El pasado mes de agosto, una serie de declaraciones realizadas por el secretario de Seguridad, Sergio Berni, y apoyadas por otros dirigentes, generaron un debate sobre los supuestos vínculos entre la migración y la delincuencia. «Durante este fin de semana hemos detenido a más de 60 delincuentes extranjeros que vienen a la Argentina únicamente a delinquir», dijo el funcionario, entre otras cosas.

Más allá de los hechos recientes, las estadísticas muestran que la cantidad de ciudadanos de otros países que se encuentran detenidos en la Argentina, ya sea procesados o con una sentencia firme, representa un pequeño porcentaje de la población carcelaria total. Según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), publicado en 2012 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en base a lo informado por los servicios penitenciarios provinciales y el federal, sólo el 5,7% de los presos en la Argentina son extranjeros (son 3534).

Las cifras varían si se analizan por separado los distintos sistemas penitenciarios. En las cárceles provinciales, que alojan a alrededor de 51.000 presos (el 84% de los detenidos en todo el país), los extranjeros representan apenas el 2,8% (son 1432).

En cambio en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal, en las que está alojada el 16% de la población carcelaria del país (9807), los extranjeros representan el 21% sobre el total de presos federales (son 2102).

 

 

Los extranjeros presos son, mayoritariamente, paraguayos, bolivianos y peruanos. Pero esto a su vez coincide con las principales nacionalidades que iniciaron radicación en la Argentina entre 2004 y 2013, según las estadísticas de la Dirección Nacional de Migraciones. Entre las tres representan el 80% de las radicaciones iniciadas en ese período.

En su momento fueron los colombianos el blanco de acusaciones sobre hechos delictivos. En todo el país hay sólo 140 colombianos presos, según las últimas estadísticas publicadas. Las cifras sí dan cuenta de un aumento en los últimos cinco años: pasaron de 43 detenidos en 2008 a 140 en 2012. Sin embargo, también crecieron las radicaciones solicitadas por personas de esta nacionalidad. En 2008 se iniciaron 5442 radicaciones de colombianos, mientras que en 2013 fueron 16.795, según Migraciones.

La cantidad de presos de nacionalidad nigeriana es la que más aumentó en los últimos cinco años. Si bien siguen representando un pequeño porcentaje dentro de la población carcelaria pasaron de 6 a 21.

«Las estadísticas del sistema penal en realidad no miden la criminalidad, sino el resultado de los procesos de criminalización, es decir, de la actuación de las instituciones penales», explicó a LA NACION Marta Monclús Masó, directora del Observatorio de Cárceles Federales de laProcuración Penitenciaria de la Nación (PPN). «Si la policía trabaja con el estereotipo de que determinados colectivos están más involucrados en actividades delictivas, se intensifica el control sobre esos grupos, lo que probablemente derive en más detenciones y en el inicio de más procesos penales», indicó. «Por ello resulta muy problemático ese tipo de asociaciones entre colectivos migrantes y delincuencia», añadió Monclús Masó.

Si la policía trabaja con el estereotipo de que determinados colectivos están más involucrados en actividades delictivas, se intensifica el control sobre esos grupos

Por su parte, Gonzalo Lantarón, coordinador del Programa de Ciudadanía del Instituto Argentino de Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas (Iadepp), también cuestionó la estigmatización de los extranjeros. «El porcentaje de extranjeros en el territorio nacional mantiene su nivel histórico del 5%. Lo que es importante destacar como fenómeno social es que en los últimos años ha habido una profunda transformación en el horizonte laboral de los argentinos que los obliga a competir con los puestos de trabajo que antes ocupaba la mano de obra extranjera residente en el país», sostuvo.

«Los números muestran claramente que el inmigrante no es el culpable de la crisis sino su víctima más vulnerable», añadió Lantarón.

DELITOS COMETIDOS

Según estadísticas elaboradas por la Procuración Penitenciaria, del total de extranjeros detenidos en el sistema Federal un 49% lo está por infracción a la ley 23.737 (Estupefacientes), el 16% por delitos contra la propiedad y el 8% por delitos económicos.

El 83 por ciento de los detenidos extranjeros en el SPF son hombres. Entre las mujeres, que representan el 17 por ciento de la población carcelaria extranjera, el 95 por ciento está presa por delitos relacionados al tráfico de drogas, según el informe.

