Calificada por el gobierno provincial como la «gran reforma institucional de los últimos tiempos en Santa Fe», la puesta en marcha del nuevo sistema penal -prometido para el 10 de febrero- involucra a varios actores y hasta cambios edilicios. Rosario/12 indagó sobre los roles de la nueva estructura y sus ventajas. El ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, destacó la importancia de la oralidad y lo público: «No más misa en latín y de espaldas a la gente, sino liturgia en castellano y de cara a la sociedad». El fiscal general Julio de Olazabal aseguró que será «sorprendentemente más ágil en la resolución de causas, y más transparente». Se estima que los dos sistemas convivirán unos tres años, hasta que se resuelvan las causas anteriores a la reforma, y que seguirán el proceso con el sistema actual. Las que ingresen desde el 10 de febrero, se resolverán en el nuevo sistema.
Sobre el rol de los jueces en este cambio de paradigma, Erbetta señaló que «uno de los problemas estructurales del actual sistema es que los jueces desempeñan funciones de investigación y persecución penal (es juez y fiscal a la vez), funciones jurisdiccionales, exclusivas de la judicatura y funciones administrativas (la organización del juzgado, los empleados, etc.), que nada tienen que ver con la esencia de un juez. La única función indiscutible la hacen generalmente por escrito y en la soledad de un despacho». Y diferenció: «Con el nuevo sistema esta forma de trabajar desaparece. Los jueces tendrán sólo funciones jurisdiccionales y las van a desempeñar en audiencias públicas y orales a lo largo de un proceso. Ya no deben investigar; se separa la función de perseguir delitos y acusar, y la de juzgar, propio del sistema acusatorio. Tampoco tendrán que organizar juzgados, programar audiencias, supervisar empleados, ocuparse de sus licencias, ni de reclamar computadoras o papel. De eso se encargará la oficina de gestión judicial».
En Rosario, esa oficina estará bajo la dirección de una Licenciada en Administración de Empresas y un Ingeniero. «Desde allí se programará un juicio, la preservación de la prueba y la agenda de los jueces, que están sólo para que se les asigne un caso, una sala de audiencias y vayan a escuchar a las partes, sin ningún preconcepto, sin papeles, ni expediente. Hay que desterrar la cultura del trámite», instó el ministro.
Así, el juez escuchará, analizará la prueba que se produzca en la audiencia, y «se va a limitar a hacer lo único propio de un juez: resolver. No hay más expediente sino un sistema de registro compatible con la oralidad, que supone que el juez tome contacto en el momento de la audiencia con las peticiones y argumentos de las partes».
Para Erbetta, «se trata de un cambio estructural y paradigmático y es deseable que este paradigma que muestra al sistema penal a la vanguardia se extienda progresivamente a todos los fueros, porque ésta es una forma sustancial de democratizar la justicia y hay que impulsarla».
Al hablar de las ventajas del nuevo sistema, el ministro consideró: «Favorece la concentración e inmediatez del juzgador; y externamente, la transparencia, publicidad y control de los actos de gobierno que son principios del sistema republicano, porque cuando sólo se conoce la sentencia sin entenderse lo que la precede, la función jurisdiccional es concebida como la exteriorización de un tremendo y misterioso poder. También se procura agilizar la respuesta, hacer más igualitario el sistema y concentrarlo en los hechos más graves procurando soluciones más racionales (especialmente para la víctima) a los hechos menores. Esto, mediante la reformulación de la investigación penal y los nuevos criterios de persecución». Además, habló de «un sistema de defensa pública que posibilite la protección de los derechos de los ciudadanos que sean enjuiciados y al mismo tiempo se reivindica el rol de la víctima y se consagran mecanismos para que tenga participación activa en los procesos y pueda ejercer todos sus derechos. Un cambio fundamental consiste en proponer que la policía trabaje para los fiscales, que ellos sean los dueños de la investigación y no al revés».
