“El objetivo del nuevo Código Procesal Penal (CPP) es hacer más eficiente la lucha contra el delito, en especial el crimen organizado”, sostuvo el ministro de Justicia, Julio Alak, ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo y sus aliados emitieron dictamen de mayoría a la media sanción del Senado, que el próximo jueves buscará convertir en ley. La UCR, el PRO y el FR propusieron sin suerte “impugnar” la convocatoria por cuestiones reglamentarias. Además, junto al resto del arco opositor, criticaron el “tratamiento express” del nuevo procedimiento penal para la Justicia Federal y reclamaron la sanción de leyes complementarias como la modificación del Ministerio Público Fiscal, que con el nuevo procedimiento se encargará de la investigación en las causas judiciales. “Es imperioso salir del sistema inquisitivo para pasar al acusatorio”, insistió Alak para respaldar la celeridad del oficialismo para sancionar el nuevo código, aunque admitió que podría haber situaciones que corregir en una “segunda o tercera generación” del CPP. “Si no cambiamos el procedimiento penal no podemos dar respuestas a una sociedad que reclama justicia con celeridad, el empoderamiento de la víctima, que haya en las cárceles menos procesados y más condenados”, remarcó Alak ante los diputados. El ministro y su subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena, ingresaron a la amplia sala de audiencias del Anexo C, acompañados por el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, y la jefa del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, luego del primer cruce entre oficialismo y oposición por la discusión reglamentaria de la convocatoria (ver aparte).
Alak y Mena expusieron por escasos 30 minutos ante el plenario, del que se retiraron –excusados en tener que cumplir con otros compromisos– sin responder preguntas. De todas maneras, el ministro se encargó de plantear los ejes del nuevo CPP y la necesidad de modificarlo. Destacó que en el actual sistema inquisitivo, el “juez se hace cargo de la investigación, de proteger las garantías del imputado, de acusar, condenar y juzgar”, lo que calificó como una de las “peores herencias del sistema monárquico” de la corona española.
Además, señaló su fracaso: “En la lucha contra el crimen complejo, ha dado muestras claras de ineficacia, de falta de solución de conflictos que se generan en la sociedad, y una muestra clara de imposibilidad de dar respuestas a las necesidades de las víctimas”. Al tiempo que comparó su funcionamiento en relación con el resto de los países latinoamericanos (salvo Uruguay, también próximo a sancionarlo) que lo han modificado.
Alak señaló que, en el resto de los países de región, el promedio de presos procesados sin condena “ronda el 30 por ciento, mientras que en la Argentina ronda el 60,7” y que, por ese motivo, “cuando llega la condena los imputados piden su libertad condicional porque ya han cumplido el tercio de su sentencia”, debido a que los juicios “duran entre ocho y diez años”.
“En el cambio del articulado podrá haber un código de primera generación, luego podrá haber otro de segunda generación, quizá hay código de tercera generación. Pero el cambio de sistema creo que es una decisión política que es propia del Congreso y que tiene que animarse a tomar”, enfatizó el ministro en respuesta a los cuestionamientos opositores.
Mena, en tanto, manifestó que el sistema acusatorio propuesto por el Ejecutivo contempla el elemento de “oportunidad, que atienda la demanda ciudadana a tiempo; que todas las decisiones sean debatidas y adoptadas en audiencias orales y públicas, lo que dota al sistema de mayor transparencia”. El subsecretario agregó que el nuevo CPP “concentra la labor en la oralidad” y la “adopción de decisiones y resolución inmediata” de los casos. Y destacó que habrá una “resolución en no más de 15 días en un caso flagrante”, en referencia a los detenidos en el momento de cometer el delito. También consideró que la comisión bicameral que se encargará del seguimiento de la aplicación del nuevo CPP deberá evaluar la reforma de otras leyes para “acompañar el cambio de paradigma”.
La oposición valoró en general la modificación del sistema inquisitorio, pero mantuvo su postura en contra de la iniciativa por distintos motivos. El macrismo tuvo varios exponentes. Patricia Bullrich, enunció algunas de las modificaciones que el PRO quiere introducir en 50 artículos. Entre ellas, eliminar el “anexo 2” que prevé la incorporación de fiscales que llevarán adelante las investigaciones con el nuevo procedimiento. Propuso que se releve la cantidad de funcionarios que quedarán sin tarea con los cambios, “que genera enorme incertidumbre de los trabajadores judiciales, antes de nombrar 1734 fiscales”.
“Está muy bien el cambio del sistema inquisitivo al acusatorio”, arrancó el también macrista Pablo Tonelli antes de descargar sus críticas: “No alcanza. No es suficiente porque deberíamos discutir el proyecto del Código Procesal Penal junto con la ley de implementación, el Código Penal, la ley orgánica del Ministerio Público, el régimen penal juvenil y el de ejecución de penas. De todas esas leyes que son necesarias no tenemos ni noticias. Este código no tiene posibilidades de entrar en vigencia”.
“Es un refrito de otros proyectos aprobados en América latina, con correcciones”, dijo el radical Manuel Garrido sobre el proyecto del Gobierno. El ex fiscal respaldó el cambio de sistema, pero también cuestionó la designación de nuevos fiscales y la “pena de destierro para los extranjeros que hayan cometido un delito menor”. “La bicameral se va a ocupar de lo que debería haberse ocupado el Ministerio de Justicia”, planteó Garrido como crítica a Alak.
“Esta reforma al CPP tiene muy poco de progresista y mucho de demagógica y reaccionaria”, sostuvo la líder del GEN, Margarita Stolbizer. “Ahora no somos sólo la escribanía del Poder Ejecutivo, sino que le protocolizamos al Senado, porque sólo se debate allá y acá hay que aprobar a libro cerrado, en trámite express, sabiendo que no aceptarán ninguna modificación”, sostuvo Stolbizer. La líder del GEN reclamó leyes complementarias, entre ellas el nuevo Código Penal, aunque reconoció “inconvenientes” de la oposición. Una referencia light a la negativa de todo el arco opositor a tratar en el Congreso el proyecto del Código Penal, de cuya elaboración participaron juristas de todas las corrientes ideológicas.
El massista Oscar “Cachi” Martínez se refirió en más de una oportunidad al “proyecto de CPP que presentó Sergio Massa”, pero a pesar de figurar como uno de sus redactores no se explayó sobre ninguna de sus propuestas. La discusión que arrancó poco antes del mediodía se extendió por cuatro horas. Muchos opositores prometieron un debate más caliente el próximo jueves en el recinto, cuando el oficialismo buscará convertir en ley el nuevo CPP.
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