Un libro y una propuesta académica puso el penalista Daniel Rafecas (1967, Buenos Aires) en la valija que trajo a Tucumán. La obra se titula «Historia de la solución final» (2012) y es, según su autor, una especie de introducción dirigida a los interesados en comprender el significado de Auschwitz. La propuesta académica trata, según el docente de la Universidad de Buenos Aires, sobre la necesidad de adaptar la enseñanza del derecho a la revisión judicial de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. El libro y la propuesta son, al fin y al cabo, dos facetas de la preocupación por la cultura democrática que Rafecas plantea una y otra vez en el diálogo con LA GACETA.
«Está claro que en los últimos diez años se ha consolidado una política de Estado que procura la justicia, la memoria y la verdad. Las facultades de derecho de las universidades públicas pueden y deben sumarse a esa política adaptando los programas y los cursos a las necesidades de la formación de abogados y abogadas penalistas. Esto es lo que yo vine a decir», anticipó el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 de la Capital Federal, que ayer participó en una mesa panel del XII Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal y de las Segundas Jornadas Argentinas de Derecho Penal (comenzaron el miércoles y concluyen hoy).
La presentación de «Historia de la solución final» también formó parte de la agenda tucumana de Rafecas, que calificó al Holocausto de «episodio histórico más injusto». Antes de ocupar su lugar en los estrados que lo estaban esperando, el juez coincidió con el maestro italiano Luigi Ferrajoli (figura central del encuentro y las jornadas) en que la Justicia no tiene suficientes mecanismos para luchar contra la criminalidad del poder político. «El sistema penal no está diseñado para investigar la corrupción», afirmó.
Trascartón, el magistrado esquivó como pudo una pregunta (vinculada al asunto anterior) sobre las enseñanzas que le dejó su accidentada intervención en la causa «Ciccone», que incluye una controvertida denuncia contra Amado Boudou, el vicepresidente de la Nación elegido en octubre. Rafecas, que fue apartado del caso por comentar la investigación con el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe, aseveró con prudencia: «todavía estoy elaborando lo sucedido. Es muy pronto para sacar (conclusiones). No corresponde aún hacer una mirada retrospectiva. El caso está desenvolviéndose… Prefiero no opinar».
– Ferrajoli dice que la corrupción es casi una condición ordinaria de los poderes públicos. ¿Por qué no hay políticos argentinos de primera línea enjuiciados y castigados?
– Por una suma de factores. En primer término, el sistema y el proceso penales no tienen los recursos humanos y materiales necesarios para abordar este tipo de investigaciones. El proceso penal, además, es sumamente lento y da una enorme cantidad de ventajas recursivas a las defensas de este tipo de imputados. Los períodos de prescripción normalmente son bastante cortos y las escalas penales suelen ser demasiado benignas. En fin, hay una enorme cantidad de razones que conspiran para que estas causas avancen.
– ¿Esos factores o condiciones son casuales o deliberados?
– Es la propia clase política la que tiene en sus manos, por medio del Congreso de la Nación, el programa criminalizador del Estado. Es el poder político el que moldea el Código Penal… Ya pasaron casi 100 años de vigencia de la ley penal actual y hay cuestiones clave que no han sido legisladas, como la figura del arrepentido en el delito de corrupción, que es absolutamente necesario para esta especie de supuesto. Pareciera que sí, que hay una deriva destinada a dejar las cosas como están y a no adaptar la legislación penal a los estándares internacionales o a los requerimientos de tratados que la Argentina suscribió.
