Un espacio para que el Estado nacional viole derechos humanos: eso sigue siendo el sistema penitenciario nacional. Creada hace 20 años, la Procuración Penitenciaria de la Nación acaba de publicar el Registro Nacional de casos de Tortura y/o Malos Tratos correspondientes al 2013 en el ámbito de cárceles manejadas por el Servicio Penitenciario Federal. En paralelo, también dio a conocer un adelanto de lo sucedido en esta materia en lo que va del primer semestre del 2014.

Ambos documentos, en un contenido jerarquizado por el rigor profesional en la cosecha de información y en el tratamiento de la misma, ratifican la vigencia de una larga y siniestra cultura en el manejo de las cárceles federales argentinas: la de ser espacio de tortura y vejaciones de la más variable naturaleza aplicada a los detenidos.

Toda una cotidianidad de violencia generada desde el Estado, en tanto responsable del servicio, que alienta, además, tensiones y más violencia entre la misma población de presos.

En el primero de los trabajos -523 carillas-, la Procuración Penitenciaria Nacional destaca que su relevamiento se instrumenta desde un principio rector: el priorizar el relato directo de las víctimas de las prácticas de tortura y/o malos tratos por parte de funcionarios estatales, ya sea en su carácter de autores directos como de responsables institucionales.

La Procuración Penitenciaria de la Nación, para definir los casos de abusos y malos tratos, apela a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (OEA), que desde 1985 la encuadra como «Todo acto por el cual se inflija a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin.

Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica».

Los casos regionales

El trabajo de campo realizado por la Procuración Penitenciaria de la Nación a lo largo del 2013, y que ahora se conoce en toda su extensión, se realizó en siete unidades pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal.

Entre ellas, dos situadas en la Patagonia: Unidad 6 – Instituto de Seguridad y Resocialización de Rawson, Chubut y Unidad 9 – Prisión Regional del Sur, Neuquén capital. En lo que va del año, el informe registra sólo un caso de maltrato, representando el 0,3% de los del país.

En relación con los distintos tipos de tortura que se aplican, el informe habla de un método que, en su aplicación, se define de «multidimensionalidad».

Es decir, se producen de manera combinada y agregada, lo cual permite identificar la multidimensionalidad de la tortura.

El informe agrega otro elemento que agrava la situación: la impunidad de las agresiones, realizadas en su mayoría por agentes del sistema. Destaca que «además de las estrategias ‘preventivas’ del ejercicio de la violencia, existen también mecanismos aplicados a posteriori para asegurar la impunidad. Mientras que casi un 40% de los episodios relevados se desencadena como represalias de denuncias anteriores de los detenidos por malos tratos u otras razones vinculadas con reclamos formales que presentan las personas presas ante el accionar del Servicio Penitenciario, se debe agregar que, en el grueso de los hechos, las víctimas son amenazadas (71%), aisladas (44%), a través de sanciones tanto formales como informales, y trasladadas en contra de su voluntad (33%). Por otro lado, en un 27% de los casos las personas agredidas son obligadas a firmar un acta donde se deja constancia de que no registran lesiones, exonerando de responsabilidad a los agentes. Además las víctimas son revisadas por médicos del SPF luego de las golpizas en un 35% de los casos, cifra para nada menor que indica la complicidad y el silencio por parte de los profesionales de la salud» implicados.

Esto se desprende de los casos que, en términos de declaraciones, recogió la Procuración vía su trabajo de campo:

«Estoy sancionado -confiesa un detenido-, aislado hace siete días, sucio y cagado de hambre. Cuando me trajeron a los buzones (celdas de castigo) me golpearon varias veces y me tiraron esposado al piso de la celda y me rompí la cara contra la cama de cemento (se observan las lastimaduras y los moretones).

Como reclamaba para ir al baño para no defecar en la celda, volvieron y me amenazaron con torrarme en el pabellón donde saben que tengo problemas. Me dijeron. «Callate y no jodas más, mira que te mandamos al 8 y de ahí salís ahorcado seguro».

«Las requisas de pabellón son reviolentas, a palazos, patadas y trompadas. En la última, en el 8, nos cagaron a palazos y cuando volví a la celda me habían robado los cigarrillos y una estampita del Gauchito. La requisa del cuerpo es de desnudo total, a mí no me tocaron el cuerpo, pero cuando hacen las del pabellón te hacen acostar en el piso, desnudo boca abajo y ellos miran y dicen cosas, te verdeguean. Hace tres años que no veo a mi familia, soy un paria. Me trasladaron cuatro veces, de Marcos Paz a Chaco, de Chaco a La Pampa, luego Neuquén y ahora Rawson. Antes los denunciaba, ahora me la banco, no quiero que me maten o me manden a matar», agrega.

Un relato entre tantos relatos, relatos de un infierno llamado cárcel. CARLOS TORRENGO

carlostorrengo@hotmail.com

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