La diputada Dulce Granados presentó un proyecto para modificar el Código Penal con el objetivo de impedir que los imputados por violencia de género o violencia familiar puedan acceder a la suspensión del juicio a prueba, o probation.
En lo medular, el proyecto propone:
Incorpórese como artículo 76 ter del Código Penal de la Nación, el siguiente texto:
“ARTICULO 76 ter.- El beneficio de la suspensión del juicio a prueba no procederá en los siguientes casos:
a) cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito.
b) cuando los delitos de que se tratare fueran reprimidos con pena de inhabilitación.
c) cuando fueran ilícitos reprimidos por las Leyes 22.415 y 24.769 y sus respectivas modificaciones.
d) cuando existiese violencia de género o violencia familiar.
En los fundamentos, la diputada del Frente para la Victoria señala entre otros:
Tanto en los casos de violencia de género como los casos de violencia doméstica, las características de los hechos que se investigan no pueden dar lugar a una supresión de una etapa fundamental para el esclarecimiento de lo sucedido, como es la propia instancia del debate: por el contrario, debe pasarse por ella y llegarse a una resolución -condenando o absolviendo al imputado-, evitando que pueda hacerse uso de un beneficio que fue pensado para otros destinatarios (seguro, no para aquellos investigados por delitos de género o violencia doméstica, donde existe además en la víctima un temor personal en su integridad y la de sus hijos)”.
El texto completo del proyecto está aquí en word.
Sobre el tema, un interesante debate que se produjo en el blog aquí.
