Bocas cosidas, espaldas laceradas, sangre, sarna, cortes, mugre, inmundicia, basura al lado de donde se prepara la comida. Las imágenes valen en este caso más que cualquier palabra. Son de las cárceles de Coronda y Las Flores ubicadas en la provincia de Santa Fe y de la Unidad 1 en Corrientes. Todas fueron tomadas por personas que, como cuentan ante Tiempo Argentino , “arriesgaron su vida” para que esta realidad salga a la luz.
“Siempre se dice que en las cárceles las condiciones son pésimas y que se reprime, pero esta vez quisimos mostrarlo”, asegura a este diario Graciela Nazer, dirigente social y titular de la organización Acmehs (Asociación Civil madres e hijos solos) que trabaja con personas privadas de la libertad.
“El Servicio Penitenciario de Santa Fe es inhumano. Quienes dirigen hoy por hoy, empezando por el ministro de Seguridad Leandro Corti y el de Justicia Juan Lewis, son terribles”, describe la dirigente y denuncia que hay reclusos que teniendo hace un año permitidas las salidas transitorias para trabajar, inclusive con un seguro que paga la misma ONG, no pueden comenzar su proceso de reinserción.
“Hay muchos que negocian a costillas de los presos, reciben más de 3000 pesos por interno para comer raciones que se hacen con verdura y carne que compran a dos pesos, cuando están a punto de ser desechadas.”
Nazer aclara que quienes pueden comenzar a salir están en su mayoría presos por delitos menores y no duda en señalar que todos son de clase media baja o baja: “Hay un sistema penal para los ricos y otro para esta gente que es pobre y todas las personas que pueden salir tienen conducta ejemplar, pero cuanto más se los retiene es peor, hay riesgo de que se resientan porque la mente no resiste tanta presión.”
Hace un año, un relevamiento realizado por la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) dio cuenta de que dos presos mueren por mes en las unidades carcelarias de la provincia de Santa Fe. Sin embargo, desde Acmehs estiman que la cifra es mayor: “En Coronda y Las Flores las peleas son constantes, muchas veces es entre internos pero incitados por el personal policial.”
Tiempo pudo comunicarse con un interno de Coronda quien dio testimonio de que “no nos toman declaración cuando pasa algo, nos llevan a los buzones (celdas de castigo) y la represión por parte del servicio penitenciario es constante”. “Hay muchos acuchillados, las sobras frigoríficas las comemos nosotros, no hay elementos de higiene y se tortura a la gente, el ‘verdugueo’ es persistente y no solamente nos persiguen a nosotros, también lo hacen con el grupo familiar cuando viene a las visitas y afuera también.”
“Desde septiembre de 2011 estamos pagando el seguro para una persona que  hace cinco meses no tiene una transitoria pese a tener la firma del juez. ¿Esto es socialismo?”, se preguntan desde Acmehs. La ONG además, mantiene contacto con las familias de los reclusos y señala otro dato que genera estupor: las mujeres que quedaron solas, en su mayoría viviendo en asentamientos precarios, se prostituyen para sobrevivir. “Más sueldos, más patrulleros, pero los jueces no tienen huevos y se pasan la pelota con el Servicio Penitenciario para que nada cambie”, señalan para finalizar.

