La reforma y actualización de los códigos incluirá temas de altísimo impacto social. Habría mayor agilidad para la disolución matrimonial y se instauraría el contrato prenupcial. Aquí, la primera postura de la Iglesia y las estadísticas de la última década sobre las separaciones conyugales

La presidenta Cristina Fernández anunció el pasado jueves que enviará este año al Congreso el proyecto de unificación de los códigos Civil y de Comercio de la Nación, un proyecto en el que trabaja desde el 2011 una comisión conformada por el presidente de la Corte suprema, Ricardo Lorenzetti; por su vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco, y por la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci.

El año pasado, el Decreto Presidencial 191 creó la “Comisión para la elaboración del Proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación”. De este modo, el Estado empezó a dejar atrás un Código de matriz conservadora, escrito cuando se hablaba de Elecciones Universales pero se excluía el voto femenino.

De todos los códigos que rigen una nación republicana, el civil es fundamental ya que abarca una gran cantidad de temas de alto impacto social. La idea del Código es la sistematización de todas las leyes que trabajan sobre un mismo tema en un mismo cuerpo legal.

La reforma que encara el gobierno nacional es vista con buenos ojos por la enorme mayoría de los juristas del país, de modo que el año que transcurrió, desde la creación de la Comisión encargada de la redacción, sirvió para recibir propuestas de organizaciones sociales.

El espíritu de la modificación es una visión laica y moderna del Derecho de Familia, nudo del Código Civil.

Esta verdadera “revolución ciudadana” tiene el objetivo explícito de terminar con las inequidades derivadas del hecho de que a los sectores menos favorecidos de la sociedad siempre se les complica el acceso a la justicia para resolver los temas de la vida cotidiana.

Cada vez que se modificó una ley compilada en el Código, tal como la Ley de Matrimonio, que se modificó en los ’80 para permitir el divorcio y más recientemente para incluir el matrimonio igualitario, se lo hizo de hecho.

La reestructuración del cuerpo de leyes intentará dar coherencia al conjunto, actualizarlo y lograr que se simplifique el acceso a la justicia para todos los ciudadanos. Y, por otro lado, se lo unificará con el Código Comercial, lo que equivaldrá a simplificar conceptos que aparecen hoy duplicados en los códigos. Esto exige la reformulación de distintos institutos del derecho que a la vez se actualizan acorde el correr de los tiempos presentes.

Además de los temas más visibles como la fertilización asistida, el alquiler de vientre y los contratos prenupciales, hubo un gran debate en torno de las adopciones, sobre cuyo régimen hay varios proyectos en el Congreso. En este caso se intentará simplificar al máximo para evitar que haya plazos de hasta cuatro años en la lista de espera.

Por el lado del llamado divorcio exprés eliminará el plazo de dos años de interrupción de la cohabitación sin voluntad de unirse que hasta el momento se establecía para esperar los posibles “arrepentimientos” de los cónyuges.

La participación de especialistas fue ampliando la lista de temas que hubo que “emprolijar” para que no hubiera redundancias entre los distintos artículos. Por ejemplo, y en concordancia con las reformas introducidas a la Constitución Nacional en 1994, se incorporan institutos no codificados hasta la fecha como la propiedad comunitaria indígena, los derechos de incidencia colectiva y los derechos de igual categoría que pueden ser ejercidos mediante la acción colectiva.

Existe además un tratamiento que habla de la incorporación definitiva de los derechos de protección al consumidor. El proyecto innova también en materia de propiedad horizontal especial, la regulación de la propiedad de tiempo compartido, el cementerio privado y los contratos de transporte, arbitraje, fideicomiso, leasing, agencia, concesión y franquicia.

Asimismo, se contempla el reconocimiento de la sociedad unipersonal, sin antecedentes en la actual Ley de Sociedades Comerciales. Completa la obra la incorporación de normas de Derecho Internacional Privado, mediante un texto que expresa una regulación sistemática.

La redacción del borrador del nuevo Código pasará a debate en el Congreso Nacional. De este modo, es esperable que en el transcurso del año legislativo se abra el capítulo de un Código moderno, acorde a las libertades y derechos que cada argentino supo conseguir.

La postura de la Iglesia

Desde la Iglesia ya analizan el proyecto. Un cónclave con 20 obispos evaluará la propuesta sobre el divorcio y la reproducción asistida que comenzó por iniciativa del gobierno nacional.

«Algunos puntos, en primera lectura, llaman la atención y chocan con las posturas de la Iglesia«, adelantó monseñor Antonio Marino, de la Diócesis de Mar del Plata, según informó Infobae.

«Aún no analizamos el anteproyecto exhaustivamente, pero seguimos con atención el tema«, indicó el obispo de Mar del Plata. Además, consideró que seguramente se debatirán durante varias reuniones ecleciásticas.

La iniciativa busca dar sustento jurídico a la reproducción humana asistida, a los contratos prenupciales, al divorcio exprés y a la gestación por sustitución (alquiler de vientres). Por su parte, la Iglesia tiene miedo que con estas reformas se deje de reconocer el nacimiento a partir del momento de concepción.

Monseñor José María Arancedo, presidente de la Conferencia Episcopal, será el encargado de llevar adelante el cónclave que se llevará adelante durante este martes.

Hasta que la vida los separe

Como nunca antes en la historia argentina se ejecutaron separaciones conyugales en esta última década. Según las cifras del último censo, entre 2001 y 2010 hubo un total de 564.396 disociaciones legales. Esta cantidad es aún mayor que la de 1987, fecha en que se aprobó la Ley de Divorcio Vincular.

De acuerdo con recuentos dela Justicia en la ciudad de Buenos Aires, el 54% de las parejas que se divorciaron en la Capital Federal durante 2010 acarreaban menos de diez años juntos; y el 34%, menos de seis.

La cantidad de separaciones y divorcios creció un 300% en tan solo 30 años. En 1980 había una cantidad de 423 mil personas divorciadas en el país, pero el último censo muestra que esa cantidad aumento hasta 1.764.400.

La infidelidad y el maltrato se colocaron entre las más frecuentes acusaciones en conflictos de esta índole, mientras que las mujeres de entre 25 y 35 años conforman el 60% de las demandas.

Los divorcios no son gratuitos, el deseo de desligarse de su pareja de forma legal puede llegar a costarle a la gente hasta 6000 pesos por persona.