Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011.- En el día de la fecha se presentó el informe sobre “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas” elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y UNICEF.
Aprobado en julio de este año, el informe ha comenzado a presentarse en los países de la región. La primera exposición se realizó el viernes 11 de noviembre en República Dominicana, luego el 17 en Uruguay, y el 18 de este mismo mes en Argentina, en donde se organizaron dos presentaciones: la primera junto a la Defensoría General de la Nación y Legisladores Nacionales, y la segunda con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y autoridades encargadas de los servicios de justicia penal juvenil en las distintas provincias del país.
La primera presentación tuvo lugar durante la mañana en la Defensoría General de la Nación (Callao 970, Ciudad de Buenos Aires). La sesión fue abierta por la anfitriona, la Dra. Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación, y contó con la participación de Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Amerigo Incalcaterra, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Andrés Franco, representante de UNICEF de Argentina; legisladores nacionales de diversos bloques vinculados a los temas de infancia, Defensores Públicos de Niños, Niñas y Adolescentes y especialistas en la materia.
La Dra. Martínez abrió la sesión manifestando la importancia y utilidad de este Informe regional para el contexto argentino, en el que resaltó la necesidad de la reforma legal pendiente a nivel nacional para mejorar y garantizar la protección de los derechos de los adolescentes en el sistema penal y el desafío por lograr esa reforma sin aumentar la punición con cabal respeto a los principios tratados en el Informe, para superar el sistema legal actual que ha permitido y aún permite graves violaciones a los derechos de los adolescentes.
El Dr. Santiago Cantón inició la presentación del informe relacionando el tema de la justicia penal juvenil con la necesidad de enmarcar esta discusión en un debate más amplio de políticas públicas integrales e inclusivas. Así, manifestó “Frente a la sensación de un aumento de la inseguridad que se percibe en varios países de la región, las políticas gubernamentales, en general, han sido salir a aplicar la mano dura. De ahí la elaboración de este informe, para reforzar los derechos humanos y plantear que se tiene que responder de otra manera”, y agregó: “El problema de la inseguridad no se va a resolver con normas represivas, ni construyendo más cárceles, sino con la creación y la ejecución de políticas públicas integrales, que no sólo abarquen el ámbito judicial, sino las áreas de salud, educación, prevención, protección, entre otros”.
Más tarde, el funcionario resaltó los cinco principios generales del Sistema de Justicia Juvenil que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera fundamentales, que son: a) el Principio de legalidad, b) el Principio de excepcionalidad (de la judicialización y de la privación de la libertad), c) el Principio de especialización, d) el Principio de igualdad y no discriminación, y e) el Principio de no regresividad. Sobre este último punto Cantón manifestó que, lamentablemente, según los datos recaudados y publicados en el informe, se percibe que varios estados intentan reducir la edad de imputabilidad, lejos de este marco de análisis.
Amerigo Incalcaterra, de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos, explicó que el informe era una guía que le iba a ser de utilidad a los legisladores para abordar la problemática en sus diferentes aristas. A su vez, coincidió con Cantón en enfatizar la importancia del Principio de no regresividad, y en ese sentido expresó: “Bajar la edad de imputabilidad es una medida facilista, que no soluciona el problema”, y finalizó: “La sociedad tiene que analizar de forma profunda el tema de la inseguridad y de los jóvenes… Ellos son el futuro. Tenemos que protegerlos y dejarles un mundo mejor”.
Para finalizar la reunión, la Defensora General de la Nación, abrió el debate convocando a los legisladores y defensores públicos de adolescentes a compartir sus reflexiones en torno a la necesidad de la reforma pendiente a nivel nacional. Se produjo un rico intercambio que culminó con una propuesta de cooperación mutua para la construcción de una agenda legislativa para el ciclo que viene que permita incluir este enfoque como un desafío para la protección de los derechos de los adolescentes y mejoramiento de sus oportunidades de inserción social.
Por la tarde, en la oficina de UNICEF (Junín 1940) se realizó un segundo encuentro organizado conjuntamente con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y autoridades provinciales en materia de justicia penal juvenil.
En esta ocasión los Dres. Cantón e Incalcaterra presentaron el Informe en base a los cinco principios con énfasis en los desafíos detectados en la región para la administración local de los servicios de privación y no privativos de la libertad. Por parte de la Secretaría Nacional, el Dr. Gabriel Lerner, Subsecretario de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, abrió el debate resaltando la gran oportunidad que presenta este Informe para incentivar y consolidar el camino comenzado desde la tarea del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia en cuanto a las reformas institucionales y de los servicios iniciadas, y que ello pueda enmarcar la discusión pendiente para la reforma de la ley a nivel nacional aumentando el respeto por los derechos y garantías de los adolescentes sin aumentar la punición. Asimismo, resaltó que este Informe permite ampliar, interpretar y profundizar el corpus iuris existente en la materia con mayores fundamentos e información comparada de la región.
Las autoridades de las distintas provincias presentes compartieron sus experiencias en territorio, las diferencias de procedimientos y mecanismos provinciales, la interacción con otros poderes del Estado, los avances y desafíos para la administración de los servicios en miras a un nuevo marco legal que permita consolidar los avances logrados para la mejora de la protección de los derechos y garantías de los adolescentes en el sistema penal.
Por su parte, Andrés Franco, realizó el cierre de la jornada remarcando la importancia de este tipo de Informes regionales para los contextos nacionales, la potencialidad de su uso para promover la reforma legal pendiente y la consolidación de las transformaciones de los servicios a nivel provincial en el marco de una política respetuosa de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley penal.
Fuente: http://www.unicef.org/argentina/spanish/media_22204.htm
