Julia Amarilla Páez es una joven licenciada en administración de empresas y máster en finanzas que la semana pasada juró como directora de la Oficina de Gestión Judicial para el nuevo sistema penal, que el gobierno provincial promete poner en marcha antes de fin de año. En entrevista con Rosario/12, la funcionaria indicó que el área a su cargo -que actuará en la instancia de Apelación- viene a dar una «respuesta a la sociedad y a todos los nuevos actores en la reforma. Dará transparencia, eficacia y eficiencia». La oficina se va a relacionar con todos los actores y administrará la agenda del colegio de jueces de segunda instancia (de la Cámara Penal). Amarilla Páez plantea trasladar las «buenas prácticas» del sector privado -donde se desenvolvió durante diez años- a su primera función pública. Habló de la «despapelización».

Con las ideas claras sobre su función dentro de la Reforma Procesal Penal que entrará en vigencia en poco tiempo, la flamante directora de la Oficina destacó que «la nueva ley vino a separar las cuestiones administrativas de las jurisdiccionales, y en ese marco es donde aparece la oficina». En ese sentido, detalló: «Ahora se parte de un expediente escrito, donde en todo el proceso reina la acumulación de información. Eso genera lentitud y poca flexibilidad. Con la reforma aparecen las audiencias orales y públicas donde reina el resultado: que las audiencias se hagan en tiempo y forma. Todas las partes se encargan de reunir información y se presenta en el juicio, donde el juez escucha y decide. Ahí está la eficacia».

Amarilla Páez señaló que «la oficina abarca toda la parte administrativa que no hacen los jueces. Se va a encargar de dar soporte a los magistrados en todo lo financiero-administrativo, y de manejar todo lo que es recursos humanos y gestión de recursos físicos e informáticos para las audiencias».

La profesional subrayó que viene del ámbito privado, y durante una década se desempeñó en puestos dentro de empresas de primer nivel. Antes de ser seleccionada para cubrir el cargo, presentó un plan de gestión en el que planteó que «hoy la sociedad está reclamando más eficacia, flexibilidad y mayor transparencia».

Al hablar del sistema judicial escrito, que aún rige en la provincia, remarcó las nuevas ventajas: «Hoy todo es papel, pero el nuevo sistema plantea justamente la despapelización». E instó a «gestionar todos los recursos humanos y materiales para que se lleven adelante las audiencias: lo que hay que hacer es economías de escala y juntar en una misma unidad la administración, que es el lugar que ocupa la oficina; o sea, tener un menor uso intensivo de los recursos».

Además, destacó que «en Tribunales hay mucho personal valioso con mucha experiencia y queremos usar ese recurso humano con capacitación, porque se viene de un sistema distinto». Adelantó que «seguramente, habrá un periodo de cuatro o cinco años de dualidad de ambos sistemas, y de a poco vamos a ir afectando al personal que se quedó en el viejo», indicó.

Entre otras nuevas modalidades de trabajo, es de destacar que «los jueces serán convocados para audiencia y tomarán conocimiento en función de lo que expongan las partes». También el sistema de notificaciones «será más flexible para garantizar la audiencia: el resultado. Buscamos que se cumpla el éxito de la audiencia». Además, adelantó que se creará un padrón de correos electrónicos para usarlo como otro recurso de notificación.

-Se habla de la Oficina como el corazón del nuevo sistema, ¿por qué?

Porque es la oficina la que va a planificar todos estos recursos. Ahí va a recaer todo lo administrativo, mientras que los jueces van a cumplir su función de jueces dictando sentencia. La oficina se va a relacionar con todos; y habrá una persona que informe a la sociedad, mediante indicadores: decir que la oficina funciona bien no aporta nada; pero decir que un porcentaje de causas tienen sentencia firme, es un dato que hay que aportar a la sociedad.

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