El Ministerio de Justicia ha anunciado que por fin el próximo miércoles se efectuará el sorteo de los ciudadanos que podrán ser convocados durante este año para servir como jurados.

Como se informa en este medio, se sorteará desde el padrón electoral de cada Departamento Judicial (el de Mar del Plata comprende los partidos de General Pueyrredon, General Alvarado, Balcarce y Mar Chiquita) un número de personas de cada mil empadronadas, para (luego de excluir a quienes tienen alguna de las incompatibilidades previstas en la ley) entregar a las oficinas judiciales respectivas la lista (renovable cada año) desde la que se sortearán 24 mujeres y 24 hombres que se citarán para cada juicio por jurados.

Esta noticia ha hecho sentir que el tan postergado mandato constitucional ya es una realidad. Lo cierto, es que la ley entró en vigencia en el primer minuto del pasado 21 de noviembre, por lo que cada homicidio, cada violación agravada, cada robo consumado con un arma de fuego apta para disparar, cada episodio de tortura (por nombrar los delitos más comunes del medio centenar que tiene previsto un máximo superior a 15 años de prisión, que es el límite para aplicar jurados), que hayan sido cometidos desde ese día en adelante, debe ser juzgado por un jurado si el acusado no renunció a esa modalidad. De hecho, la ley fue sancionada a mediados de septiembre, promulgada el 26 de ese mes y decía que el sorteo debía hacerse a los quince días de entrada en vigencia, así que esta noticia debía haberse producido en diciembre pasado y no ahora. Las demora no es atribuible a imprevisiones presupuestarias (como sucede, por ejemplo, con la mucho más demorada policía judicial) sino a cuestiones mucho más preocupantes y que, pese a ser reconocidas y reiteradas, no se logran evitar aún.

En una semana tendremos el listado provisorio. Antes que termine junio, podríamos tener los listados departamentales depurados. ¿Tendremos para entonces salas de audiencias (e instalaciones anexas) adecuadas a las necesidades del jurado? ¿Tendremos personal administrativo disponible y entrenadopara todo lo que hay que hacer antes y durante el juicio para que el jurado se constituya y funcione? ¿Tendremos jueces que hayan recibido el entrenamiento necesario para hacer un trabajo muy distinto al que hace quince años vienen haciendo (y que dicho sea de paso, por las mismas razones actuales, tuvieron que aprender solitos, ya que nadie los entrenó tampoco entonces)? ¿Tendremos fiscales y defensores igualmente reentrenados? ¿Tendremos periodistas y medios adaptados a la nueva realidad de la justicia?

Yo apostaría que casi todas estas preguntas tendrán respuesta negativa. Y sin dudas, la responsabilidad principal es de la repetida e insistente resistencia de la Suprema Corte provincial (pasó en 1998, pasó en 2005, cambian los hombres, pero no la actitud) cada vez que se promueven reformas tendientes a poner a la justicia más cerca del ideal republicano.

En lo que quizás sea la única declaración desafortunada de su memorable carrera, la recientemente fallecida ministra Argibay puso en duda el año pasado que la ciudadanía esté preparada para el juicio por jurados. La reacción del Gobierno provincial solucionando obstáculos, el creciente interés de los ciudadanos (hace unos días un simulacro en la siempre difícil ciudad de Buenos Aires tuvo cien voluntarios dispuestos a ocupar las doce sillas del jurado) y el timing y la creciente calidad de información que muestran los medios son elocuentes: toda la evidencia indica que es el Poder Judicial (o una parte, ya que el Colegio de Magistrados de la Provincia sí parece estar trabajando para el cambio) el único lugar de la República que aún no está preparado para hacer juicios según la Constitución.

De ningún modo debe leerse este inventario de problemas como proclama por postergar nada. Del mismo modo que celebramos la sanción de una ley de jurados que tiene varios problemas y mezquindades (sobre todo, en los pocos delitos a los que se aplica), los juradistas estamos seguros de que hay que comenzar a hacer juicios por jurados pese a las sordas pero intensas resistencias desde el corazón de la burocracia judicial. Una vez que se haga realidad el mandato postergado ciento sesenta años, y el pueblo haya recuperado el poder de decir la verdad (eso quiere decir “veredicto”), todo será mejor. Lo que no impide que lamentemos tanto empeño en seguir el mandato sanmartiniano, que en la campaña libertadora supo escribir:

“La guerra la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos han de faltar. Cuando se acaben los vestuarios nos vestiremos con las bayetitas que trabajan nuestras mujeres, y sino andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres, que lo demás no importa nada”.

http://www.0223.com.ar/o/2014-5-16-tengamos-jurado-y-lo-demas-no-importa-nada