Cuando en enero pasado publicamos que la Asociación Zainuco denunció que hacía más de un año que no se encontraban cumpliendo la pena los policías condenados por severidades y vejaciones agravadas, cometidas en 2004 en la Unidad 11, pensamos (ingenuamente) que la gravísima negligencia (hasta entonces podría sospecharse que lo era) se resolvería a la brevedad.

La noticia se conoció en plena feria judicial. Ningún operador u operadora sabía de qué se trataba. Lo asociamos con el caso de la “zona liberada” en el que una vez que se hizo pública la noticia aparecieron dos cuerpos del expediente detrás de un armario. Con esta causa podía suceder lo mismo.

Pero no.

Muy por el contrario se confirmó que el expediente se perdió y que se están reconstruyendo los legajos de las seis personas condenadas, dos de ellas a penas de prisión efectiva.

Es tanta la desidia, y más en un caso en el que los condenados son policías y las víctimas son presos, que es díficil reconstruir la escena. Si el Tribunal Superior de Justicia desestimó los recursos extraordinarios contra la sentencia el 31 de octubre de 2013 ¿Por qué recien envió el expediente a la Cámara Criminal Segunda el 8 de enero de 2014, a pocos días de que comenzara la reforma procesal penal, para ejecutarla?; ¿Quiénes hicieron el inventario para mandar los expedientes de la Cámara a la Oficina Judicial no lo vieron?; ¿Y si la querella no lo reclamaba, nadie lo haría? (La fiscalía lo hizo después de que se conociera la denuncia).

Ahora Zainuco le pidió al Tribunal Superior de Justicia que inicie sumarios administrativos contra quienes considera responsables de lo ocurrido (aquí el escrito).

Todo indica que para los policías que cometen abusos en las cárceles habrá impunidad. Para los internos que los señalan, como Cristian Ibazeta, el costo será más alto. Lo pagarán con su vida, no tendrán inmunidad.