Ana María Nieto e Ilda Eligia Figueroa, las ex juezas de Menores imputadas del delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público» por la tragedia de la Alcaidía de Menores, se abstuvieron de declarar ante los fiscales Miguel Mauvecín y Marcelo Sago de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales.
Ambas juezas fueron citadas por la Fiscalía donde se presentaron en el transcurso de la semana pasada.
Si bien el procedimiento se manejó con total hermetismo, trascendió que la primera en cumplir con el procedimiento fue Ana María Nieto, quien lo hizo acompañada por sus abogados Fernando y Claudio Contreras. Nieto fue imputada por el fallecimiento de uno de los menores que se hallaba alojado el día de la tragedia en la Alcaidía Policial. Se trata de Nelson Molas, que se encontraba bajo las medidas tutelares ordenadas por Nieto. En tanto Ilda Figueroa se presentó en estos últimos días ante los fiscales para responder por el fallecimiento de los otros tres menores fallecidos, Nelson Fernández, Franco Sosa y Franco Nieva que se encontraban bajo las medidas tutelares ordenadas por ella. Figueroa estuvo acompañada por sus abogados Rodrigo Monasterio y Nieto Ortiz y también se abstuvo de declarar.
Ahora los fiscales continuarán con el proceso correspondiente y la causa sería elevada a juicio.
Por otro lado y en cuanto a la situación del ex ministro de Gobierno y Justicia Javier Silva se conoció que días pasados habría presentado un planteo jurídico ante la Unidad Fiscal Especial. Hasta el momento los fiscales Sago y Mauvecín no habían ordenado citarlo al proceso.
Tragedia
El trágico hecho en donde fallecieron calcinados los cuatro adolescentes ocurrió el 9 de septiembre en el edificio de la ex Alcaidía de Menores minutos antes de las 14. Los adolescentes Molas, Fernández, Sosa y Molas prendieron fuego los colchones en la celda. Uno de ellos falleció en el lugar en tanto que los demás perecieron en horas posteriores.
Por el hecho cinco policías que se encontraban de guardia fueron imputados y la causa ya fue elevada a juicio.
El oficial subinspector Juan Carlos Reyes, sargento 1° Adrián Mansilla, sargento Luis Leiva, cabo Adriana Galván y agente Carlos Leiva fueron imputados del delito de «homicidio culposo agravado por el número de víctimas en calidad de coautores». Para los fiscales los efectivos obraron en forma «negligente e imprudente en orden a su incorrecto desempeño funcional», ya que no habrían realizado las requisas correspondientes a los menores alojados y tampoco en el lugar de alojamiento, permitiendo que contaran con un encendedor o algún otro tipo de elemento generador de llama o fuego.
Entre los fundamentos esgrimidos por los fiscales también manifestaron que los policías no habrían prestado el auxilio correspondiente con la rapidez que la gravedad lo exigía al haberse detectado el incendio.