CORRIENTES: OTRA POSTAL DEL TERROR. La Unidad Penal 1 es la cárcel de condenados de toda la provincia de Corrientes; alberga cerca de 450 personas, aunque tiene capacidad para 300. Allí, la situación no es muy diferente a la de Santa Fe. La Ley de Ejecución de Condena establece un régimen de progresividad, por el cual, a medida que se cumplen la condena y condiciones de conducta y concepto comienzan a llegar las salidas laborales o de estudio. O al menos, deberían llegar. Hilda Presman de la Red de Derechos Humanos de Corrientes no duda y le dice a Tiempo que “las cárceles son un depósito de personas a las que la sociedad esconde como basura debajo de la alfombra. No sólo esconde, sino que maltrata y profundiza sus problemas y adicciones, seguramente para seguir manejando ‘mano de obra’ y ‘mercado cautivo’ para el control social”.
El último conflicto en esa unidad se desencadenó hace menos de un mes por el pedido de un interno de ir a visitar a la familia de su padre, recientemente fallecido, pero recibió una negativa y protestó prendiendo fuego su colchón lo que desató sobre él una brutal represión que generó la solidaridad del resto de los reclusos.
“En situaciones como esta empiezan a actuar las fuerzas de choque, el ETOP (Equipo Táctico de Operaciones Penitenciarias) que es el grupo antimotines con escopetas, lanzagases y palos. Luego ingresar, la PAR (Policía de Alto Riesgo) de la policía, que es la que más reprimió. Alrededor de 100 heridos, 12, por la gravedad de las lesiones, debieron ser hospitalizados. Traumatismos de cráneo, narices rotas, fracturas de brazos y costillas fisuradas, terribles hematomas por los palazos en la espalda, intoxicados por gases, lesiones por balas de goma. La PAR Y el ETOP disparan con gases a pabellones cerrados, que no tienen salida al exterior, esto obliga, para poder respirar, a que los presos rompan las paredes que comunican pabellones, esto es importante porque la fuga, si de eso se trata, era hacia adentro del penal. La PAR rompe los candados de las rejas para ingresar, atontados los pibes por los gases, los van “cazando” de uno en uno, los tiran al piso, los patean, los apalean, algunos PAR enmascarados iban con cuchillos, para justificar luego que se pelearon entre ellos; usaban también unas picanas de mano”, relata Presman, quien añade que las condiciones de detención son deplorables, desde el punto de vista del hacinamiento y de los déficits de infraestructura sanitaria, eléctrica y edilicia.
El Ministerio de Gobierno a través del único funcionario a cargo, el subsecretario Luis Bravo, avaló, ordenó y acompañó activamente la represión, según dicen desde el organismo de Derechos Humanos y agregan que los presos pedían por la jueza de turno, Laura Varela, que nunca fue.
Por estos días, existe mucha preocupación por la situación de los heridos y la necesidad del tratamiento médico externo al servicio ya que los reclusos denuncian que no les dan la medicación y que hasta fueron suturados sin anestesia.
“En lo personal,  me asombra la naturalización de la degradación humana que son las cárceles. Me duele comprobar que la media de la población carcelaria tiene menos de 25 años, sin estudios primarios completos, y muy pocos con secundario incompleto, que vienen  casi todos de familias humildes, y con mucha indefensión técnica. Me desespera ver circular, casi descaradamente la droga en los penales, con la mirada permisiva, cómplice, ausente, de  quienes están a cargo de su custodia”, enumera finalmente Presman. <

El caso de Jesús Cabral

La última semana, el secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Martín, Juan Manuel Casolati, denunció al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) por el traslado ilegal de Jesús Cabral desde la Unidad Nº 48 de San Martín a la Unidad Nº 36 de Magdalena.
Según la presentación, a la que Tiempo Argentino tuvo acceso, “el director de la Unidad 48 le solicitó el 20 de diciembre de 2011 a la jueza María del Carmen Rodríguez Melluso el traslado de Cabral desde la Unidad 48 a otra unidad del SPB”.
Siete días más tarde, Melluso determinó que Cabral tenía que seguir alojado en el penal de la zona norte.
Sin embargo, el interno fue reubicado en Magdalena y el SPB hizo caso omiso a tres pedidos de diferentes jueces para que fuera trasladado de regreso.
Durante este tiempo, Cabral fue torturado psicológicamente por los penitenciarios y habló en dos ocasiones con Víctor Hugo Morales en el programa de radio La Mañana de Radio Continental para contar su situación.
En la demanda, Casolati también pidió que se indague al director de la Unidad Nº 48 Andrés Almirón, y a los funcionarios del Ministerio de Seguridad y Justicia bonaerense, que con pleno conocimiento de las ordenes de los jueces no actuaron en consecuencia.

Opinión

“Estas cárceles no cumplen ningún tipo de misión”

Edgardo Gibilisco *
La Constitución dice que el sistema de reclusión debería servir para resocializar a quien delinque. A algunos retirándolos de la sociedad y recluyéndolos. La resocialización intramuros es la pena y no la reclusión en sí. Pero en algunas unidades se tiene a la privación como castigo. Esto sumado a los malos tratos y las malas condiciones de vida para lo que menos sirve es para educar o reinsertar.
Hay que pensar desde antes, la unidad carcelaria debe ser la excepción, lo que se debe hacer es cumplir las penas, si yo le digo a alguien que va a delinquir “vas a ir preso diez días” y está uno solo también le enseño que nada es serio. Una vez que alguien está preso no encuentra, muchas veces, un sistema que cumpla su misión. Este tipo de cárceles no sirven y pierden su razón de ser ya que nadie se reeduca en un contexto tan adverso ni mucho menos a los golpes.
En contrapartida, hay algunas unidades que ya tienen un sistema laboral para internos que les permite cobrar, tener una caja de ahorro y ayudar a su familia o que les acercan planes de estudio. Es ridículo y siniestro no enseñarles un oficio o dejarlos sin estudios porque no se trata solo de temas de infraestructura, hay que ocuparles la cabeza y el tiempo, también dejarlos hacer deportes.
Por último, no olvidemos que a todos nos puede pasar. Usted mañana choca a alguien con el auto, por más que sea sin querer y va preso. Es un tema que debería importarle a toda la sociedad.

*Coordinador general del área de Seguridad y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Morón, donde también se dicta el primer Posgrado de Políticas Públicas en Seguridad.