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Hurgar en las razones profundas de las violencias obliga al debate. Que implica, necesariamente, escuchar al otro, complementar respuestas y revisar en qué exacto punto se producen quiebres sociales que pueden significar fronteras de escaso retorno. Dos fiscales en lo criminal, una fiscal penal juvenil, una jueza de familia, una abogada penal con enormes chances de ser la próxima jueza de Garantías en la ciudad y el juez penal y presidente de la Asociación Pensamiento Penal analizan, con sus particulares improntas, la realidad social de los últimos días en donde se repitieron casos de linchamientos, de concreción de venganzas o de búsqueda de alguna forma de justicia a través de la violencia directa.

Mariela Viceconte es fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, docente de la carrera de Derecho de la Unicén y aspirante al cargo de fiscal general del departamento judicial Azul. «Creo que hemos retrocedido, como sociedad civilizada, a épocas primitivas, en el respeto de los derechos de las personas y en el respeto al Estado que es quien tiene la potestad para juzgarlas y aplicarles una sanción después del juicio. Creo que nos estamos volviendo una sociedad cada vez más intolerante, excluyente y violenta», planteó.

En un sentido similar, Susana Alonso, fiscal del Fuero Criminal de Olavarría, opinó que «la sociedad está profundamente fragmentada. Y hace rato ya que hay un crecimiento de la violencia. El otro es mi enemigo. Hubo un tiempo en que discutir era visto como algo saludable. Era intercambiar miradas, puntos de vista. Hoy todo termina en violencia».

La radiografía que bosqueja María Inés Germino, jueza de Familia, tiene que ver con una sociedad en la que «la gente se siente descuidada, desprotegida. Pienso que se siente al margen de las medidas de protección estaduales y decide protegerse por sí misma. Y en su afán de protegerse se coloca también al margen de la ley. El concepto de justicia por mano propia es muy peligroso, porque una vez que se atravesó ese límite, se pierde el rumbo y el horizonte, y es muy difícil volver».

Escueto en su descripción y en el análisis, el fiscal de Delitos Complejos del departamento Judicial Azul, Javier Barda, habló de una sociedad que se hunde en el «descontrol» y que «actúa desinformada, en forma discriminatoria y autoritaria». Y que, para poner coto o buscar salidas, hay que «encauzar el sistema».

Elda Donatelli es abogada penal y una de las candidatas con mayores probabilidades de transformarse en la próxima jueza de Garantías, tras la destitución de Antonio Saladino. «La sociedad tiene un alto contenido de violencia y hay reacciones que no se condicen con el acontecimiento que las provoca. La gente pretende hacer justicia por mano propia porque siente que la justicia que debería llegar no llega o es demasiada ‘lenta’ conforme sus pretensiones. Se produce una mezcla de sentimientos ya que, por un lado, está el laburante que se levanta todos los días a las 6 de la mañana para ir a trabajar, para mantener a su familia y tratar de darle una vida digna, una educación a los hijos, que muchas veces compran las cosas en cuotas y de repente se encuentra que tiene que pagar la cuota pero lo que había comprado no lo tiene más porque se lo robaron. Y ahí tendría que estar la Justicia, para evitar precisamente que se quiera volver al estado del Leviathan».

Justicia privada

Los interrogantes son múltiples. Y la realidad en la que una parte importante de la sociedad se dejó hundir en los últimos días demanda una imperiosa salida que implique necesariamente el encuentro con el Otro.

Para Viceconte, no es simple responder sobre las posibles salidas a este complejo entramado: «Quizás todo pase por reinstalar los valores que dieron fundamento a la exclusión de la venganza privada de la sociedad otorgando poder de policía y poder punitivo al Estado. Y eso pasa por la escuela, los medios, las redes, de manera responsable y seria, sabiendo que cada acto de agresión que se legitima nos transforma en una sociedad más vulnerable. Se ha instalado un discurso de justificación de la agresión que es peligroso. Y lo peor es que algunos sectores utilizan el discurso como un medio para lograr una reacción social y cosechar votos luego». En esa línea planteó que «no digo que no haya violencia y delitos. Lo que veo es que por algún motivo, de repente se instala un tema que hoy es la justicia privada, se lo alimenta desde los medios y las redes sociales y se concluye que es necesario ‘mano dura’».

