Les traigo la cabeza de Panizzi en una bandeja si ustedes nos homologan el acuerdo del conflicto en la Legislatura”. La frase, pronunciada en una reunión bipartita, es una de las tantas que se escuchó durante la agitada semana legislativa. Y no fue por casualidad sino porque sus dos protagonista se encargaron, cada uno en sus ámbitos, de difundirla.
La versión se sumó a muchas otras como la de la frase “aunque me cueste un millón de dólares estos no entran más a la Legislatura”, que habría sido pronunciada ante empleados del bloque de la UCR por un legislador.
Todo este enjambre de supuestos dichos desencadenó lo que más temían quienes pretendían realizar un acuerdo secreto: la revelación del pacto político-judicial para que 5 empleados legislativos sean despedidos y otros 23 cambiados de categoría. Una medida de la que se viene hablando desde hace más de un año y mantiene como rehenes a los empleados cuya continuidad en cada uno de los puestos pende de un hilo.
Su futuro laboral depende de lo que decidan en el Superior Tribunal de Justicia los miembros de la Cámara Civil, casualmente los principales acusados por Alejandro Panizzi en las páginas de Jornada por ciertas desprolijidades y privilegios en el ejercicio del más alto cargo judicial de la provincia.
El que ofrecía la bandeja no sería otro que el fiscal de Estado Blas Meza Evans. El que recibía la propuesta del pacto, José Luis Pasutti, uno de los integrantes de la Cámara Civil. Ambos se encontraron hace unos días bajo el pretexto de “acelerar las causas civiles”.
Pero la estrategia tropezó con varios problemas. Sobre todo el que generaron los propios protagonistas que, orgullosos, lo contaron en varios ámbitos.
Como todo pueblo chico es un infierno grande, la versión sobre este proceder no tardó en desparramarse en Rawson y fue el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, Edgardo Hompanera, quien se encargó de denunciarlo. Y a partir de su denuncia del posible “pacto secreto” comenzaron las histéricas reacciones para desmentirlo y el sospechoso silencio de quienes lo habrían protagonizado.
Desde que fueron nombrados en diciembre de 2011, los 28 empleados legislativos (pertenecientes al Frente para la Victoria, Modelo Chubut, PACh y Provech) son protagonistas de variopintas situaciones.
Por ejemplo, el recibo de sueldo trae una inscripción: “Encontrándose en trámite autos Asociación Provincial de Empleados legislativos (APEL) contra Provincia de Chubut sobre demanda de nulidad”. Y agrega: “Se extiende el presente (es decir el recibo) con reserva”.
Todavía nadie explicó aún si la frase “con reserva” representa el anticipo de que cuando sean despedidos deberán devolver el dinero o es una maniobra más para afectar psicológicamente y presionar a quienes lo reciben.
Además han recibido el pago de los aguinaldos con el importe que corresponde a categorías inferiores. Ambas cosas resultarían tanto ilegales como persecutorias, dicen los empleados en cuestión.
Aclaración
Por otra parte vale una aclaración: en la sesión de diciembre de 2011 hubo en total 38 nombramientos. En iguales condiciones. Entre ellos el del exdiputado Mario Negrette, cuyo ingreso y el de los 9 agentes restantes, no son cuestionados. Y nadie sabe por qué.
Lo que llama la atención en todo este conflicto es la activa participación de la APEL: “Tal vez, el único gremio en la historia del sindicalismo argentino que opera contra los trabajadores”, dijo esta semana un empleado legislativo.
Y hay algo más: la mayoría de quienes integran su conducción ingresaron en las mismas condiciones a las que hoy se oponen. Es decir a través de decisiones políticas, sin concurso y con resoluciones aprobadas por la cámara entre gallos y medianoche. En una de ellas, la del 28 de diciembre de 2003, recibieron beneficios entre otros los integrantes de la actual comisión directiva de la Apel, Irene Vega y Angel Sierra. El pacto que Meza Evans y Pasutti habrían sellado en secreto no era otro que el de destituir a Alejandro Panizzi y dejarlo afuera del Superior Tribunal de Justicia a través del juicio político que promueve en su contra la Cámara Civil a cambio de la homologación de 5 despidos y 23 bajas de categorías en la Legislatura.
Reuniones urgentes
“Si existe, es un pacto espúreo y repudiable”, dijo Hompanera, quien ya solicitó mantener reuniones con el propio Panizzi, Meza Evans y Pasutti. El dirigente gremial legitimado por la votación de los afiliados a su gremio resulta, por lo menos, una palabra autorizada y su denuncia no puede tomarse como un delito sino como el desarrollo de la función que debe cumplir un gremio ante la posibilidad de que algunos de sus afiliados vean afectados sus intereses laborales.
La difusión del posible pacto político sindical llegó hasta las bancas de la Legislatura. En la última sesión, la presidenta del bloque del FpV, Argentina Martínez, amenazó con enviarle una carta documento a Hompanera. En tanto, Meza Evans y Pasutti se mantuvieron en silencio. Y si como se asegura, muchas veces el silencio dice más que las palabras, ambos están en algún problema: aceptar que la denuncia del pacto no representa una versión inventada sino que está peligrosamente cercana a la realidad.#
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