A seis meses del debut del modelo de procedimiento oral y público, el gobernador Antonio Bonfatti encabezó ayer en la Casa Gris la segunda reunión de la Mesa Interinstitucional de Seguimiento de la nueva justicia penal. El espacio fue constituido a los efectos de detectar falencias o eventuales inconvenientes en el funcionamiento del sistema, e implementar políticas necesarias para corregirlas.
El ministro de Justicia y Derechos de la provincia, Juan Lewis, expresó que a 180 días de la puesta en vigencia del nuevo sistema “el balance es altamente positivo ya que se ha demostrado que es enormemente superior a la manera en que funcionaba el anterior procedimiento penal”. Y agregó que “las principales ventajas que destaca la ciudadanía es la inmediatez y la transparencia”.
Además, en el contexto de la mesa interinstitucional se dieron a conocer una serie de datos y cifras respecto de la reforma. En primer lugar, se indicó que al 10 de febrero pasado (día del debut) se encontraban designados 80 fiscales y 56 defensores públicos para la nueva justicia penal. Y en la actualidad, a pedido del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, hay más concursos en marcha.
En total, son 50 cargos de fiscales y 27 cargos de defensores públicos, de los cuales 11 fiscales corresponden a la Circunscripción Santa Fe, 22 a la Circunscripción Rosario, cinco a la Circunscripción Venado Tuerto, seis a la Circunscripción Reconquista y seis a la Circunscripción Rafaela. En cuanto a los defensores públicos, 10 cargos corresponden a la Circunscripción Santa Fe, 11 a la Circunscripción Rosario, tres a la Circunscripción Venado Tuerto, dos a la Circunscripción Reconquista y una a la Circunscripción Rafaela.
De esa manera, el sistema pasará de 80 a 150 fiscales; y de 56 a 83 defensores públicos. En tanto, desde el 10 de febrero al 23 de julio se han realizado más de 4.000 audiencias penales orales y públicas. Este dato incluye primera y segunda instancia. Dicho número implica que, como promedio, se realizaron 24 audiencias por día en toda la provincia, 12 de ellas en la circunscripción Rosario y casi siete en la circunscripción Santa Fe.
Asimismo, el informe presentado ayer a las autoridades de los tres poderes del Estado marca que se dictaron más de 200 condenas provenientes de juicios abreviados en toda la provincia, lo que representa más de un juicio abreviado por día, correspondiendo 151 a la circunscripción Rosario, 23 a Venado Tuerto, 22 a Santa Fe, siete a Reconquista y nueve a Rafaela. A su vez, más de 100 casos ya concluyeron con salidas alternativas, lo que incluye conciliaciones y suspensiones de juicios a prueba y se encuentran tramitándose más de 350 mediaciones penales en toda la provincia.
El nuevo proceso penal –que rige para todos los delitos cometidos desde el 10 de febrero de 2014 a en la provincia– es más accesible, ágil y transparente ya que acerca la Justicia a las personas, las decisiones se adoptan en audiencias orales y públicas, la respuesta frente al delito es más rápida y se busca llegar a la solución del conflicto, explicaron desde el Poder Ejecutivo.
Al respecto, el ministro Lewis declaró: “Lo que nos transmite la ciudadanía y distintas organizaciones de la sociedad civil es que notan las diferencias entre los distintos sistemas. Por supuesto que con una mirada crítica, ya que se trata de las instancias donde se llevan adelante muchos de los intereses más importantes que tienen los ciudadanos víctimas de delito”.
De todas formas, aclaró que las reacciones “varían de acuerdo a las distintas regiones, porque en este sistema donde los actores están tan expuestos, una de las tantas ventajas que tiene respecto del sistema anterior, es que ahora hay un funcionario responsable de la política criminal, que es el Ministerio Público de la Acusación”.
Además de Bonfatti y Lewis, del encuentro de la mesa interinstitucional también participaron el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto; en representación de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, su presidente, Rafael Gutiérrez, junto con los ministros Daniel Erbetta, María Angélica Gastaldi, Mario Netri, Eduardo Spuller y Roberto Falistocco; el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Julio De Olazábal; y los legisladores –un representante de cada cámara– que integran la comisión Bicameral de Seguimiento de la Reforma Procesal Penal.
