“Esta Unidad Fiscal tiene la posibilidad de aportar mucho para corregir la situación del sistema penal a través de una labor sistematizada”, explicó Sergio Delgado -camarista de la Ciudad de Buenos Aires, ex juez de ejecución penal nacional y director académico del Centro de Estudios de Ejecución Penal de la UBA-, consultado por Infojus Noticias por el lanzamiento de la nueva Unidad Fiscal de Ejecución Penal.
La Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó presentó ayer la nueva estructura del Ministerio Público Fiscal, en un acto en el que también expusieron Delgado, Julio Maier -ex juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y profesor de derecho procesal penal- y Mario Juliano -juez del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Necochea y presidente de la Asociación Pensamiento Penal.
Consultado por la problemática más urgente del mecanismo de ejecución penal, Delgado comentó que “la ejecución penal está inmersa en el fracaso de la implementación de la reforma del código procesal penal de 1991”. La reforma preveía la creación de diecisiete juzgados de ejecución, que en la práctica se convirtieron en secretarías en los principales establecimientos penitenciarios, y un solo tribunal.
Una deuda pendiente del sistema judicial es la creación de una policía judicial, que realice las tareas propias de auxiliar a los juzgados y tribunales. “La anterior composición de la Corte Suprema hizo desastres, firmó un convenio con la Policía Federal para cumplir esas tareas, y propuso que una especie de Gestapo policial controlara a los jueces de ejecución”. La propuesta de que un grupo de policías “le esté encima” a los jueces no prosperó, pero la policía judicial brilla por su ausencia.
A partir de la reforma, debía componerse un equipo interdisciplinario para trabajar con los jueces de ejecución penal, pero nunca se conformó. En dos oportunidades se amplió por ley ese equipo, y las nuevas vacantes se distribuyeron para acrecentar los equipos de otras áreas, como el cuerpo médico forense. La oficina de control que debía realizar el seguimiento de los procesos de suspensión de juicio a prueba, tampoco existe.
“En el sistema penitenciario también queda mucho trabajo por hacer”, desarrolló Delgado. Y se refirió a los protocolos que establecen que los penados de la Capital Federal deben cumplir su condena en cárceles del interior del país. “Es una burocracia increíble y un gran desperdicio de recursos”. Además, dentro de las cárceles, los programas para estudiar y trabajar muchas veces se superponen, y eso no permite que todos puedan acceder a ellos.
El camarista hizo un balance y consideró que “estamos mucho mejor que hace diez años, porque el 70% de la población carcelaria está trabajando”, pero analizó que muchas veces ese trabajo no genera calificación en el recluso para que pueda continuarlo fuera del establecimiento penitenciario como una alternativa laboral.
“Problemas como estos, o como la militarización de la estructura penitenciaria, son temas que se podrán abordar desde la Unidad Fiscal impulsando distintas líneas de trabajo”. La nueva Unidad, compuesta por dos Fiscalías Nacionales de Ejecución Penal, tendrá atribuciones para proponer cambios en la legislación, y para coordinar transformaciones en el mecanismo de ejecución penal con el Servicio Penitenciario Federal y las dependencias de la Corte Suprema.
