El diputado provincial Eduardo Toniolli y el defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, denunciaron ante la Corte Suprema de Justicia santafesina un grave caso de torturas contra tres jóvenes detenidos en la comisaría de una pequeña localidad norteña. El hecho está revestido de una «extrema gravedad institucional» ya que el juez de Instrucción de Reconquista, Virgilio Palud, no dio intervención a la defensora oficial y los procesó en virtud de las declaraciones que brindaron sin la presencia de abogados en sede policial ni en sede judicial. En este marco, los denunciantes presentaron un hábeas corpus «para preservar a los jóvenes detenidos de las represalias que pudieran sufrir».
Amenazas, golpes de puño y cachiporra, aplicaciones de picanas en lengua y orejas, bolsas en la cabeza y hasta la obligación de bañarse juntos y besarse mientras eran filmados por la policía fueron algunos de los vejámenes denunciados por tres jóvenes que estuvieron detenidos en la comisaría 9ª de Florencia la semana del 13 al 17 de mayo pasados.
Se trata de Roberto Gustavo Valenzuela, de 18 años y ahora en libertad, y Lucio Francisco Prieto y Martín Alejandro Gómez, ambos de 19 y todavía encarcelados en la Celaduría de Reconquista. Los tres contaron haber confesado su participación en hurtos en virtud de las amenazas del personal policía, por lo cual fueron procesados. En este sentido, Ganón y Toniolli solicitaron a la Corte la libertad de los tres jóvenes —uno de ellos fue excarcelado el 22 de mayo— por considerar viciados sus respectivos procesos penales.
Hurtos. El 13 de mayo Valenzuela fue llevado preso a la comisaría 9ª de Florencia en el marco de la investigación por el hurto de motos en esa localidad de unos 7.000 habitantes situada en el departamento General Obligado, a unos 600 kilómetros de Rosario. Según el muchacho, sus declaraciones en cuanto a su participación en ese y otros hechos que se le atribuían no convenció a los policías, que le pegaron apenas ingresó en la seccional.
Lo mismo refirieron en sus declaraciones Prieto y Gómez, a quienes básicamente se les impidió que pudieran consultar a un abogado y les hicieron confesar delitos bajo apremios (ver aparte).
«No sólo por las torturas denunciadas este es un hecho gravedad institucional, ya que los tres jóvenes estuvieron siete días detenidos e incomunicados en una comisaría sin poder hablar con sus familiares ni poder consultar un abogado», explicó Ganón, al tiempo que cargó contra el juez Palud porque no garantizó que los detenidos pudieran recibir asesoramiento legal antes de declarar ante él.
Asimismo, el defensor provincial añadió que la presentación que realizó junto con el diputado Toniolli motivó una investigación del hecho iniciada por la Dirección Provincial de Asuntos Internos.
Caso testigo. Ganón describió lo vivido por los tres muchachos como «una práctica sostenida y habitual llevada adelante por la policía santafesina», por lo cual calificó lo ocurrido en Florencia como un «caso testigo de los sucesivos y constantes procedimientos violatorios del debido proceso que se estarían sucediendo como consecuencia de un marco legislativo inconstitucional que permite a la policía continuar tomando declaraciones a las personas privadas de su libertad sin la presencia de un abogado defensor».
