Alejandro Morilla, el ladrón que murió de ocho disparos durante el asalto al conductor de radio Baby Etchecopar, estaba en libertad condicional. Los medios llevaron esa noticia a los titulares y luego la olvidaron en medio de la vorágine informativa. Morilla tenía 24 años y había cumplido gran parte de una condena por robo que le habían dictado en 2008. El hecho que terminó con su vida y lo llevó a las páginas de policiales es conocido por todos: en la última semana, se repitieron hasta el hartazgo los detalles del enfrentamiento entre Etchecopar, su hijo y los asaltantes entre los que estaba él. Del caso anterior, por el que estaba en libertad condicional, se habló muy poco. Según pudo averiguar Miradas al Sur, se trató de un robo fallido. Morilla había entrado a una casa por los techos junto con otro joven, mientras un auto los esperaba en la esquina. La dueña de la casa asaltada se despertó por los ruidos y salió corriendo a la calle gritando que había ladrones en su casa. Ambos huyeron en el auto que les hacía de soporte. Un patrullero los persiguió hasta que abandonaron el auto y entraron corriendo por los pasillos de una villa.
El policía que los detuvo declaró que mientras escapaban, los ladrones le habían disparado y que él había contestado el fuego, sin que ni el perseguido ni el perseguidor dieran en el blanco. Por eso, Morilla fue primero procesado por robo calificado, resistencia a la autoridad y portación ilegal de armas. En el juicio oral esa carátula se cayó: el mismo policía que lo había detenido reconoció que no lo había visto disparar ni mostrar un arma, que en el lugar no se encontraron vainas servidas y que no se había hecho un rastrillaje para encontrar la supuesta arma. La condena fue a 3 años y seis meses. Con las pruebas aportadas por la policía –que al fin y al cabo es la que lleva adelante las investigaciones sobre el terreno– no había elementos para condenarlo a más.
Como no tenía antecedentes y los informes de conducta del Servicio Penitenciario eran favorables, Morilla logró salir en libertad condicional luego de cumplir dos tercios de la condena. Así lo marca la ley y así lo interpretó la titular del Juzgado de Ejecución Penal Número 2 de San Isidro, Victoria Laura Elias García Maañon. Con anterioridad, la misma jueza le había negado la libertad asistida: es un beneficio que se pide, de existir buena conducta, seis meses antes que la condicional y que al igual que ésta, los magistrados pueden otorgar o negar. Todas las fuentes consultadas coinciden en que la magistrada se ajustó a derecho al dejarlo libre. Nadie que conozca la Justicia de San Isidro puede decir que García Maañon sea garantista. Por el contrario, es conocida como una jueza que suele ser impiadosa con los detenidos. Para algunas fuentes que conocen las internas de los departamentos judiciales de la zona norte del conurbano, eso explica por qué, a diferencia de lo que sucedió en otros casos similares, los dirigentes políticos de la zona no salieron a pedir la cabeza de ningún funcionario judicial.
De todas formas, el vendaval judicial que dispara un hecho tan mediatizado como el enfrentamiento en la casa de Etchecopar se descerraja casi de forma automática aunque los políticos y los impulsores de la mano dura no apunten sus cañones hacia los tribunales.
“Siempre que aparece un caso así”, confió a Miradas al Sur un funcionario judicial que sigue la causa del asalto a Etchecopar muy de cerca y pidió reservar su identidad, “enseguida empezamos a ver quién condenó al autor del hecho y quién el que lo liberó. Si es un juez tildado de garantista, seguro lo tiran a los leones. Y el efecto que genera eso es que los funcionarios se asustan y no quieren liberar a nadie porque tienen pánico de perder su trabajo. Se arriesgan dejando a gente presa, incluso violando la ley”.

