Es un domingo de sol en Buenos Aires. Las paredes cargadas de adornos y tapices son un mapa de los recorridos del dueño de casa. A las 15 en punto, están todos alrededor de la mesa ratona. Rosa Bru, una de las tantas madres que las distintas violencias del Estado sacaron de su casa y convirtieron en luchadoras ejemplares, mamá de Miguel, estudiante de periodismo de 23 años torturado hasta la muerte en la comisaría 9ª de La Plata en 1993. Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta que se retiró a los 75 años, como marca la norma, y Leonardo Grosso, diputado nacional por el Frente para la Victoria, que hace tres años logró la aprobación de la Ley del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, incorporado al calendario escolar.

El anfitrión está sin dormir porque a las 10 de la mañana llegó de México; poco después partirá nuevamente. Por eso el apuro, ninguno quiso perderse una charla sobre los ejes de la jornada del viernes en el Congreso de la Nación. El mate circula rápido y el diálogo camina solo.

–¿Por qué el tema de la pobreza es central a la hora de debatir los modelos de seguridad?
Raúl Zaffaroni: –En Latinoamérica somos campeones en dos índices. Primero, el de homicidios, ya que de los 23 países que del mundo que superan el 20 por cien mil anual, 18 pertenecen a América latina y el Caribe; las excepciones son Uruguay, Argentina y Chile. Y somos campeones del coeficiente de Gini (índice de desigualdad). No es casual, hay dos proyectos de sociedad detrás, uno incluyente y otro excluyente.
La forma de control de la exclusión en la región no se da tanto por la violencia institucional. El Estado, además de matar a unos cuantos, hace algo peor, que es introducir contradicciones entre los excluidos para que se maten entre ellos; la cocaína es uno de los elementos clave para eso. En países como la Argentina, donde los excluidos no se enfrentan con la virulencia de otros lugares, tienen que fortalecer el aparato represivo. Y hay un cáncer regional, los monopolios u oligopolios de medios que “construyen” la realidad, se llamen Azteca, Televisa, El Comercio en Perú, La República en Chile, Red O’Globo en Brasil o Clarín en la Argentina.
Rosa Bru: –Nosotros sentimos que no podemos llegar a la Justicia. El ser pobre ya te retrae, no llegás a presentarte, no podés expresarte ante un juez o ante un fiscal, eso ya es un problema para un familiar.Un ejemplo de lo que pasa es el caso de Omar Cigarán. Lo mató un policía, pero la fiscal Ana Medina dice que fue “en defensa propia” y pidió el sobreseimiento. La mamá apeló a través de una defensora de menores y al año le avisan que habían pedido el sobreseimiento definitivo. Desde la Asociación (Miguel Bru) la acompañamos, la patrocinamos y ella vio una pequeña luz de esperanza de Justicia para su hijo… Pero la causa se elevó a juicio sin acusación fiscal, sólo con su acusación.
Leonardo Grosso: –Los escuchaba y pensaba en cómo nosotros llegamos a esto desde una práctica; desembocamos en la Campaña desde la realidad de nuestra militancia barrial. Día tras día, la policía abusaba, torturaba y hasta mataba a los pibes. Como militantes no teníamos dudas en acompañar a las familias en ese camino lento y tortuoso que es el de la Justicia para los pobres. Acompañamos a los familiares, vamos a las marchas, conseguimos abogados, buscamos testigos, contenemos al grupo de amigos que quedó golpeado por esa muerte…, pero eso es llegar después. Nosotros, que pretendemos cambiar la realidad, construir un país distinto, sentimos que estamos llegando tarde. Ahí decidimos hacer esta Campaña.
–¿Cuáles son las principales cuestiones que dificultan el acceso de los más humildes al sistema judicial?
R.Z.: –Empezaría por la policía, planteando un modelo de policía comunitaria. No podemos tener un modelo de policía de ocupación territorial, tipo ejército, un modelo colonial, sin vinculación con la comunidad. Copiamos la Constitución de los Estados Unidos pero no a su policía de los condados, con un sheriff electo, como el intendente. La policía de calle tiene que tener inserción comunitaria, ser preventiva, con un entrenamiento que le permita contener una manifestación sin matar a nadie.
R.B.: –Creo que tendríamos que cambiar la Justicia. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos muchos problemas. El fiscal trabaja con la policía. En el caso de Cigarán está claro, la fiscal le da la investigación a la misma policía que lo mató. ¿Y ellos qué, van a decir “nosotros fuimos”? ¡No! Hay que transformar a la policía, pero también hay que arreglar esto. El juez elevó la causa a juicio y Asuntos Internos le devolvió el arma al policía por el “beneficio de la duda” y está trabajando con el arma en la calle.
L.G.: –La policía dispara y la Justicia también lo hace. Es necesaria una profunda reforma de la policía para que no dispare, pero es imprescindible un poder controlador del resto de las instituciones. Hay que empezar por crear un cuerpo que investigue.