Germino fue en ese sentido contundente: «urge volver al Estado de Derecho y al cumplimiento efectivo de las normas. No nos podemos permitir, como sociedad, transitar por un campo minado, no sabiendo cuándo se va a producir el estallido».

Una de las claves a tener en cuenta es, para Susana Alonso, el divorcio entre las instituciones y la gente. «No sé si estamos tocando fondo pero creo que es imprescindible analizar lo que nos ocurre. Se llegó a un quiebre y hay que reconstruir el tejido tan fragmentado. Y es real que la gente está cansada. Pero hay que preguntarse de qué está cansada. Si realmente está cansada de la inseguridad o más bien, de la falta de respuestas, de la falta de dinero, de la falta de oportunidades».

Para Elda Donatelli «más allá de lo desagradable que puede ser haber sido víctima de un delito no puedo justificar que la reacción frente al delito sea otro delito. En una república no puede ni debe permitirse ni tolerarse que la manera de investigar o sancionar un delito, sea cometiendo otro hecho ilícito, sea por parte de los particulares o por parte del Estado».

Ceguera colectiva

El rol de la Justicia ante este tipo de respuestas de violencia masificada resulta crucial. Y en este contexto en el que una parte de la sociedad eligió la venganza como método, desoyendo el lugar de las instituciones del Estado, será clave de aquí en más. Mariela Viceconte resaltó la necesidad del «debido proceso y plazos razonables». Y remarcó que «si el delito es excarcelable, y están reunidas las condiciones para ello, no es posible continuar teniendo detenida a la persona». Pero además, abogó por la «participación ciudadana en el proceso penal y quizás un buen intento de esto sea el juicio por jurados».

La jueza de Familia María Inés Germino puntualizó que «sin perjuicio de que no es mi fuero, la justicia penal tiene herramientas más que suficientes para proceder a la investigación de estos delitos. No podemos perder el Norte y debemos poner el nombre que corresponde a estos hechos. Los linchamientos son un delito. Serán lesiones cuando se lastime a alguien, o se hablará de homicidio, cuando termine con la muerte de una persona. En la facultad me enseñaron que el monopolio del poder punitivo lo tiene el Estado y así debe ser. La ley del Talión, el ‘ojo por ojo’, quedó en la época de los romanos».

Para la penalista Elda Donatelli «cada funcionario prestó un juramento; quiso asumir un determinado lugar del aparato judicial; entonces con los pocos recursos que haya, hay que tratar de dar lo máximo posible. A poco de ser nombrado Papa, monseñor Bergoglio dijo ‘Poder es servicio’. El Poder Judicial debe estar al servicio de la gente: detrás del número de causa hay gente que espera una respuesta».

Un escueto Barda apuntó que «hay que actuar dentro del marco de la legalidad». Y su par olavarriense, Susana Alonso, analizó ese rol desde el lugar de la condición humana: «uno ve a los padres que perdieron a sus hijos envueltos en una enorme tristeza, en un profundo dolor, pero a nadie se le ocurre ir a hacer justicia con sus manos. En una sociedad civilizada no se pueden elegir respuestas tan terribles. Porque volver a la justicia del ojo por ojo va a hacer, como decía Ghandi, que todos nos quedemos ciegos».

El rol de los medios 

Mariela Viceconte: «La forma en la que se transmita la noticia, las veces en que la misma noticia se repita, el mensaje subyacente que aporten los comunicadores y el consenso que se genere a través de las redes sociales, son determinantes de la reacción social. Si quien da la noticia de la agresión a un ladrón por gente bien, lo transmite con tono de que eso es lo correcto, ese mensaje se recibe en la sociedad y hasta legítima la agresión».

Elda Donatelli: «Los medios deben evitar ser los jueces de la causa. En muchos casos escucho barbaridades procesales y el conductor de tal o cual programa las asevera con aire de autoridad calificada que lejos de informar producen mayor desinformación. Los medios son formadores de opinión y deben informar la realidad pero en la medida de la realidad. No bajo la lente de una lupa que ‘aumenta’ lo sucedido. Con relación a las redes sociales, por la falta de regulación legal, bajo el anonimato de la cuenta de Facebook o Twitter se escribe absolutamente cualquier cosa».