Justicia mediática. Un caso paradigmático de esa enorme presión social para que la Justicia actué por emoción violenta fue el caso de Santiago Urbani, el músico asesinado en 2008 durante un asalto a una casa en el partido de Tigre. Entre los acusados por el crimen había dos menores de edad. El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil 3 de San Isidro los juzgó y los encontró culpables, pero resolvió postergar la sentencia de ambos hasta que sean mayores. La decisión de los jueces estuvo signada por la única posibilidad que les daba la Ley 22.278. El fiscal del juicio, Andrés Zárate, había pedido que los adolescentes fueran condenados a cadena perpetua. Algo que no sólo es inconstitucional, sino que ya le valió al estado argentino una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por cinco casos en los que menores de edad fueron juzgados como adultos y condenados a estar de por vida tras las rejas.
Ni los medios ni los funcionarios que giraron en torno de ese juicio quedaron conformes con el fallo. Enardecidos, exigían la cabeza de los jueces, sobre los que ahora pesa un pedido de juicio político. No importó que hayan hecho cumplir la ley: lo que la fieras querían era carne.
En el caso Urbani, más tarde fue condenado a 27 años de prisión un oscuro personaje: Oscar Pérez Graham, acusado de haber reclutado a los menores de edad para cometer el asalto. De aceitados contactos con la policía bonaerense, Pérez Graham llevaba jóvenes a robar a zonas que le eran previamente liberadas.
Algo similar sucedió con otro caso que se volvió emblemático: el asesinato del Ingeniero Ricardo Barrenecha, también cometido en 2008. A Barrenechea lo mataron delante de su familia durante un asalto en su casa, cuando forcejeó con uno de los ladrones. Por el crimen fue detenida una banda de jóvenes, entre los que habían dos adolescentes de 16 años. Todos eran de Puerta de Hierro y Villegas, en La Maranza, pero solían ir a robar a San Isidro. En la investigación surgieron varios elementos que señalaban que la banda trabajaba al menos con la anuencia policial, que cuanto menos se beneficiaba de distintas formas con sus robos.
Quienes pedían la cabeza de los jueces en la causa Urbani y el encierro ad eternum de los adolescentes acusados tanto en ese caso como en el Barrenecha, poco hablaron de aquella arista.
Así como los jóvenes suelen ser carne de cañón en la industria del delito, en la de la opinión pública que pide mano dura también cumplen esa función.

Garantías. La legítima defensa se define como una “reacción ante la agresión ilegítima por el atacado contra el agresor, sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la racional proporción de los medios empleados para impedirla o repelerla”.
Es una de las pocas figuras que tienen que ser demostradas por la parte acusada. En otras palabras: si uno es imputado por asesinato, se es inocente hasta que la Justicia demuestre lo contrario. Si se quiere alegar legítima defensa, el que tiene que convencer al juez de que esa figura existió es el imputado.
En el caso de Baby Etchecopar, por más que en muchos ámbitos se discutía que el haber disparado con un Magnum 357. y una Glock 40 –dicho sea de paso: el arma preferida de los narcos– y haberle dado ocho balazos a uno de los asaltantes podía constituir un exceso, la Justicia decidió en tiempo récord que ni siquiera valía la pena pensarlo.
“Es un caso de legítima defensa privilegiada porque actuó dentro de su casa, con una reacción inmediata, empleó medios proporcionales al ataque, es decir, armas como con las que también le dispararon los delincuentes y, lo más importante, que lo hizo en defensa propia y de terceros, su familia”, declaró el fiscal Andrés Zárate. Poco antes, varias figuras habían puesto el grito en el cielo porque desde la Justicia se había insinuado que quizás Etchecopar tenía las credenciales de legítimo usuario de sus múltiples armas vencidas.
“Todos, hasta Chiche Gelblung con sus declaraciones diciendo que Etchecopar había simulado un infarto para tirarse sobre el lugar donde tenía el arma, estaban preparando el terreno para darle la legítima defensa”, explicó la fuente judicial consultada por Miradas al Sur.
“En el croquis”, agregó la fuente, “se ve que Morilla tiene cuatro balas en el pecho y cuatro en el abdomen. Una de las balas le lastimó los dedos: es un signo de defensa claro. Y es muy difícil tratar de defenderse con la mano en medio de un tiroteo. Gente en la misma situación que Etchecopar estuvo dos o tres años presa hasta poder demostrar que había actuado en una situación de legítima defensa. Pero imagínese, con esta situación, ¿quién se va a animar a ponerle el cascabel al gato?.

Fuente: http://sur.infonews.com/notas/ser-ladron-y-el-ejercicio-de-la-justicia-por-mano-propia