Esta semana se cumplen cinco meses desde la puesta en marcha del nuevo Sistema Procesal Penal en la provincia, y sólo en la Regional Rosario del Ministerio Público de la Acusación, ingresaron más de 43 mil causas. El fiscal regional Jorge Baclini, calificó con un 6,5 el funcionamiento de la Fiscalía, aunque planteó que teniendo en cuenta el «enorme esfuerzo» que hacen los fiscales frente a la falta de recursos humanos, «estamos en un 8». Es que los meses pasan y la carga de trabajo ya no es cero, como al principio; sin embargo, tanto los fiscales, como los jueces y los defensores públicos son los mismos que en el inicio de la reforma. Tal como advirtió el funcionario judicial, la situación podría complicarse en los meses siguientes, cuando los fiscales comiencen a tener juicios orales y públicos, que demandarán «una semana entera de preparación de la acusación, y otra semana de audiencias», por un solo caso. Si bien hay una veintena de profesionales concursando para ocupar nuevos cargos en la fiscalía regional, deben pasar el proceso que demanda la ley, antes de ser incorporados al equipo de trabajo.
«Tenemos más de cien acusaciones para ir a juicio», señaló Baclini para reflejar la carga de trabajo que les espera a los fiscales tras la feria judicial. Es que hasta ahora, la mayoría de los legajos judiciales iniciados desde el 10 de febrero, demandaron audiencias imputativas y de prisión preventiva, que en la mayoría de los casos se preparan de un día para el otro. También hubo audiencias preparatorias para llevar al imputado a juicio y otras de juicio abreviado, en las que fiscalía y defensa acuerdan una pena para el acusado, que debe ser avalada por un juez penal.
Baclini se expresó en sintonía con lo que planteó el fiscal General, Julio de Olazabal, semanas atrás. «Estamos en una situación crítica, como desde hace un tiempo, tanto con los empleados (son 30 en la regional) como con los fiscales. Para mejorar el trabajo necesitamos recursos humanos, sino en la diaria se hace complicado y requiere mucho esfuerzo. Hoy los fiscales están rebasados de trabajo, y todavía sin juicios»; pero después de la feria, 105 juicios demandarán más trabajo a los acusadores. «Son unos tres juicios por cada fiscal», graficó Baclini.
Según los números que maneja el Ministerio Público de la Acusación, desde que se puso en marcha el nuevo sistema penal, se realizaron más de 1.700 audiencias orales y públicas, en la regional Rosario. La Unidad Fiscal de Homicidios Dolosos tiene 98 crímenes en investigación, de los cuales varios ocurrieron en ocasión de robo, peleas entre bandas y conflictos interpersonales. Las armas de fuego fueron las más utilizadas para cometer delitos, ya que aparecen en más de mil denuncias; mientras que las armas blancas fueron empuñadas en 291 casos.
El listado de hechos que investiga la fiscalía continúa con 114 legajos judiciales a cargo de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos. En tanto, el departamento fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, suma 278 carpetas en investigación. Entre las denuncias que más llegan a la fiscalía regional, aparecen los casos de violencia de género y violencia intrafamiliar, que en total ascienden a 1.100, en estos cinco meses. Los accidentes de tránsito generaron más de ocho mil causas, y los cheques extraviados, 3.800.
En tanto, desde febrero a esta parte, la fiscalía cerró 151 casos con la alternativa de juicio abreviado. Al respecto, el fiscal regional explicó que se trata de procesos que llegan a juicio mediante un acuerdo entre el fiscal actuante y el abogado defensor del acusado. Ambos elaboran una propuesta de pena para el imputado, dentro de lo estipulado por la ley, y se la presentan a un juez que puede avalarla o rechazarla. «Siempre, las condenas deben ser homologadas por un juez», aclaró Baclini.
Entre otros números, el MPA realizó más de 700 allanamientos, en el marco de las investigaciones en marcha. Sobre el total de 43 mil legajos judiciales, hay 12.500 causas con imputados no individualizados (NN). Además, hay 143 funcionarios policiales imputados en causas penales por apremios ilegales, abuso de autoridad, abuso de armas, incumplimiento de deberes, enriquecimiento y otros.
En estos meses, 223 causas fueron enviadas a la oficina de Mediación de la Corte Suprema de Justicia, en Tribunales. Mientras que en el MPA, 57 casos se resolvieron mediante conciliaciones. En 20 casos se dictó una suspensión de juicio a prueba (probation).
Finalmente, Baclini enumeró otros déficits además de la falta de personal. «Nos falta mayor desarrollo del sistema informático. También todo lo que hace a cuestiones del edificio comienzan a notarse. Hoy se complica porque trabajamos con mucha gente. Cuando esté terminado el nuevo edificio (en el ex Hospital de Emergencias Clemente Alvarez) nos va a dar mucho más ordenamiento. En lo que hace a la operatividad también, porque se van definiendo criterios y vamos corrigiendo, operativamente vamos mejorando con eso también».
En cuanto al trato con las víctimas, Baclini consideró que se pone «especial atención» en ellas, aunque no descartó que pueda haber casos en los que el denunciante o víctima de un delito no se sienta conforme.
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