El máximo organismo judicial le cursó una nota formal a Jorge. Le advierten la situación de «emergencia» de los lugares de alojamiento de detenidos. Avisan sobre probables conflictos si no hay una solución inmediata.
El Superior Tribunal de Justicia, «preocupado por la superpoblación y hacinamiento de personas privadas de libertad que se verifica en alcaidías y dependencias policiales», le envió una nota al gobernador Oscar Mario Jorge solicitándole que «arbitre medidas de manera urgente» y «sugiriéndole, al menos en forma temporaria, que considere la posibilidad de trasladar a los detenidos a espacios edilicios provinciales que brinden una estructura acorde a los requerimientos penitenciarios».
El texto fue recibido por la Secretaría General de la Gobernación el 17 de marzo y está firmado por la presidenta Elena Victoria Fresco y los otros tres ministros que componen el cuerpo, Eduardo Fernández Mendía, Víctor Luis Menéndez y Hugo Oscar Díaz.
Allí se califica de «acuciante» la situación que atraviesa ese «grupo de personas –cuantificada en dos centenas–» y se señala que ello es debido a la «falta de recepción de los detenidos» por parte del Servicio Penitenciario Federal.
También se recuerdan las resoluciones notificadas por jueces de ejecución penal al Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad advirtiendo «acerca de que cada vez más se están viendo afectadas las condiciones de seguridad, salubridad e higiene de los detenidos; lo que coadyuva a poner en riesgo la integridad de los agentes provinciales».
En ese contexto, el Superior Tribunal, «previendo la posibilidad de que se produzcan conflictos inminentes», le requirió al Poder Ejecutivo que «arbitre las medidas que considere necesarias y apropiadas para solucionar el problema» y que dé «inmediata intervención» a las autoridades correspondientes.
Además propuso, ante la «emergencia» declarada públicamente respecto a alcaidías y dependencias policiales, que «se evalúe la alternativa de hallar otros espacios físicos adecuados para albergar a los detenidos».
La situación de los detenidos es una problemática en discusión especialmente desde el año pasado, cuando se puso en evidencia el maltrato y las insalubres condiciones: el impulso de acciones por parte de los defensores derivó en la intervención del Poder Judicial no solo mediante advertencias sino -por ejemplo- con la orden del desalojo de la Seccional Segunda.
La semana pasada el diputado Martín Berhongaray elaboró un proyecto pidiendo informes y consideró que la “creciente presencia” de personas en esos establecimientos es “una preocupante realidad que hace largo tiempo aqueja a muchas provincias argentinas y respecto de la cual se han dictado fallos trascendentes que obligan al traslado a unidades del Servicio Penitenciario”.
El dirigente del Frente Pampeano planteó al ministro de Gobierno y Justicia, Leonardo Villalva, que precise las dependencias donde hay detenidos y la cantidad de alojados. También se reclama una descripción de las condiciones materiales del alojamiento en cada una de las dependencias. En particular, pide que se especifique capacidad y espacios de las celdas de aislamiento y detalles de la estructura edilicia (superficie, mobiliario, calefacción, ventilación, etc.), espacio libre disponible en cada establecimiento y condiciones de higiene de los baños.
A fines del mes pasado, el Tribunal de Impugnación Penal decidió rechazar una vez más un hábeas corpus presentado por el Defensor General, Eduardo Aguirre. El cuerpo para sostener el rechazo a la apelación, utilizó los mismos argumentos con los cuales desestimó el hábeas corpus presentado el 24 de febrero tras comprobar que en la Seccional Segunda de Santa Rosa -luego de que se reabrieran las celdas clausuradas por las condiciones inhumanas que tenían- se violó la orden de la jueza de Control Florencia Mazza de no alojar a más de cuatro detenidos.
El TIP había rechazado aquella pretensión dos días después, el 26 de febrero, con el argumento de que se excedían sus “facultades jurisdiccionales”. Pero como Aguirre apeló esa decisión, ahora, el mismo organismo resolvió “no hacer lugar” y ratificó la anterior decisión con fecha del pasado 16 de marzo, según se dio a conocer oficialmente este lunes.
Aguirre pidió convocar a una mesa de diálogo en la que participen el Gobierno Provincial, la Justicia Provincial, el Servicio Penitenciario Federal y la Justicia Federal. A esa petición concreta apuntó el rechazo del TIP y la invocación del argumento del “exceso de facultades”.
Aguirre reclamó en su presentación original que el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad haga cesar las condiciones de hacinamiento y superpoblación de las Alcaidías de Policía. Y pidió que esa cartera convoque a una mesa de debate que “permita arribar a soluciones duraderas, consistentes y respetuosas de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”, convocando a las autoridades judiciales y demás organizaciones y organismos que abarcan la problemática. Además, advirtió que de no mejorar la situación podría acudir a organismos internacionales con la posible responsabilidad de los estados nacional y provincial.
En ese marco, el jefe de la Unidad Regional I, Carlos Chico, llegó a decir que los presos que están “hacinados” en la Alcaidía en realidad permanecen en el mismo estado que tienen “en su vida natural, en su vida real”.
Chico aseveró, respecto de los planteos formulados para que se tome en cuenta la situación de los detenidos, que “problemas de salud siempre tienen los detenidos, porque normalmente los tienen en la calle; vienen con esos problemas que en la calle no se preocupan por curarse, pero cuando están adentro se acuerdan de esas problemáticas… Ya vienen con las enfermedades de afuera y se potencian en estos lugares de detención”, dijo de manera despectiva.
Refiriéndose al hacinamiento, al mismo tiempo admitió la superpoblación y relativizó la importancia de esa situación, ya que -dijo- “el hacinamiento se da por cantidad, no por falta de elementos de limpieza y eso”.
“Si usted ve muchos de ellos cómo viven en su vida natural o real de la sociedad -comparó-, viven de la misma manera” en los lugares de detención. “Esto se potencia cuando están todos juntos”, reprochó.
