Docentes de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) participaron en el Centro Cultural Virla de la primera jornada de debate organizada por la comisión de Seguridad de la Legislatura en el marco de la discusión por la reforma de la Ley de Contravenciones Policiales, proyecto al que cuestionaron con dureza ya que consideran que busca “criminalizar la pobreza” y “sancionar la portación de cara”.
Los especialistas en Derecho criticaron principalmente el proyecto impulsado por el oficialista Marcelo Caponio(también presentaron iniciativas el camporista Jesús Salim y el radical Ariel García) ya que consideran que apunta a “criminalizar la pobreza” y “sancionar la portación de cara”.
Los profesionales universitarios se manifestaron en contra de la posibilidad de que sean sancionadas con una pena de arresto de hasta cinco días “los que siendo capaces de trabajar o teniendo medios de subsistencia, se entregaren profesionalmente a la mendicidad o la vagancia”, tal como propone el proyecto del bloque Tucumán Crece. Asimismo, se rechazó la propuesta de Salim de llevar presos a los padres que obliguen a sus hijos a pedir limosna.
El presidente de la comisión de Seguridad, Gerónimo Vargas Aignasse, señaló que “los docentes de Derecho expusieron su punto de visto sobre ley vigente y cómo debería ser la próxima, coincidiendo en que debe haber control jurisdiccional sobre el proceso”. “También plantearon que debe haber tipología cerrada y específica, para que la autoridad no tenga un margen discrecional para sancionar, y se dejó en claro que las sanciones deben ser multas o trabajos comunitarios”, agregó en declaraciones al diario El Siglo.
En este marco, Vargas Aignasse detalló que los profesionales “se oponen a que haya penas privativas de la libertad, y en cambio plantea que sí que puedan ser aprehendidos por ocho a diez horas, hasta tanto un juez jurisdiccional adopte una decisión; se cuestionó el hecho de que la Ley de Contravenciones vigente tiene un enorme manejo policial por parte de la Policía, sumado a la falta de control por parte de la Justicia, lo que le hace mucho daño al sistema; los docentes también se plantearon muy en contra de cualquier medida que apunte a criminalizar la protesta. La contravención es una falta social y debe ser sancionada como tal y no como un delito”, concluyó.
El del martes fue el primero de una veintena de foros en los que se buscará obtener una visión conjunta de los distintos sectores de la sociedad en la materia. La próxima jornada de debate se realizará el martes 26 de junio, con la participación de docentes de las facultades de Derecho y de Ciencias Políticas de la Universidad San Pabo T.
