejante revisión».

En este sentido, todas las víctimas manifestaron que «sólo requisaba así la agente Villalba, y algunas expresaron que ni para ingresar a la Alcaidía de Melincué las revisaban de modo tan vejatorio y humillante, sino que en general se las hacía desvestir por partes para poder ir cubriéndose durante el proceso».

El habeas corpus fue tratado en una audiencia oral y pública en la que participó el titular de la dependencia policial comisario Hugo Nieto. Justamente por los dichos del jefe policial en la misma audiencia «se evidencia que tales procedimientos se efectuaban por haber sido así enseñado en la academia policial, ya que las requisas deben ser ‘exhaustivas’ (sin otra precisión), y que, ante la vaguedad de ese concepto y falta de conocimiento de la normativa vigente, la interpretación de sus implicancias quedaba librado a cada agente encargado de tal tarea». Nieto reconoció que «tal metodología no respondía a orden judicial, fiscal ni jerárquica alguna».

Segun explicó Gamba, «la acción de habeas corpus fue decidida sobre la base de las graves afectaciones que este abuso institucional implicó para los privados de libertad, quienes, ante el temor fundado de que sus seres queridos ya no los visitaran generó gran inquietud, angustia y malestar, aumentando su vulnerabilidad y agravando así las condiciones de su detención, que se tornó altamente aflictiva».

Gamba informó además que, días antes, y «percibiendo irregularidades con la temática de las visitas especialmente de allegados y niños pequeños, a quienes muchas veces no dejaban pasar, llevó por cuenta propia una copia de la normativa penitenciaria. Aún así, no se tuvo en cuenta porque el comisario afirmó que ‘no estaban de acuerdo’ con tal normativa.

Finalmente, la jueza Lorena Garini hizo lugar al habeas corpus y ordenó la integración de una mesa de diálogo con diversos actores dentro de los 30 días, tarea que quedó en manos del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. La mesa estará conformada por representantes del Ministerio Público de la Acusación, la Coordinadora de Trabajo Carcelario y otros actores de la justicia penal.

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