Desde septiembre de 1998 en la Provincia de Buenos Aires funciona el sistema que protege a personas en riesgo por ser testigos de hechos criminales. El programa, que depende de la Procuración General de la Suprema Corte, prevé el ocultamiento y custodia de esa persona a través de un cuerpo de seguridad especializado .
El pedido de protección está a cargo del fiscal de la causa, después de evaluar si el testimonio sirve, si tiene seriedad y si existe un peligro “fundado” para el testigo. En su momento, el programa incluyó la creación de una Dirección de Seguridad de Personas, una unidad policial de 15 oficiales, bajo la supervisión del ministro de Justicia.
La Policía custodia al testigo y grupo familiar. El seguimiento corresponde a la Policía Judicial. Los recursos económicos provistos por la Procuración (para alojamiento y alimentación) son asignados contra facturas de gastos autorizadas por la fiscalía. No incluye cambios de identidad.
Recientemente, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó incorporar al Código Procesal Penal una referencia al testigo de identidad reservada, para que quede eximido de testificar en el juicio oral .
Hasta aquí la formalidad de la letra. En la ejecución aparecen algunos baches que, incluso, terminan en la Suprema Corte. Una sentencia de marzo de 2010 convalidó una actuación del Tribunal de Casación sobre el testigo protegido en el caso Melmann, como se conoció al asesinato de una joven en febrero de 2001, en Miramar. En esa causa fueron condenados tres policías y un ex convicto. La defensa había planteado la vulnerabilidad de “la garantía procesal” porque no pudieron presenciar el testimonio en cuestión . Y los ministros de la Corte establecieron que “el audio” de la declaración resultaba consistente.
Otro momento de tensión fue provocado por la circulación de un casete con la conversación del testigo “Gabriel”, en el caso del cura Grassi, con el fiscal de la causa y que se suponía secreta. Hubo recusación de jueces en el Tribunal de Morón. El punto de mayor controversia –según admitieron a Clarín en Tribunales– es “la baja confiabilidad” de algunos testigos. Citan, por caso, el expediente del crimen de Candela (11) donde se mezclan policías, “buchones” y declarantes pretendidamente “reservados”, aportados por la Bonaerense.
También se incluye el Programa de Vigilancia y Atención de Testigos en Grado de Exposición firmado en 2006 por el gobernador Felipe Solá. Fue a los pocos días de la desaparición del albañil Julio López –testigo en el juicio al ex comisario Miguel Etchecolatz- y está destinado a habitantes de la Provincia que atestigüen en causas federales. Hasta ahora no hubo resultados.
Más expeditivo resultó en 2007 la declaración de un puntero político del barrio Los Hornos, en La Plata, en la gestión de Eduardo Duhalde, sobre los asesinos del fotógrafo José Luis Cabezas. Había escuchado una conversación entre los “cuatro horneros” que participaron del crimen y se lo comunicó a su jefe político. Fue fundamental para el esclarecimiento del hecho. Nunca se supo si estuvo registrado como “testigo protegido”, pero hay constancia que cobró recompensa y que, en aquella época, se fue a vivir a un país vecino.
Fuente: http://www.clarin.com/policiales/Testigos-encubiertos-casos-criminales-repercusion_0_673732730.html
