La Legislatura se apresta a aprobar un paquete de 15 leyes para profundizar la lucha contra el delito en el marco de una declaración de emergencia que, por lo anunciado, se producirá en los próximos días. Esa discusión ha generado una nueva controversia sobre el impacto real que tendrán los proyectos en cuestión, dado que no pocos consideran que una verdadera emergencia debe apuntar a lo inmediato y no tanto a los debates en el recinto, por más necesaria que sea la legislación y que haya 30 días como límite para sancionarla.

El paquete a discutir abarca normas que van desde el mejoramiento del trabajo policial, con jerarquizaciones y mayor disponibilidad de agentes, a los cambios en la infraestructura para combatir el delito, pasando por la agilización de las investigaciones que están a cargo del Poder Judicial.

Aunque la coyuntura marcada por la inseguridad y la violencia ha provocado que los cuestionamientos se centren en la tarea del Ejecutivo por las falencias en la prevención del delito, la Legislatura no sale indemne.

Con mayor o menor adhesión, políticos especializados en el tema, varios de los cuales son autores de leyes, prevén un escenario difícil en el futuro a corto plazo. Si bien coinciden en puntos centrales, como la crisis en seguridad y la necesidad de emergencia, persisten dudas sobre si se le dará constancia a la aplicación de las normas y si éstas serán efectivas.
Emergencia ante la crisis

Es casi un lugar común decir que “la gente está en emergencia” en seguridad, pero la clase política no termina de dar una clara definición al respecto. Algo concedió Comperatore al admitir que la declaración “está en manos de los legisladores”. También algo resignó Ciurca al lanzar la discusión, reconociendo el “fracaso” del Gobierno en la lucha contra la inseguridad.
El gobernador, Francisco Pérez,  en tanto, aún no da señales concretas de que Mendoza esté en emergencia, por más que haya avalado la sorpresiva discusión.

Desde el oficialismo, el diputado Claudio Díaz, que integra la comisión bicameral de Seguridad, reconoció el fracaso del Ejecutivo “en ésta y varias gestiones consecutivas”, y por eso pidió “que se declare la emergencia”.

Pero declarar la emergencia es reconocer la crítica situación. “Hay crisis en seguridad y la emergencia es una consecuencia”, señaló el diputado nacional radical Luis Petri, para quien “el Gobierno no asume la crisis y eso muestra las incongruencias”, en alusión a las indefiniciones.
“Hay crisis, es  política y el Gobierno no tiene respuestas”, señaló Martín Appiolaza, investigador del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, vinculado al socialismo.

“Declarar la emergencia en un artículo y promover un paquete de leyes en el siguiente es abrir y cerrar el asunto”, lanzó el diputado del Frente Renovador Daniel Cassia, impulsor de la rápida declaración de emergencia. “Hacen falta más de 100 decisiones inmediatas”, siguió, considerando que “aprobar leyes es importante pero no trascendental”.

Por su parte, el ex senador demócrata Carlos Aguinaga opinó que “esto no se soluciona con leyes sino con un plan y gestión”, consideró que el Gobierno “carece de visión y voluntad para solucionar problemas” y lanzó: “Los funcionarios son ‘relatores de la inseguridad’. Describen en los medios las muertes y asaltos, sin advertir que son responsables de prevenir y evitar esos hechos”.

Leyes en el tapete

En general hay acuerdo para avanzar en el tratamiento de las leyes, aunque para algunos no se resuelve mucho. Es “una kermés de proyectos en la que todos ganan”, dijo Appiolaza, aludiendo a que “los legisladores se muestran, hay mejoras para los policías y la sociedad ve que se trabaja en el tema”. Por eso pidió “que no se gobierne para la tapa de los diarios”. De todos modos celebró el “aporte” de las leyes que jerarquizan a policías y que promueven la prevención.

Díaz, en tanto, destacó los avances sobre la Justicia. “Que los policías dejen de llevar notificaciones será productivo”, dijo, celebrando también que se discuta el proyecto de ampliar los juzgados de paz a juzgados de faltas y las modificaciones al Código de Faltas.

Aguinaga hizo fuertes críticas a la mayoría de los proyectos, algunos por su inconstitucionalidad (modificaciones al Código de Faltas y al Código Procesal Penal), otros porque no es competencia local (narcocriminalidad) y otros porque “es el Gobierno el que debe gestionar” (llamadas falsas al 911 o sanciones a conductores ebrios), aunque aplaudió algunas como las pulseras con GPS para reos con regímenes especiales.

Desde su visión ‘inmediatista’, Cassia consideró que “hay buenas leyes” en la actualidad, pero enfatizó algunos proyectos, como el de la creación de cárceles con financiamiento privado (duramente criticado por Appiolaza) e insistió en que las leyes se discutan, pero “que haya herramientas para la acción inmediata”.

Finalmente Petri consideró que las leyes “ayudarán a mejorar el sistema pero requieren de voluntad política para ser implementadas”, y por eso pidió “que no pase lo que ya pasó” cuando se dejaron de lado normas, y citó algunas propias como “la de protección de testigos y la de recompensas”.

Más allá de todas estas medidas que buscan endurecer la lucha contra el delito, no pocos lamentan que haya quedado de lado la discusión de políticas de fondo, una batalla que la política está perdiendo.

http://www.losandes.com.ar/notas/2014/5/18/seguridad-leyes-logran-despejar-dudas-786234.asp