A considerar que la reforma es «radical», planteó que «no alcanza con haber cambiado el programa. Necesitamos cambiar el chip en nuestra cabeza; es necesario cambiar un modelo y una práctica organizacional, operativa y de gestión. La reforma va a depender de todos los operadores. Debemos generar un verdadero cambio cultural porque los papeles por sí solos no cambian la realidad».
Erbetta indicó que aún hay que «profundizar los trabajos articulados entre los poderes, en los que venimos avanzando. Terminar la refuncionalización de espacios físicos en distintos puntos de la provincia, equipar las salas de audiencia, avanzar en un sistema operativo, tomar juramentos de las designaciones, notificar el sistema de traspaso de personal y acelerar el tratamiento de un proyecto legislativo que involucra mínimos ajustes normativos consensuados y que ya está en la Legislatura». Según indicó, el seguimiento es semanal. «Es voluntad de todos llegar en condiciones óptimas para que el 10 de febrero se inicie firmemente un nuevo sistema de justicia penal. Esa fecha es sólo el comienzo. Habrá que continuar ejerciendo un monitoreo para que se definan lo más rápidamente posible los casos anteriores que quedan en un sistema de conclusión de causas y para que desde el poder político se siga apuntalando y cubriendo las necesidades que vaya demandando el nuevo sistema a medida que avance».
Fiscales.
Según detalló De Olazabal, los fiscales van a tener dos tareas diferentes: «Por un lado, litigar, ir a las audiencias orales, sostener la acusación y producir la prueba; pero al mismo tiempo, van a dirigir la investigación, tarea que de alguna manera hoy hacen los jueces de instrucción. Pero, no acumularán prueba en expedientes, sino en simples legajos donde se anotará la prueba que se producirá en audiencias orales donde la gente pueda entrar a ver qué pasa y pueda juzgar nuestro trabajo».
Además, indicó que el sistema actual pasará a llamarse «de Conclusión de Causas». Según estimó, «durante al menos tres años van a coexistir los dos sistemas. Con el nuevo, la generalidad de las causas, en 6 u 8 meses, ya estarán para dictar sentencia», dijo.
De Olazabal señaló que «hoy las investigaciones son fraccionadas porque cada vez que entra de turno un juez trabaja según su criterio y le dice cómo actuar a la policía, cosa que atenta contra la eficacia de la investigación, porque no hay unidad de criterios. Con la reforma, no habrá turnos, sino que todos estarán trabajando y desde la Fiscalía General (en Rosario estará a cargo de Jorge Baclini) se van a impartir instrucciones de trabajo».
El funcionario indicó que «para simplificar el problema actual de trabajo con cada comisaría, la ley crea un organismo de investigaciones: un cuerpo no policial, sino técnico, que dependerá de la Fiscalía. Como esa ley recién tiene media sanción en la Legislatura, hasta que se apruebe funcionará una subsecretaría de investigación que creó el Ministerio de Seguridad. Va a reunir a todos los investigadores de la provincia, que recibirán órdenes con un solo criterio».
Desde la Fiscalía General saldrán protocolos de trabajo para establecer cómo se debe actuar: uno de los primeros será sobre el trabajo en el lugar del hecho, «para que no se haga como le parezca al comisario o al fiscal que esté actuando. Esto debe ser acompañado de un policía dotada de medios científicos, para ello se crearán dos laboratorios de investigación (en Rosario y Santa Fe)».
En cuanto al espacio físico para el nuevo sistema, De Olazabal explicó que los fiscales estarán fuera de los Tribunales. Al mismo tiempo, el Tribunal tendrá que adecuar sus instalaciones. «Habrá que voltear paredes y hacer salas de audiencias. Esto será simultáneo en toda la provincia», dijo.
Sobre los recursos humanos, señaló que «aún hay faltantes para Fiscalía: La ley prevé 144 fiscales, y en febrero habrá 79 en toda la provincia». Además, los fiscales actuales «podrán elegir si comienzan a trabajar también en el nuevo sistema. Con los empleados sucede igual».
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