Del total de extranjeros detenidos en el SPF, un 49% lo está por infracción a la ley 23.737

«Hay que distinguir dos colectivos de extranjeros dentro de la población carcelaria. Por un lado, los que ya vivían en el país antes de ser detenidos. Por otro lado, los extranjeros en tránsito», sostiene Monclús Masó.

 

 

«En el SPF la mitad de los detenidos estaban en tránsito y en su mayoría cayeron presos por delitos de droga. Es decir, entran al país como turistas y son detenidos en la frontera», aclaró.

Un informe publicado por LA NACION habla del perfil de las llamadas «mulas». Dicho artículo cita una investigación realizada por Alejandro Corda, integrante de Intercambios AC, una ONG con trayectoria en el tema de las políticas de drogas, que traza el perfil de las personas detenidas por tráfico de drogas en Argentina: en su mayoría son mujeres, jefas de hogar, de áreas humildes y extranjeras.

La expulsión y la ley de Migraciones

Otro de los reclamos que estuvieron en agenda en los últimos días tiene que ver con que las personas con antecedentes penales no puedan ingresar al país o sean deportadas. En rigor, esas disposiciones ya están contempladas en la ley 25871 (Política Migratoria).

En su artículo 29, inciso C, la normativa establece que «serán causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros al Territorio Nacional haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más».

Según las estadísticas de la Dirección Nacional de Migraciones, entre 2004 y 2014 hubo 3993 disposiciones de expulsión en base al mencionado artículo de la ley.

«Esa deportación que reclaman algunos funcionarios argumentando la inseguridad, ya existe. La expulsión es una cuestión administrativa, es una sanción ante una irregularidad migratoria», sostuvo Monclús Masó. «Lo que no se puede pretender es que sean deportados apenas son detenidos por la policía. Tiene que haber un proceso administrativo y judicial», añadió.

Moclús Masó relató además que en una encuesta realizada por la PPN a un grupo de extranjeros detenidos en el SPF, el 65 por ciento sostuvo que querría ser expulsado del país. «De todos modos esto no tiene que ver con una decisión voluntaria, sino una orden de Migraciones», insistió.

Por su parte, Diego Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en diálogo con LA NACION, dijo: «Para la ley argentina, ser extranjero o no tener papeles no es un tema criminal. La idea de ilegalidad por una situación migratoria se eliminó en 2004».

Para la ley argentina, ser extranjero o no tener papeles no es un tema criminal

«No hay ninguna relación entre delito y migración», explicó Morales. «A nosotros nos preocupa mucho el impacto que puedan tener las declaraciones de funcionarios que hacen este vínculo. Entre otras cosas, puede provocar una especie de selectividad de las agencias policiales a la hora de las detenciones», sostuvo el especialista del Cels.

«Expulsar inmediatamente después de la detención es imposible. Eso va en contra de la Constitución, las leyes, los tratados internacionales. Hay una presunción de inocencia, tiene que haber un proceso previo», insistió Morales.

«Para hablar seriamente de un tema tan complejo y delicado tendríamos que contar con los números oficiales de detenciones hechas por la policía y analizar los casos», añadió..

Ser extranjero en prisión. El colectivo de extranjeros en las cárceles es considerado por los organismos de Derechos Humanos como uno de los grupos más vulnerables. Un informe de la PPN sobre este colectivo en el año 2013 señala que los extranjeros «se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad por estar alejados de su núcleo familiar y afectivo, lo que conlleva que no reciban visitas de familiares y amigos». Una investigación sobre mujeres en las cárceles federales argentinas en la que participó la Procuración determinó que el 59% de las extranjeras presas en el SPF nunca recibió visitas de familiares o allegados.»A ello se suman las serias dificultades para comunicarse telefónicamente con sus países de origen, debido a la falta de recursos económicos para adquirir tarjetas telefónicas. Ello provoca un gran aislamiento de estas personas y la ruptura de sus vínculos familiares, que se suma al general aislamiento que conlleva la pena carcelaria, lo que afecta negativamente a su futura reinserción social», sostiene el informe.

http://www.lanacion.com.ar/1724097-solo-el-57-de-los-presos-en-la-argentina-son-extranjeros