Publicado el 03/08/2014 – Tras la revelación de EL LIBERAL sobre la existencia de 142 celulares en poder de los reclusos de la Unidad 35 de Colonia Pinto, se produjeron importantes repercusiones en esferas nacionales, donde las principales autoridades del área tomaron cartas en el asunto y decidieron ponerle fin al uso sin control de los mencionados aparatos que habían sido autorizados por los propios directivos carcelarios. 
Las contradictorias declaraciones de las autoridades locales quienes habían reconocido que los internos tenían celulares y 24 hs. después lo negaron argumentando que los reos se comunicaban a través de los teléfonos fijos que se encuentran ubicados en los pabellones, produjo la reacción de las máximas autoridades del Servicio Penitenciario Nacional que debieron enviar una especializada comitiva para observar la realidad de la situación y tomar las medidas convenientes para su solución. 
En entrevista grabada habían admitido que ‘uno de cada 3 o 4 internos poseen celular’. Luego se desdijeron mediante un comunicado. 
Toda esta situación motorizó la llegada de las autoridades nacionales quienes habrían podido corroborar la existencia de 142 celulares en poder de los reclusos, los que se encontraban dentro de los pabellones y sin controles. Ante ello, la delegación compuesta por directivos y técnicos trabajó durante varios días con mucha seriedad y responsabilidad para alcanzar una solución al problema. 
Las medidas comenzarían a llevarse adelante la semana entrante. 
En los últimos días habrían llegado desde Buenos Aires 20 aparatos de telefonía celular que se están poniendo a punto y que serían entregados a razón de 3 aparatos por pabellón. 
Además se supo que los teléfonos contarían con un dispositivo para controlar las llamadas de los reclusos y así poder detectar si su uso se vincula a la continuidad de la actividad delictiva. 
Dichos teléfonos contarían también con un mensaje previo a la comunicación a través del cual la persona que recibe el llamado sepa anticipadamente antes de atender que dicha llamada proviene de un establecimiento carcelario pudiendo aceptar o no recibirla. 
Entre lunes y martes se llevaría a cabo una requisa simultánea en todos los pabellones del penal y se retirarían los teléfonos en poder de los reos para el reemplazo. 
También en los últimos días estuvo trabajando personal de la empresa Telecom e instaló antenas para ser utilizadas para el correcto funcionamiento de cada una de las líneas fijas que se encuentran en los pabellones. 
Las máximas autoridades del Servicio Penitenciario federal nacional desautorizaron en abril de este año, la existencia de celulares en poder de presos de la Unidad Penitenciaria de Colonia Pinto, pero desde entonces, los intentos por recuperar esos equipos chocaron con la negativa de los reos a entregarlos. 
Tal como informó EL LIBERAL, en ese penal habría más de cien aparatos celulares. En un momento en que la institución carecía de teléfono público, provisoriamente se les permitió la tenencia de estos aparatos hasta solucionar los inconvenientes y para favorecer el contacto de los reclusos con sus familiares, amigos, allegados, defensores y todos aquellos interesados en su reinserción social. 
Pero los problemas de comunicación fueron solucionados y sin embargo el ingreso de celulares no sólo no se detuvo sino que fue en aumento. 
El Servicio Penitenciario Nacional señaló en su momento que es reconocido el riesgo que genera el uso del celular para vulnerar la seguridad de cualquier establecimiento penitenciario puesto que la transferencia de información podría ser utilizada para facilitar evasiones, fugas o perpetrar ataques exteriores. 
A su vez indicó que ‘es de público conocimiento la modalidad delictiva que involucra la extorsión telefónica y los secuestros virtuales ejecutados desde penitenciarias mediante el empleo de celulares y a su vez ante la disparidad en la posibilidad de adquisición de los equipos telefónicos en el marco de su condición económica constituiría un probable foco de conflicto entre ellos y desencadenaría en situaciones de violencia’. 
Finalizó: ‘La restricción de uso de teléfonos celulares por parte de las personas privadas de la libertad responde a una medida de alcance general, respetuosa de las leyes cuyo principal objetivo es impedir el uso sin control de los mismos, tendiendo a evitar la facilitación en la comisión de ilícitos por lo que se dispuso no aprobar en Colonia Pinto el uso y tenencia de celulares por parte de la población penal’. 

http://elliberal.com.ar/ampliada.php?ID=146339