La ley de mano dura que el Senado sancionó por unanimidad y giró a la Cámara de Diputados para ampliar la prisión preventiva a más casos y restringir las excarcelaciones impactó ayer de lleno en el Frente Progresista. El ministro de Justicia, Juan Lewis y su colega de Seguridad, Raúl Lamberto, coincidieron en tomar distancia del proyecto que impulsó el senador de la UCR, Lisandro Enrico, con el apoyo de su bloque y de sus colegas del PJ, con la excepción del socialista Miguel Lifschitz, que faltó a la sesión del jueves por un problema de salud (ver aparte). «Es un desatino desde el punto de vista jurídico y constitucional. Un retroceso. Sería borrar con el codo lo que la Legislatura escribió con la mano», dijo Lewis y deslizó que si la ley sale de Diputados -donde ya genera turbulencias políticas podría ser vetada por el gobernador Antonio Bonfatti, porque su «constitucionalidad es bastante dudosa».
La ley Enrico cambia las normas del Código Procesal Penal para que los jueces dicten con más facilidad la prisión preventiva y restingan las excarcelaciones. «No es un avance, al contrario. Porque significa que la Legislatura está volviendo sobre sus pasos, está deformando el Código Procesal Penal que votó hace muy poco tiempo, a mediados de 2007», recordó Lewis. «Incluso, la propia Legislatura revisó este tema a fines de 2008, cuando votó una ley de aplicación progresiva del Código, que entró en vigencia en febrero de 2009», agregó.
¿Usted lo considera un retroceso jurídico? -le preguntó un colega de LT8.
Sí. Porque implicaría volver al Código anterior, al Código viejo. Hoy, la regla general es la libertad y la excepción, la prisión preventiva, porque se trata de presuntos inocentes. Con esta modificación que aprobó el Senado, se da un vuelco porque la regla parece ser la prisión y la excepción la libertad. Y esto es un desatino desde el punto de vista técnico, jurídico y constitucional. Aunque a esto deberín decirlo los jueces, yo creo que hay razones para pensar que toda la jurisprudencia va en otro sentido. Seguramente, esta iniciativa va a ser impugnada, a partir de una constitucionalidad bastante dudosa explicó.
Lewis dijo que antes de la sanción del Senado, le planteó al senador Enrico su desacuerdo y el del gobierno con el proyecto. «Entiendo que hay razones de oportunidad que desaconsejan esta media sanción porque el Código todavía no está vigente en su totalidad. Es inminente que empiece a regir completo y este es un Código que tiene otras herramientas para solucionar de manera más efectiva este problema, por ejemplo, reducir los plazos de investigación y hacer procesos más cortos», afirmó el ministro.
«Hablé con Enrico, me parece preocupado por el tema de la seguridad, pero la solución que ha propuesto en el Senado no es la correcta. Y le expresé mi punto de vista, que no estaba de acuerdo con esto», reveló Lewis.
¿Y qué pasa si Diputados lo convierte en ley?
Bueno, todavía tiene que pasar todo ese trámite, tiene que haber una discusión de por medio. Se están dejando de lado normas sancionadas hace muy poco tiempo, de modo que no lo vería como algo tan automático. Creo que habrá un debate importante -sostuvo Lewis.
Lamberto coincidió con el pronóstico de su colega de gabinete. «Yo no quiero anticiparme. Pero en Diputados se ha trabajado mucho en la reforma del Código Procesal Penal, se estudiaron los temas con dedicación. Así que no creo que estén dispuestos a modificar una postura que vienen sosteniendo desde que se aprobó el Código (en 2007). El Código aún no está vigente en su totalidad, y si hay que hacer correcciones, primero debería estar en funcionamiento», explicó.
¿Usted piensa como Lewis?
Si -enfatizó Lamberto-. Y pienso que el reclamo de la sociedad en parte va a estar solucionado con el nuevo Código Penal.
fuente http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-34967-2012-08-04.html
