Con ligereza, jueces y fiscales aplican medidas de coerción personal, como la privación de la libertad, sin respetar lo que establecen las leyes, manifestó el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Antonio Gandur, en la circular 32/2014, dirigida a los jueces y juezas de instrucción. El titular máximo tribunal agregó que se encuentra preocupado por esta situación.

Aunque no fue mencionado directamente, la detención del dramaturgo Rafael Nofal en un caso presuntamente de homicidio en legítima defensa (por el que ya se realizaron tres marchas reclamando su libertad) impulsó el pronunciamiento de Gandur.

“El derecho a la libertad personal encuentra reconocimiento constitucional, a la vez que la necesidad de su protección surge también de los tratados internacionales sobre derechos humanos y deben ser los jueces y juezas de la Nación los ‘guardianes’ de la vigencia del derecho a la libertad y los encargados de su justa protección”, versa en la circular que redactó el presidente de la Corte Suprema.

Decisión automática
El máximo tribunal consideró que los jueces de Instrucción responden casi automáticamente al pedido que realizan los fiscales, y otorgan las detenciones. “La importancia y sensibilidad del derecho a la libertad no puede ser sacrificado sólo en función de prácticas forenses burocráticas que no tienen en cuenta las concretas circunstancias fácticas y jurídicas que involucran cada caso”, argumentó Gandur.

Los destinatarios directos del reto fueron los jueces Alejandro Tomas, Juan Francisco Pisa, Víctor Pérez, Mirta Lenis de Vera (del Centro Judicial Capital), Raúl Fermoselle,Guillermo Acosta (Concepción) y Mario Velázquez (Monteros).

“Toda medida dirigida a restringir el derecho a la libertad personal debe ser la consecuencia de una decisión razonada y vinculada a las características del caso, en donde se interpreten las normas jurídicas pertinentes de modo respetuoso con los derechos y garantías de las personas”, recomendó el presidente de la Corte a los magistrados.

La detención de una persona durante la investigación de un delito es una medida cautelar que debe ser dictada bajo ciertos requisitos, por la vigencia del principio de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario con una sentencia firme.

El Código Procesal Penal establece que los requisitos para dictar la detención o la prisión preventiva son dos: que el delito por el que esté acusado no tenga una pena de ejecución condicional (menos de tres años de prisión) y que exista peligrosidad procesal (fuga o entorpecimiento de la investigación).

“No puede desconocerse la grave afectación al derecho a la libertad y la afrenta que significa para el sistema, que se disponga liviana y automáticamente la detención de las personas, para luego recién examinar la existencia de los elementos necesarios para su dictado y concluir sobre la falta de mérito para una medida de coerción personal”, se consignó en la circular.

Llamados
El texto en el que se advierte a los jueces que deben prestar más atención a los pedidos de detención que realizan los fiscales, se habría redactado luego de las conversaciones telefónicas que Gandur habría mantenido con el fiscal Arnoldo Suasnábar y con la jueza Lenis de Vera. El primero había pedido que Nofal sea detenido por la muerte de Miguel Ángel Cejas Rodríguez, a quien había sorprendido dentro de su vivienda. La magistrada, en tanto, había concedido la medida.

Gandur les habría consultado a los funcionarios judiciales sobre los motivos por los que aún permanecía detenido. Luego de los llamados, comenzó a redactar la circular con sus colaboradores, aseguraron fuentes judiciales. Durante la siesta de ayer, algunos jueces de Instrucción llamaron por teléfono a la presidencia de la Corte, para conocer qué había motivado el reto.

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