La criminalización de los jóvenes
–¿Cómo se puede explicar que a los pibes, por la pinta, por la visera, se los acuse de violentos?
R.Z.: –Porque no tienen un candidato mejor. Si hubiese terrorismo… Hay un elemento que da más miedo, que es el conspirativo. Una conspiración de pibes de barrio, algo muy raro.
R.B.: –Como madres nos pasa que jueces y fiscales creen lo primero que les traen, que es el parte policial. Aportás pruebas y no te las reciben porque ya tienen el criterio formado.
L.G.: –Con la militancia barrial empezamos a comprender cómo funciona la policía, a ver que hay pibes que se pelean con otros pibes, que las armas que deja el narcomenudeo son más peligrosas que las sustancias. Uno de los casos que originó la Campaña fue la Masacre de La Cárcova, con Mauricio Ramos y Franco Almirón asesinados por la espalda por la policía. Se comprobó en el juicio oral que tiraron gases para que corran y les dispararon. La Justicia no les creyó a los testigos que decían “fue ese”, porque eran otros pibes del barrio y absolvieron al policía acusado. Al año siguiente, en un barrio que está vía de por medio, aparecen 13 o 14 muertos en varios meses por la guerra narco del control del territorio. Esos pibes eran los mismos que Mauricio y Franco.
R.Z.: –Esto de meter contradicciones entre los excluidos, que pasa en grande en otros países, acá también sucede. Los números de la Ciudad de Buenos Aires son reveladores. En las villas el índice de homicidio está en 13,5, en el resto de la Ciudad estamos en 2,6. Lo ideal sería llegar a 1. Pero tenemos un 42% de homicidios sin esclarecer en las villas.
L.G.: –Por eso este año la consigna es “Mi cara, mi ropa y mi barrio NO son delito”. Vos siempre hablás de genocidio por goteo y hay algo que tiene que ver con los modelos de país, con los modelos de sociedad que se quieren construir. Hay algo “sistémico” con la violencia institucional, que no es lo mismo que “sistemático”, es parte de las necesidades de reproducción del sistema, es contra los pibes pobres. Son víctimas “invisibles” porque no son vistos como víctimas. Un chico muere después de un robo, arrodillado, con testigos que dicen que se estaba entregando. Sin embargo, la mayoría de las veces, las fiscalías responden que no hay nada que investigar, que el chico estaba en un hecho y que la policía actuó de forma legítima.
R.Z.: –Si querés hacer una sociedad que tenga 30 por ciento de incluidos y 70 por ciento de excluidos, a este 70 por ciento lo tenés que controlar de alguna manera. Una de las formas más “prácticas” es que se maten entre ellos. Si eso no sucede, tienen que construir un aparato represivo. Hace como 30 años, cuando planteamos esto con Alicia (Oliveira) nos trataban de locos. Había dos o tres muertos por día, cerca de 1.500 en un par de años. La policía venía del entrenamiento de Camps (Ramón, jefe de la Bonaerense durante la dictadura) y seguía matando con la misma lógica, se preciaba de eso ya en pleno gobierno constitucional. Es un desafío que se continúe con el trabajo de investigación de homicidios por parte de la Corte para descubrir patrones de funcionamiento policial.
–Hay un avance en los procesos de organización de familiares de víctimas de violencia institucional y en la visibilidad de esta problemática.
L.G.: –Antes hablábamos de gatillo fácil y ahora hablamos de violencia institucional y podemos comprender estas problemáticas desde un ámbito mucho más amplio. Cada vez que hacemos algo con la Campaña planteamos que venga Estela de Carlotto, que vengan de Hijos, porque tiene que ver con la posibilidad, como sociedad, de haber podido empezar a juzgar a los crímenes de la dictadura, que influyeron en la formación de nuestra policía, en la cabeza de nuestra sociedad.

Preocupación por la región y el mundo 

La extensión del diálogo permitió avanzar sobre los temas principales que hacen a la violencia institucional y la seguridad democrática e, incluso, atravesar la frontera nacional y adentrarse en el fenómeno a nivel regional, algo que interesa muy especialmente a Raúl Zaffaroni. México, Brasil, Centroamérica, se instalaron en la conversación.
El ex juez de la Corte abunda en la situación mexicana, se indigna ante la “naturalización” de las muertes que realizan los medios al afirmar que “estamos mejor, los muertos ya no aumentan, hemos llegado a una meseta, tenemos 20 mil desaparecidos, tenemos 100 mil muertos en 5 años, quédense tranquilos”; cree que eso es “mentirle al otro, es una aberración, ante una monstruosidad, un genocidio directamente o por los menos una masacre” donde las muertes, al no tener explicación, se presentan “como si se produjeran como el viento o la lluvia”.
A su criterio “hay una cuestión racista en el medio, es como decir que la personalidad mexicana promedio es violenta” y da su propia respuesta al preguntarse: “Cómo no va a ser sangrienta la historia de México si les hicieron pelota el país, si les afanaron dos tercios del territorio. Fui allá y se los dije”, remata.
Marca diferencias entre la situación en México, Argentina y Brasil, donde “el problema es el narco del mercado interno, con una clase media más fuerte que la nuestra” y una “favelización más extensa” con un índice medio de homicidios del 25 por cien mil. Compara con los datos nacionales que, “muy pesimistamente, llegarán a 7,5” y los de Honduras de 80 por cien mil. Lleva su explicación hasta El Salvador, donde “de un año al otro se ‘ahorraron’ mil homicidios”, porque hicieron acuerdos con las “maras”.
Saliendo de la región, sobrevoló la figura del Papa Francisco, con su pronunciamiento contra la pena de muerte, algo que Zaffaroni destaca por no tener precedentes. La referencia lo lleva hasta la isla italiana de Lampedussa, uno de los lugares de recalada de los migrantes africanos, situación que, a su juicio, es “resultado de lo que hicieron ellos (Europa y Estados Unidos) y de lo que siguen haciendo porque les venden las armas” a los países africanos.

http://www.miradasalsur.com.ar/nota/11151/ser-pobre-no-es-ser-delincuente