ROCA (AR).- A diez días de que el gobernador y cuatro funcionarios de su gabinete fueran condenados a pagar astreintes por las demoras en las obras, comenzaron los trabajos principales de refacción en el Penal 2 de Roca. Ayer el juez Juan Pablo Chirinos inspeccionó la cárcel y constató que el pabellón Nº 1 ya estaba desocupado y que los obreros de la empresa Mocciola se disponían a iniciar las tareas. Los más de 30 hombres que estaban detenidos allí fueron reubicados dentro de la misma cárcel o trasladados a otras unidades, con un compromiso de que regresarían a la ciudad dentro de un mes y se brindarán a sus familiares los pasajes y el alojamiento para que puedan visitarlos.
La audiencia de ayer fue para que los funcionarios explicaran en qué habían avanzado desde el dictado de la sentencia, que entre otros puntos impuso reducir a 250 hombres la población carcelaria en Roca y a iniciar las obras de «refuncionalización» en los cuatro pabellones del ala norte.
«¿Por qué ahora sí pudieron cumplir y no lo hicieron en los últimos dos años, desde que dicté la primera sentencia?», lanzó Chirinos en la audiencia. Ninguno de los funcionarios relacionó la premura con la intimación dictada a fines de agosto, que imponía descuentos del 10 % de los salarios al gobernador Alberto Weretilneck; al ministro de Gobierno, Luis Di Giacomo; a la secretaria de Seguridad, Martha Arriola; al director del Servicio Penitenciario, Gustavo Ferraiuolo, y al subsecretario de Administración de la secretaría de Seguridad, Daniel Badié. Alegaron que fue una confluencia de circunstancias favorables que llevaron al Servicio Penitenciario a poder hacer en los últimos diez días lo que no se había hecho en dos años. «La situación estuvo más calma, se pudieron hacer traslados sin mayores problemas en las unidades receptoras», alegó la abogada del Penal, Marina Luna.
En la audiencia se acordó que el cupo máximo del Penal se irá ampliando a medida que finalicen las obras secundarias en la unidad, que consisten en la reparación anunciada a principios de año de tres pabellones pequeños del ala sur. Estiman que cada uno generará 16 plazas. Esos trabajos se están realizando con presupuesto de la Emergencia Penitenciaria pero con mano de obra informal de los propios presos. Inspección mediante, una vez inaugurado cada pabellón auxiliar el juez rehabilitará a las autoridades del penal para aceptar nuevos detenidos. Mientras tanto, sigue vigente la prohibición de superar los 250.
El contador José Ramón Viñuela, del Servicio Penitenciario, evidenció en la audiencia la disociación entre los números reales y el presupuesto de la Emergencia. Para este año se asignaron 38,8 millones de pesos para todas las reparaciones de todas las cárceles rionegrinas y hasta la fecha se ejecutaron apenas «cuatro o cinco para arreglos menores y anticipos a las constructoras», dijo. La empresa Mocciola cobró casi 1,7 millones de pesos en abril para iniciar las obras centrales en Roca que recién comenzaron ayer. Todo lo que se hizo antes fue secundario, no sirvió para ampliar cupos y no se hizo con mano de obra de la constructora.
El juez Chirinos intimó a Ferraiuolo a presentar el próximo 29 de septiembre un informe completo sobre los cupos «reales» de cada cárcel de Río Negro. Les exigió «sincerar» el número de plazas porque está admitido por todas las partes que las unidades tienen una capacidad «teórica» (cantidad de camas) que normalmente triplica la capacidad real, que es la necesaria para garantizar una convivencia aceptable entre los detenidos.
