Saludamos que el cannabis haya sido incluido en la agenda legislativa a partir de la iniciativa del Presidente de la Nación sobre la inversión en cannabis medicinal e industrial

No obstante, consideramos que no pueden quedar fuera de la discusión el autocultivo y el autoabastecimiento, dos demandas urgentes de un colectivo social que ha sido históricamente criminalizado por la tenencia y el consumo

El camino es el acceso al autocultivo y la provisión de medicamentos segura y legal. El impulso científico y medicinal debe ir de la mano de la pronta regulación estatal que no criminalice las conductas asociadas al consumo. 

En las últimas semanas diversas organizaciones sociales reclamaron al gobierno nacional por la apertura del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN). El propósito es que la inscripción evite allanamientos o causas judiciales absurdas por circunstancias vinculadas al consumo. 

Nos preocupa la mirada de Estado paternalista que incide sobre la libertad de los cuerpos, en la cual se deciden precios y obligaciones a la hora de proveer una sustancia que aún hoy está criminalizada. 

Más allá de las prometedoras intenciones de inversión en comercio para industrias y farmacéuticas, es una cuestión de sensibilidad hacia el colectivo social que debe dejar inmediatamente de ser enjuiciado, encarcelado o condenado.

En consonancia con la última resolución de la ONU, que retiró al cannabis de la lista IV (aquellas sustancias señaladas como nocivas por sus propiedades adictivas y con escaso o nulo valor terapéutico), las personas que buscan abastecerse necesitan que prime una mirada distinta. Así ya se está haciendo en otros países, como en Uruguay o Canadá, con avances notables en materia de consumo y distribución de drogas de reconocida baja toxicidad. 

En todo el territorio nacional surgen acciones y proyectos de cultivo en el marco del autoabastecimiento que debemos prestarles atención mientras le ponemos un verdadero punto final a la criminalización social y penal.