Claudio Bermúdez, el juez santafesino que suspendió la aplicación del protocolo para atender abortos no punibles en hospitales públicos será denunciado hoy por el delito penal de prevaricato, revelaron la diputada provincial Alicia Gutiérrez y el abogado constitucionalista Domingo Rondina. Además, la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe pedirá hoy que la Legislatura someta al magistrado a juicio político. Rondina reparó en que la medida cautelar frena los abortos no punibles en los hospitales públicos, y no incumbe al aparato privado de salud, por lo que, en la práctica, la restricción corre para las mujeres que no pueden pagar esa intervención y libera a quienes sí pueden costeársela en una clínica. Es el tercer magistrado del país que recibe una acusación de esta gravedad por avanzar sobre el derecho de las mujeres, a contrapelo de la Constitución y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó en claro que el aborto está permitido y no es punible cuando el embarazo es consecuencia de una violación, y vale para toda paciente, sea insana o no.
«Con otros legisladores demandaremos al juez por violar la Constitución y el fallo de la Corte Suprema del 13 de marzo, y la última decisión de la Corte en el caso F.A.L.», adelantó Gutiérrez. Se refirió al pronunciamiento del máximo tribunal sobre el caso de una niña violada y embarazada por su padrastro en Chubut, y de otro en el que la Justicia porteña intentó impedir que una mujer víctima de trata pudiera abortar el embarazo resultante de una violación. En ambos casos, la Corte estableció cómo interpretar el artículo 86 del Código Penal: que toda mujer, no necesariamente «idiota o demente», tiene derecho a interrumpir su embarazo si es producto de una violación, y no necesita ninguna autorización judicial. El juez en lo civil y comercial de Santa Fe Claudio Bermúdez falló en sentido opuesto al darle curso a una medida cautelar interpuesta por los letrados Gerardo Casadei –que dirige la comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Rosario– y Gabriela Quadri, ambos del Partido Demócrata Cristiano.
«El juez debió haber dejado de lado sus creencias religiosas y respetar la Constitución y a la Corte», remarcó la legisladora del partido SI en el Frente Progresista.
Por eso Bermúdez será denunciado hoy ante el fiscal de instrucción en turno en Santa Fe por prevaricato con argumentos similares a los que el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y la legisladora porteña María Rachid acusaron a la jueza Myriam Rustán de Estrada, interviniente en el caso F.A.L. Explicó Rondina: «Este delito ocurre cuando un juez, a sabiendas de que hay una norma que dispone en un sentido, toma una decisión en diferente. Y Bermúdez no puede desconocer que la Corte dijo con claridad cómo se lee ese artículo 86 del Código Penal. Él sostiene que la declaración jurada de la mujer violada no es suficiente, que debe demostrarlo. Para empezar, la violación es un delito de índole privada que no obliga a la víctima a denunciarlo. El juez no puede obligar a la víctima a hacer lo que el Código no la obliga», expuso el abogado.
La Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, en tanto, impulsará hoy en conferencia de prensa un pedido a la Legislatura para que someta a Bermúdez a juicio político.
Indignado, Rondina criticó que el magistrado ayer, en declaraciones radiales, minimizara los efectos de su resolución porque «sólo regirá mientras dure el juicio». «Quiere ningunear la trascendencia de esa cautelar que mientras tanto suspende el protocolo en toda la provincia. Es lo mismo que dice Micky Vainilla: ‘¿Por qué se ofenden? Sólo hago pop para divertirme’, es el Micky Vainilla de Tribunales», comparó en alusión al músico filo nazi que encarna el actor Diego Capusotto. «Durante los meses que dure la cautelar, toda mujer violada será obligada a tener el hijo del violador. Todas no: la medida atañe sólo a hospitales públicos, o sea que una mujer que puede pagar el aborto sigue sin problemas si va a una clínica privada. ¿Cómo indemnizará el Poder Judicial este desaguisado?», enfatizó el constitucionalista. Y refractó opiniones que observaron una supuesta censura a la libertad de pensamiento de Bermúdez. «El juez no tiene libertad ideológica, su única religión como funcionario es la Constitución y debe aplicarla tal cual es», subrayó.
fuente http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-36039-2012-10-17.html