María Inés Germino: «En muchos casos se hace ‘propaganda’ de tal o cual hecho y se va repitiendo. No es la primera vez que nos pasa. En algún otro momento pueden haber sido los saqueos o los cortes de rutas. Pero la mecánica es la misma. A veces vemos que más que informar, se promociona. Y las redes sociales contribuyen de manera magistral a la propagación y difusión».

Susana Alonso: «Los medios y las redes sociales ocupan hoy un lugar demasiado importante. En la televisión te muestran una, dos, tres, cinco veces lo mismo. Nuestra realidad no es ésa, es distinta, pero acá se ven los mismos canales y la gente entonces concluye ‘estamos podridos’. La gente está cansada y eso es real. Pero hoy por hoy, con una influencia muy fuerte de los medios y las redes, parece que la inseguridad es todo. Entonces también hay que preguntarse qué es la inseguridad. Hace unos días, tenía que salir de Mar del Plata y no se podía porque estaba todo cortado por el homicidio de un remisero. Entonces finalmente se pudo salir, pasando por una villa que está ahí nomás de la ruta de entrada a ‘La Feliz’. Ahí está la madre de todos los problemas. Esa contradicción entre algo como lo que representa ‘La Feliz’ con esa villa, con casillas en la que vive una madre con 10 hijos. Creo que la inseguridad es eso. Vivir de esa manera».

Mario Juliano: «Existen medios y periodistas (diría que una mayoría) que por estas horas, con diferencias de enfoques, han coincidido en condenar los linchamientos y hacer un llamamiento a la paz y la cordura, advirtiendo sobre las severas consecuencias legales que se pueden desprender de estas acciones. Sin embargo, hay otros medios y periodistas (minoritarios, pero masivos en cuanto a su alcance) que han hecho un tratamiento sesgado de las noticias, claramente direccionado a exaltar los ánimos y promover los disturbios, exhibiendo una irresponsabilidad social mayúscula».

Huellas profundas en el ADN social 

«Los recientes episodios dejarán una huella profunda en el ADN de nuestra sociedad. Sin lugar a dudas, el sistema democrático tiene la capacidad de generar anticuerpos y prevalecer sobre los que, consciente o inconscientemente, cuestionan sus bases y presupuestos políticos», analizó Mario Juliano, juez en lo Penal de Necochea y director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal, una ONG clave en el universo del Derecho.

Es desde ese órgano que, en los últimos días, se lanzó la campaña nacional #nocuentenconmigo en rechazo a las «expresiones bárbaras» que se propician para «dirimir conflictos». Juliano planteó que «los episodios de linchamiento y mal llamada justicia por mano propia son la expresión aguda de uno de los modelos que históricamente tensionan en nuestra sociedad y que se ubican por encima de los partidos políticos: el proyecto autoritario, mezquino y egoísta, incapaz de procesar sus frustraciones de modo civilizado y experimentar la sensación de la empatía. Que formula demandas imposibles de materializar (al menos en el corto o mediano plazo) y que clausura cualquier tipo de diálogo constructivo, aún en las discrepancias, sobre el modo de construir una mejor calidad de vida. Por el otro lado, el modelo democrático, apegado al estado de derecho aún con las dificultades que implica afrontar las complejidades de la vida moderna, pero que no obstante apuesta a la esperanza de la coexistencia pacífica y la resolución civilizada de los conflictos».

Uno de los interrogantes medulares por estos días tiene que ver además con el lugar de la Justicia. Y Juliano en ese punto, en notoria coincidencia con la postura de la fiscal local Susana Alonso, habló de «revisar su modo de relacionarse con la comunidad para tender puentes comunicacionales que permitan restablecer la confianza perdida». Pero además, advirtió (como también lo hizo Mariela Viceconte) la necesidad de implementar el «juicio por jurados y el reconocimiento de la víctima como protagonista del proceso penal».

Por otro lado, ya en directa relación al juzgamiento de quienes asumen el linchamiento, la horda y el anonimato Juliano explicó que «para la ley argentina no hay delito sin acción y hay que garantizar a todos los ciudadanos el debido proceso legal. Esto implica que para imputar a un individuo por la comisión de cualquier delito hay que demostrar su aporte al resultad o (en el caso de los linchamientos, las lesiones o el homicidio)».