En durísimos términos, los fiscales federales subrogantes Juan Patricio Murray y Federico Reynares Solari respondieron al juez federal Marcelo Bailaque que beneficia «la constante fragmentación» de las causas por narcotráfico, «con la imposibilidad de avanzar hacia estamentos superiores en este tipo de delitos complejos y de criminalidad organizada». Rechazaron así su consideración de «no aptos» para acumular cuatro causas hasta ahora sin imputados que se tramitan en ese fuero. En cambio, el Ministerio Público Fiscal considera que tienen «conexidad objetiva y subjetiva de diversos expedientes que se encuentran en instrucción». El escrito dice que la propuesta de Bailaque «significa desconocer la autonomía del Ministerio que representamos, titular de la acción penal pública y que se encuentra a cargo de la dirección de estas investigaciones». Y va más allá, al plantear: «Pareciera que Su Señoría no toma cabal dimensión de la problemática existente en nuestra provincia, y particularmente en la ciudad de Rosario acerca del crecimiento exponencial de las redes de narcotráfico, la feudalizacíon del territorio por parte de las mismas, la feudalización de las cajas recaudatorias de las agencias de seguridad estatal y el grado de corrupción existente en todos los poderes del estado».
El escrito firmado por Murray y Reynares Solari puntualiza primero una cuestión bien jurídica: «La aptitud o ineptitud resulta ser una categoría procesal inexistente dentro de la ley y de la doctrina para catalogar a una resolución judicial en sentido genérico».
Por eso mismo, rechazan la decisión de Bailaque, porque significa «atrasar las agujas del reloj a favor de la lentitud, ineficiencia y burocratización del servicio de justicia». Los fiscales consideran que tienen atribuciones para plantear la acumulación de causas, «máxime cuando los dos juzgados federales con competencia en materia criminal de instrucción y correccional han renunciado a actuar como investigadores, delegando a las fiscalías de la circunscripción prácticamente la totalidad de las causas que ingresan» para que las investiguen.
En ese punto, los representantes del Ministerio Público Fiscal le recuerdan a Bailaque que «los dos señores jueces federales actúan solamente como jueces de garantías de los derechos de las demás partes (imputados, querellas, etc.) de la investigación en manos de la Fiscalía».
El escrito -que incluye un pedido de pronto despacho de medidas solicitadas por la Fiscalía- tiene un tono inusualmente duro en los documentos judiciales: «No puede entonces Su Señoría erigirse en querer diseñar las estrategias de investigación criminal del Ministerio Fiscal, beneficiando con ello la constante fragmentación de las mismas, con la imposibilidad de avanzar hacia estamentos superiores en este tipo de delitos complejos y de criminalidad organizada». De este modo, los fiscales apuntan que no acumular causas beneficia a los eslabones más encumbrados del narcotráfico. De hecho, el 70 por ciento de las causas por droga se inician por la tenencia de pequeñas cantidades.
Para Murray y Reynares Solari, «lo que carece totalmente de aptitud» es la pretensión de Bailaque de «fulminar la acumulación de investigaciones dispuesta por este Ministerio Fiscal en su carácter de director de la investigación, titular de la acción penal pública y diagramador de la estrategia de persecución criminal».
Desde la óptica de los fiscales, «el sistema de justicia debe ser una instancia de solución y no parte del problema. Sino seguiremos abonando el pensamiento existente en el hombre común de que la corrupción también ha corroído a la agencia judicial».
El escrito de los fiscales adelanta una nueva forma de investigar las causas de narcotráfico. No tiene ninguna referencia concreta a expedientes en trámites, y tampoco trascendió cuáles son las causas que los fiscales acumularon.
Murray fue designado fiscal subrogante en Rosario a principios de diciembre, por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Su desembarco tuvo como objetivo agilizar las investigaciones por narcotráfico, después del desplazamiento de la anterior fiscal, Liliana Bettiolo, por su inacción en la causa que involucraba al ex jefe de la policía provincial, Hugo Tognoli.
Otros antecedentes en causas de narcotráfico dan carnadura al planteo de los fiscales. Por un lado, la excarcelación de Carlos Ascaini, después de que el kilo de cocaína que le secuestraron al momento de su detención se hubiera convertido en azúcar. Ascaini había sido detenido en mayo del año pasado en Villa Cañás y en noviembre, Bailaque lo excarceló tras los peritajes que demostraron la presencia de una sustancia inocua. Justamente, a Tognoli lo acusaban de complicidad con Ascaini, pero el juez federal Carlos Vera Barros le dictó falta de mérito. Es decir, que no había pruebas en su contra.
También César «Totola» Orozco fue detenido el 27 de junio pasado, en Firmat, y más tarde, por fallas en el procedimiento policial, Vera Barros lo excarceló. Sin embargo, a fin del año pasado, el 22 de diciembre, la Cámara de Apelaciones ratificó la validez del operativo policial y dispuso su detención.
fuente http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-37621-2013-02-10.html
