La medida fue dispuesta por el juez penal Héctor Ochoa, después de una serie de dilaciones, e involucra al ayudante Cristian Verón, al suboficial escribiente Cristian Lara, al cabo primero Matías Maggeri y al sargento César Gómez.
Los cuatro efectivos, junto a otros siete integrantes de la policía provincial, están imputados en una causa en la que se investigan las vejaciones sufridas por Franco Torres y Federico Sosa, quienes denunciaron torturas tras su detención en la Comisaría 3ª, en febrero de 2011.
La situación de los efectivos se complicó luego de un estudio realizado por peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del que se desprendió que las lesiones sufridas por los jóvenes eran compatibles con el paso de energía eléctrica a través del cuerpo.
La causa se dilató porque cuando el juez Ochoa resolvió la indagatoria de los policías, a fines del año pasado, dispuso que se presentaran en libertad, mientras que tanto el fiscal mayor Guillermo Quadrini como el abogado querellante, Francisco Giménez, solicitaron que fueran detenidos por tratarse de un delito no excarcelable.
La Cámara de Apelaciones fueguina resolvió en noviembre de 2011 hacer lugar a esos pedidos y le ordenó a Ochoa que detuviera a los sospechosos al momento de tomarles declaración. Sin embargo, el juez esperó hasta la semana pasada para comenzar con la ronda de indagatorias y las primeras siete que tomó fueron con los acusados en libertad.
El secretario de Seguridad provincial, Daniel Facio, confirmó las detenciones. «La causa 17.417 de 2011 hace referencia a hechos de torturas acaecidos en la Comisaría 3ª, y en el hospital de Río Grande, y el gobierno está a total disposición de lo que determine la justicia”, aseguró el secretario. «
