El vocero de Ricardo Casal fue tajante: “El ministro trabaja como siempre, y cuenta con el apoyo del gobernador”. Aquellas palabras –pronunciadas en una comunicación telefónica con Miradas al Sur– bastaron para derrumbar un rumor que circuló con notable persistencia en los últimos días: la renuncia de dicho funcionario y su decoroso salto a la Fiscalía de Estado, un cargo vitalicio vacante desde el fallecimiento del fiscal Ricardo Szelagowski.
Todo sonaba muy verosímil, al punto de que su reasignación hasta generó un encendido debate en la Legislatura provincial. El rumor incluía otro vaticinio: el desembarco en La Plata del actual secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Lo que se dice, un golpe de timón. Pero oportunamente desmentido: “El ministro trabaja sobre una agenda a futuro, y su diálogo con el gobernador es impecable”, insistió el vocero.
Lo cierto es que fueron días raros. Contrariando sus hábitos, Daniel Scioli no se dejó ver en ningún allanamiento. En cambio, recibió en persona –por primera vez en su gestión– el informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sobre violencia y torturas en cárceles y comisarías bonaerenses. También recibió a los familiares y amigos de Luciano Arruga, desaparecido el 31 de enero de 2009 en una comisaría de Lomas del Mirador. El ex corredor de lanchas no ocultó su asombro al oír en boca de los visitantes –acompañados por miembros de la CPM– detalles sobre cómo la policía recluta niños y adolescentes para cometer delitos. En paralelo, el vicegobernador Gabriel Mariotto se reunía con intendentes del conurbano para discutir el proyecto legislativo de la policía comunal.
Fue curioso que en aquellos tres escenarios Casal no estuviera presente. Peor aún: Casal ni siquiera acudía a su despacho. Ello robusteció las habladurías. En realidad, el ministro se hallaba muy atareado en reuniones de trabajo con representantes de las patronales agropecuarias y jefes de la policía rural para acordar una estrategia de lucha contra el cuatrerismo. Mientras tanto, los movileros lo echaban de menos.
Un lustro atrás, el nombre de ese oscuro ex oficial penitenciario con diploma de abogado le había sido sugerido a Scioli para la cartera de Justicia por un amigo en común. Nadie entonces imaginó que Casal sería su ministro favorito, su brazo derecho y el fetiche de su gestión. Una gestión cifrada en una presunta guerra con el crimen. Es que el gobernador cree que su buena imagen depende de esa cruzada. En ello, precisamente, cobra importancia la figura de Casal, cuya afinidad con la corporación policial es absoluta. Esto último –ya se sabe– suele ser un cuchillo de doble filo. ¿Si las circunstancias se lo exigieran, Scioli podría desplazar a Casal de un modo no traumático? ¿Cual sería, en ese caso, el humor de los uniformados? Hay quienes piensan que el gobernador es ahora un rehén de su propia política.
Daños colaterales. El presunto alejamiento del Candado –así como llaman a Casal por su pasado penitenciario– puso en alerta al comisariato de la Bonaerense. De hecho, la cúpula encabezada por Hugo Matzkin vio peligrar su continuidad, mientras la línea dura de la fuerza se abroquelaba ante la improbable llegada de Berni. El asunto, además, coincidía con los ascensos de unos 24 mil efectivos, lo cual agregaba a la situación un toque aún más vidrioso. Tanto es así que, en la última semana hubo conciliábulos secretos de oficiales superiores, en donde fueron consideradas ciertas vías de resistencia que contemplaban desde “poner palanca en boludo” –como se le llama en la jerga canera al trabajo a reglamento– hasta el liso y llano recurso de las zonas liberadas. En el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) no flotaba un clima menos tenso. Sin embargo, el hecho de que finalmente no prosperara el recambio ministerial apaciguó el panorama. Al parecer, la cuestión sólo fue un globo de ensayo. Y en una coyuntura muy particular.
La reciente difusión pública de imágenes sobre torturas a un preso de la Unidad 32 es apenas una postal de un inframundo cada vez menos oculto. Las estadísticas del informe anual de la CPM cuentan el resto: en 2011 hubo 129 muertes violentas en las 54 cárceles del SPB, además de 7089 denuncias por violaciones a los derechos humanos, que incluyen maltratos y torturas. Del otro lado de las rejas, en el vasto territorio provincial –según cifras del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi)–, los episodios de gatillo fácil aportaron ese año 133 cadáveres, sobre 241 en todo el país. Y a tal cuadro se le suma algo de imprevisibles consecuencias: la inminencia del dictamen de la Comisión del Senado bonaerense para el seguimiento de la investigación del caso Candela.
En abril –a ocho meses del secuestro y asesinato de la niña Candela Sol Rodríguez, de sólo 11 años–, el expediente se desplomó con inusual estrépito. La nulidad fue resuelta por la Sala III de la Cámara de Apelaciones de Morón. El fallo apartó al juez Alfredo Meade, aconsejó hacer lo propio con el fiscal Marcelo Tavolaro y dispuso la excarcelación inmediata de los sospechosos presos. Unos días después, la Comisión del Senado iniciaba sus acticidades. Considerada la mayor estafa jurídico-policial de la última década, es posible que esa pesquisa sea recordada como una pieza sublime de la dramaturgia. Edificada con datos ficticios, pruebas plantadas, testigos no identificados y el arresto de personas inocentes, tal montaje no tuvo otro propósito que el de encubrir, en los arrabales de ese crimen, los negocios de los uniformados con el hampa en la zona de Hurlingham y San Martín. En resumidas cuentas, el minucioso análisis del expediente por los senadores y las declaraciones de casi medio centenar de implicados en las actuaciones habrían dejado al descubierto a los responsables de esa farsa y el protocolo implementado en la ocasión. Al respecto, resultó ilustrativa la penosa presentación legislativa de Tavolaro, quien, abrumado por sus propias irregularidades, rompió en llanto como un niño perdido en el bosque. No es exagerado decir que dicha pesquisa es nada menos que un caso testigo de otras tramas con factura más discreta. Historias anónimas. Sin difusión. Unos 5000, para ser exactos –según cifras del propio Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense–, con ciudadanos privados de su libertad en base a testimonios mendaces y pruebas sin consistencia. Un atractivo festín para el señor Franz Kafka. Y también una tradición procesal que, a 28 años del retorno de la democracia, reconoce su origen en la larga noche de la última dictadura.
Pero a Casal aún no le llegó su hora final.
fuente http://sur.infonews.com/notas/scioli-rehen-de-la-bonaerense
