LA PLATA. Gonzalo Encina tenía 18 años. Tenía, también, miedo. Participaba de un programa de asistencia a víctimas de tortura de las Naciones Unidas y murió en un «enfrentamiento» con la policía, en septiembre pasado. El suyo es uno de los casos que relevó la Defensoría General de Casación Penal bonaerense durante 2014. Según ese registro, entre marzo y diciembre, hubo 1000 hechos de tortura en la provincia: uno cada ocho horas.
«Él le refería al psicólogo el miedo que tenía de ir a una prisión, porque la policía le dijo, la última vez que lo torturó, a los 17 años: «Vas a ver cómo te queda el culo cuando vayas a la cárcel»», dijo el defensor de Casación Penal Bonaerense, Mario Coriolano, el 19 de marzo pasado, frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia sobre torturas en la Argentina.
Guillermo Orizaola, director de Coordinación del Sistema de Promoción de los Derechos de los Niños de La Matanza, dijo a LA NACIÓN: «Las lógicas se replican. Siempre tienen que ver con el actuar de la policía, que incluye golpizas a los chicos y amenazas a las familias. Todos sabemos que pasa, pero no podemos determinar bien a quién le pasa. Bueno, ahora sabemos a quién le pasa, sabemos quién es cada uno de los chicos».
César Albarracín, subsecretario de Política Criminal de la provincia, explicó que existe «una cantidad de mecanismos cruzados de control y monitoreos que permiten que cualquier persona que sea víctima de una situación que no corresponde pueda plantearla para que se corrija inmediatamente». Y agregó: «Hay una decisión política del Estado de ir a fondo en estos temas y no hacerse el distraído».
Temor a denunciar
Los mil casos registrados por la Defensoría durante 2014 fueron, en principio, comunicados a un operador de algún programa municipal o a un defensor público. En 287 casos se logró que la víctima contara la situación de tortura ante un juez; en 203, a un fiscal, y en sólo seis, a un funcionario policial. Pero en casi la mitad de los casos sólo le relataron la situación al defensor, «por temor a represalias», revela el informe.
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) y la policía bonaerense son señalados por las víctimas. «El temor y los índices de impunidad hacen que pocos sean los que quieran denunciar», dijo a LA NACIÓN Paola García Rey, abogada de Amnistía Internacional Argentina.
La mayoría de los casos registrados dan cuenta de que las modalidades de tortura van desde golpes con objetos contundentes, como palos o mangueras, hasta ataques con armas blancas y rotura o robo de pertenencias. En el informe existe un apartado especial para los casos de «submarino seco» (colocación de bolsas plásticas en la cabeza para obstruir la respiración), picanas y abusos sexuales.
«Guillermo Aguirre, un chico de 22 años de Virrey del Pino, La Matanza, fue brutalmente torturado con una picana eléctrica para que se hiciera cargo de un homicidio: el de su abuela», dijo Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza (ver aparte). El 73% de los casos de torturas se concentran en cinco municipios: Morón, San Nicolás, Lomas de Zamora, Mercedes y La Matanza.
Viviana Arcidiácono, auditora general de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, dijo que «en estos temas puede haber distintas circunstancias, desde un tema de agresión o amenaza hasta maltratos, violencia policial, apremios, vejaciones, golpes, uso abusivo de la fuerza, abuso de armas… Cuando tomamos conocimiento, hacemos la investigación sumarial. La sanción puede ser una suspensión o llegar a la expulsión. Durante 2014 se iniciaron 239 ISA [investigación sumarial administrativa], hubo 15 expulsiones y 77 suspensiones».
Consultado por LA NACIÓN sobre el informe, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Guido Carlotto, dijo: «No lo he leído, pero me parece excelente que lo haga alguien que no pertenezca al Poder Ejecutivo, sobre todo».
Con respecto al tipo de torturas, como picana eléctrica o «submarino seco», argumentó: «Yo no he tenido una sola denuncia de un caso así. Sí hemos tenido otro tipo de denuncias, pero no de eso, para nada. No quiero decir que no haya habido maltrato, pero intervenimos inmediatamente nosotros. Por eso me parece extrañísimo».
El comisionado James Cavallaro, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH, dijo en la audiencia del 19 de marzo: «En la Argentina, infelizmente, sigue habiendo malos tratos y torturas; ése es un hecho que no hay cómo negarlo». En la misma audiencia temática, el subsecretario de Política Criminal, Albarracín, dijo que era «convicción del gobernador» Daniel Scioli que sean complementarios el «respeto irrestricto de los derechos humanos y las políticas de seguridad».
Según se detalla en el informe de la Defensoría, cuando Gonzalo Encina se entrevistó por primera vez con el equipo interdisciplinario del programa de las Naciones Unidas contó que un día, a los 15 años, andaba en moto por González Catán, la policía lo agarró y lo llevó a la comisaría.
«Me dijo: «Tengo la pierna quemada». Le pregunté [a Encina] por qué. Y me dijo: «Porque el caño de escape se me pegó, me pisaron la pierna, me pusieron sal gruesa y me dijeron: «La pierna se te va a gangrenar, ahora vas a ver lo que es andar sin pierna»», contó a LA NACIÓN la madre de Encina, en su casa de La Matanza, frente a la novia de su hijo y al bebe que nació cuatro meses después que Gonzalo murió
